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La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para que la Legislatura porteña declare “sitio histórico” el edificio donde funcionó el Batallón 601, el nombre con el que se hizo famoso el Servicio de Informaciones del Ejército (SIE). “Fue uno de los sitios de planificación y operaciones más importantes de la última dictadura cívico-militar argentina, donde se planearon y dirigieron, en el marco del Plan Cóndor, intervenciones represivas sobre el Estado Plurinacional de Bolivia y países de América Central, lo cual le otorga un innegable valor histórico y simbólico”, señaló el organismo porteño en los fundamentos de la iniciativa, que fue presentada ante el avance de obras de remodelación del inmueble.

El edificio de nueve pisos, ubicado en Callao y Viamonte, donde también se mantuvo oculto el cadáver de Eva Perón después del golpe de Estado de 1955, fue vendido por el Ejército en 2003. Recientemente fue adquirido por la Universidad del Salvador, que lo remodelando para construir para aulas y residencia de estudiantes en el mismo espacio donde torturaron militantes políticos y planificaron operaciones del terrorismo de Estado.

Durante los siete años que duró la última dictadura, trabajaron allí de manera constante más de 1.500 agentes civiles y alrededor de 340 militares. La totalidad del personal civil de inteligencia, unos 800, lo hacían como Agentes de Reunión y Agentes de Producción y eran quienes se infiltraban en sindicatos, universidades y organizaciones políticas y sociales para recabar información.

“Es importante entonces asegurar que la memoria de este sitio sea rescatada para las presentes y futuras generaciones, particularmente si allí van a estudiar y residir transitoriamente futuros estudiantes de una universidad que profesa la religión católica, la cual padeció víctimas del terrorismo de Estado en la persona de seminaristas, sacerdotes y autoridades eclesiásticas”, señaló la Defensoría del Pueblo porteña en su proyecto, que se inscribe dentro de la Ley Nacional 26.691 de 2011, sancionada para la “Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado”.