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Con un apretón de manos, el ex presidente Carlos Menem saludó a su ministro de Economía, Domingo Cavallo. Fue esta mañana en una de las salas de juicio de los tribunales de Comodoro Py. El Tribunal Oral Federal 4 los juzga junto a otros ocho imputados por el delito de peculado, que tiene una pena de entre dos y diez años de prisión. Están acusados de pagar sobresueldos entre 1989 y 1999. Hoy se leyeron los requerimientos a elevación a juicio y las defensas plantearon la nulidad del debate. El juicio se reanudará el martes 10 a las 9.30. Si el TOF resuelve rechazar los planteos de las defensas, comenzarán las indagatorias a los imputados.

Según la acusación, la maniobra habría consistido en la implementación y ejecución de un sistema que posibilitó la sustracción de fondos públicos en forma periódica. En la causa se investigó el cobro de sobresueldos por parte de los funcionarios, para lo cual se recurrió a fondos reservados que tenían otros fines.

Los otros acusados son el ex ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y de Defensa, Oscar Camilión; la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray; los ex subsecretarios Raúl Castellini (Ordenamiento Ambiental), Heriberto Baeza González (Asuntos Militares), José Torzillo (Presupuesto y Administración del Ministerio de Defensa), Enrique Kaplan (Relaciones Jurisdiccionales de la Secretaría de Recursos Naturales) y José Coronel (coordinador del Ministerio de Justicia).

Estuvieron presentes todos los imputados a excepción de María Julia Alsogaray y Oscar Camilión, quienes se ausentaron por cuestiones de salud, informó el sitio Fiscales.gob.ar. Entre el público estuvieron la esposa de Cavallo, Sonia, y la hija de Menem, Zulemita. En los próximos días los jueces Néstor Costabel, Oscar Bertuzzi y Patricia Mallo tendrán que decidir si Camilión continúa en juicio o es apartado por razones de salud. Desde el Ministerio Público, están los fiscales Stella Maris Scandura, Juan Patricio García Elorrio, Diego Velasco y el fiscal ad-hoc Juan Manuel Gaset.

La mayoría de las defensas plantearon una serie de cuestiones preliminares, entre ellas la nulidad de las piezas leídas, el sobreseimiento por prescripción en base al supuesto exceso para juzgar en un plazo razonable y dilaciones, y las de Cavallo y Baeza González por entender que se trata de una conducta ya juzgada. En el marco del debate, el abogado de Cavallo, Eduardo Oderigo, argumentó que el ex ministro ya fue acusado al menos cuatro veces por el uso de fondos reservados del Estado y que además pasaron "veintipico de años" de los hechos y se sigue "dando vueltas" por ello "se viola la garantía de doble juzgamiento".

Respecto a las indagatorias, la defensa de Menem, a cargo del abogado Pedro Baldi, adelantó que el senador no declarará, en tanto que Granillo Ocampo sí lo hará.

Gastos reservados

Las sumas utilizadas como sobresueldos provenían de partidas presupuestarias asignadas a gastos reservados, "cuyo régimen especial dificultaba en gran medida el control estatal pues permitía la disposición del dinero en efectivo". El dinero habría sido administrado en la Secretaría General de la Presidencia y luego en la Jefatura de Gabinete de Ministros (órgano que reemplazó a la primera a partir de 1994).

Desde esos organismos las sumas eran distribuidas mensualmente a los titulares de los distintos ministerios y secretarias de Estado, quienes se encargaban de poner los fondos "fuera de la esfera de custodia de la administración". Lo hacían "apropiándose de su totalidad o haciéndolo respecto de una parte y otorgándole a los funcionarios de menor jerarquía la posibilidad de sustraer la restante". La maniobra “contó con la participación de numerosos funcionarios, cada uno de los cuales lo hizo en un estadio particular de la evolución del ilícito y con una tarea determinada”. En ese sentido, la acusación indica que Menem y Camilión actuaron como autores y los demás imputados como partícipes necesarios.

El sistema de administración financiera del Estado (Ley 24153) impone que las erogaciones, pagos y transferencias de los recursos comunes asignados por Presupuesto deben ser manejados a través de órdenes de pago y la “cuenta única del Estado”: la administración del órgano en cuestión emite la orden y la Tesorería General de la Nación cancela la obligación en la cuenta del acreedor. Por el contrario, cuando los fondos asignados a las diversas dependencias resultan ser de carácter reservado, el dinero es depositado en la cuenta de los organismos, que tienen acceso directo al efectivo; por ende, ni la Contaduría ni la Tesorería General poseen registro del uso ni del destino dado a los mismos.

El rol de cada funcionario

Menem está acusado de haber dispuesto el modo en que se ejecutaría la sustracción del dinero, además de haber ordenado e intervenido en la realización de distintas transferencias entre los organismos del Poder Ejecutivo Nacional. Además, designó a los encargados de la distribución del dinero, informó el sitio Fiscales.gob.ar.

Cavallo, por su parte, habría formado parte de la implementación y ejecución del sistema entre el 31 de enero de 1991 y el 26 de julio de 1996, cuando estuvo a cargo del Ministerio de Economía. En el requerimiento, se detalla una reunión de Gabinete celebrada entre fines de 1992 y principios de 1993, donde el ex funcionario le dio directivas a ministros, secretarios de Presidencia y a Menem para que consignen en sus declaraciones de a las sumas incorporadas a su patrimonio en una proporción que "posteriormente les permitiese alegar que esos montos tenían una finalidad salarial compensatoria".

A Granillo Ocampo se le imputa también la intervención, implementación y ejecución del sistema de sobresueldos mientras se desempeñaba como ministro de Justicia entre el 26 de junio de 1997 y el 9 de diciembre de 1999. Además, se detallan las sumas de dinero sustraídas, que van de los 450 mil a los dos millones de pesos/dólares (según la ley de Convertibilidad).

De acuerdo a la misma pieza judicial, la participación de María Julia se desarrolló durante toda su gestión como Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Presidencia. Está acusada de haber sustraído mensualmente entre 1991 y 1999, 40 mil pesos hasta mediados de 1994 y luego 20 mil pesos. De esa gestión de reparto se habrían encargado el subsecretario Kaplan y Raúl Castellini.

Camilión fue ministro de Defensa de la Nación entre el 5 de abril de 1993 y el 24 de junio de 1996, y sustrajo, según se tiene por probado, entre 20 mil y 50 mil pesos por mes. Estos caudales públicos estaban asignados por ley a su ministerio en calidad de fondos reservados y eran depositados en una cuenta del Banco Nación que exclusivamente manejaba el imputado.