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Recostado sobre los almohadones de un sillón de ratán, el ex presidente Carlos Menem escucho hoy por video conferencia, desde su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, la acusación de la querella de la Oficina Anticorrupción (OA) por el delito de peculado. Le pidieron una condena a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Lo acusan por promover el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno con fondos reservados de la SIDE que estaban “destinados a la seguridad del Estado”. Entre los acusados lo acompañan la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray y los entonces ministros de Economía y de Justicia, Domingo Cavallo y Raúl Granillo Ocampo, respectivamente.

En el debate, que comenzó en marzo de este año los jueces Néstor Costabel, Oscar Bertuzzi y Patricia Mallo, buscan determinar si el ex presidente y su entonces ministro de Economía implementaron y ejecutaron un sistema que posibilitó la sustracción de fondos públicos destinados a tareas de Inteligencia para pagar sobresueldos. En distintos períodos -pero durante nueve años del gobierno de Menen-ese dinero habría sido recibido y apropiado para sí y distribuido entre otros funcionarios por María Julia Alsogaray y los ex ministros Raúl Granillo Ocampo y de Defensa Oscar Camilión (apartado del debate por cuestiones de salud).

La querella apuntó contra el argumento del ex presidente que, durante el debate, intentó justificar la medida alegando que los sueldos de los funcionarios de su gobierno eran menores que los de los empleados de carrera en la administración pública. “No estamos ante una finalidad remunerativa”, señalaron desde la OA. Y aclararon que el ex presidente estaba facultado para incrementar esos sueldos, abonar gastos de representación u otras formas de compensación legalmente previstas; y, sin embargo, implementó, mantuvo y acrecentó un “sistema de pagos ocultos y clandestinos” con fondos reservados que escapaban a cualquier control. Y dado que era el custodio de esos fondos, lo señalaron como autor del delito de peculado.

En primera fila, Cavallo siguió atento la exposición de los abogados de la OA que lo consideraron coautor de la maniobra. Concretamente, dijeron que para aumentar los fondos reservados con que se pagaron esos sobresueldos, Cavallo reasignó partidas previstas originalmente, por ejemplo, para realizar obras y servicios públicos. Estimaron que,  el ex ministro de Economía cobró de esta manera $ 220.868, “a valor nominal a la fecha de la sustracción, convertibles en dólares”. Y pidieron que se le decomisen bienes por ese valor para recuperar esos activos para el Estado.

En el caso de Cavallo, le pidieron al Tribunal Oral Federal 4 que lo condenen a cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. “Sabía que los fondos venían de la SIDE, que no tienen como función pagar sueldos sino garantizar actividades de Inteligencia para la seguridad de la Nación”, refirieron desde la querella sobre el rol y las atribuciones de Cavallo.

En tanto, para Alsogaray y el ex ministro Granillo Ocampo solicitaron una condena a tres años y seis meses de prisión. Los consideraron partícipes de la maniobra y, en el caso de Granillo Ocampo, pidieron que se le decomisen bienes por 1.350.000 pesos, también convertibles a dólares y estimados a valor nominal de lo que percibió durante su gestión. Ese dinero, según establecieron durante el debate habría sido recibido por Granillo Ocampo en montos 50.000 pesos mensuales, durante su gestión.

En el caso de Alsogaray, la querella tuvo en cuenta que en 2004 fue condenada por enriquecimiento ilícito, y consideraron que el decomiso de bienes dispuesto entonces se puede superponer con el presente. En la última fila, ocupando una vez más el lugar de los acusados, Alsogaray escuchó que en su caso los abogados de la OA la acusaron por distribuir mensualmente dinero entre los funcionarios de mayor jerarquía del área que estuvo a su cargo. “Los funcionarios sabían que se trataba de fondos reservados”, señalaron desde la querella.

Esta causa se inició cuando un colaborador del ex ministro de Justicia Granillo Ocampo declaró que todos los meses percibían en la Jefatura de Gabinete una sobresueldo con 50 mil pesos/dólares adicionales colocados en sobres o dentro de una carpeta. Lo que consideraron un delito “continuado”, durante nueve años, para la querella tuvo “su comienzo” cuando Menem lo dispuso y, mientras los altos funcionarios percibieron las sumas de fondos reservados “para su beneficio personal”.

Enrique Kaplan, el encargado del área de Relaciones Jurisdiccionales de la Secretaría de Recursos Naturales fue uno de los funcionarios que, según la acusación, se habría ocupado de retirar esos fondos reservados en la Presidencia. En este juicio uno de los testigos contó que en una oportunidad lo vio en el despacho de la ingeniera Alsogaray “tomando café y pastillas tranquilizantes porque se había demorado el pago”. Otros funcionarios, de similar rango, fueron excluidos del pedido de pena de la OA porque, al encontrarse en instrucción otras etapas de esta causa, muchos de los testigos que podrían involucrarlos no pudieron declarar ante el riesgo de auto incriminarse.

“Se ha demostrado la existencia de una maniobra continua para alimentar un sistema de pagos mensuales a funcionarios de jerarquía”, concluyeron desde la querella. Y explicaron que acusaron a los imputados por el delito de peculado, porque el dinero que sustrajeron fue destinado a un beneficio exclusivamente personal (esto es: a sacar de la administración pública dinero en efectivo de manera ilícita y sin ningún tipo de control).

La próxima semana alegarán los representantes del Ministerio Público Fiscal, integrado por Stella Maris Scandura, Diego Velasco, Juan Patricio García Elorrio y Juan Manuel Gaset.

MB/PW