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Con el pedido de penas que van desde la prisión perpetua a los 20 años para los 18 imputados por delitos de lesa humanidad en la causa Plan Cóndor, culminó el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Santiago Omar Riveros y Miguel Angel Furci son los que, según el pedido de la querella, deberían ser alcanzados con la máxima pena, mientras que para el ex presidente de facto, Reynaldo Benito Bignone, el pedido fue de 25 años.

Para los imputados Eduardo Samuel De Lío, Humberto José Román Lobaiza, Enrique Braulio Olea, Luis Sadi Pepa y Rodolfo Emilio Feroglio también se pidieron 25 año; mientras que para Carlos Caggiano Tedesco, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Bernardo José Menéndez, Eugenio Guañabens Perelló, Felipe Jorge Alespeit, Manuel Cordero Piacentini, Néstor Horacio Falcón, Federico Antonio Minicucci y Juan Avelino Rodríguez la pena solicitada fue de 20 años de prisión.

El juicio oral y público entró en su etapa final, pero se prevé que, tanto por la cantidad de imputados como de víctimas que comprenden los expedientes que se ventilaron, la etapa de alegatos se extienda por tres meses.

Los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante y Pablo Gustavo Laufer, y el juez sustituto Ricardo Ángel Basílico son quienes tendrán que evaluar el testimonio de los más de 200 testigos que se escucharon. Muchos de ellos a través de video conferencias en los Consulados Argentinos en el extranjero.

La querella de la Secretaría, representada por el abogado Martín Rico, expuso durante el primer tramo de su alegato todo el marco histórico y político que hizo posible la coordinación de las fuerzas represivas en el cono sur, método que se bautizó como Plan Cóndor. “Fue un plan influenciado ideológicamente por la Doctrina de la Seguridad Nacional, de Estados Unidos, con el agregado de la Escuela Francesa en la guerra de Argelia”, explicó el abogado en su exposición.

Además, explicó que se pudo acreditar “la existencia de un régimen criminal denominado Plan Cóndor celebrado y ejecutado por quienes ocuparon los gobiernos de Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Argentina, cuyo objetivo principal resultó ser la lucha contra los opositores políticos, mediante la sistematización de la desaparición forzada de personas”.

La primera presentación judicial relacionada con esta causa se realizó en el año 1998 y de ahí surgieron las demás, las que fueron subdivididas en Cóndor I, Cóndor ll y Cóndor lll. El seguimiento de las causas se produjo mediante la subdivisión en capítulos que estudiaban el accionar subversivo entre binomios de países, por ejemplo Argentina-Chile; Argentina-Brasil, Argentina-Uruguay; Argentina-Paraguay; Argentina-Bolivia, y se incluyó "Automotores Orletti" debido a que la mayor cantidad de detenidos desaparecidos procedentes de Uruguay y Bolivia fueron alojados en ese centro clandestino de detención, ubicado en el barrio de Floresta.

El próximo viernes continuarán las audiencias en los Tribunales de Comodoro Py.

JC/PW