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“En el ‘71 entré a la exescuela de Inteligencia. Empecé en la ayudantía como escribiente”, relató Furci ante el Tribunal Oral Federal N°5. Junto a Furci son juzgados otros 24 represores por 106 casos. La mayoría de las víctimas son argentinas. Pero también hay uruguayos, paraguayos y chilenos. En forma conjunta se lleva adelante en el mismo debate un tramo residual de la causa del centro clandestino Automotores Orletti, por otras 67 víctimas. El exmilitar uruguayo Manuel Cordero es el principal imputado.

 

Furci dijo que dependía directamente de Aníbal Gordon, uno de los exjefe de la Triple A. Su tarea consistía en custodiar al fallecido general Otto Paladino, jefe de la SIDE entre 1976 y 1977. Furci, para ese entonces, ya había dejado de ser personal administrativo para convertirse en un agente operativo de la agencia de Inteligencia.

 

El imputado relató que en una oportunidad, durante julio de 1976, Gordon lo llamó a él y a un compañero de la SIDE y les dijo: “¡Qué cagada se mandaron! Patrizio pidió que los haga boleta. Están saliendo con varias mujeres y una es la amante de Patrizio”. Alejandro Patrizio era también agente de la SIDE. Siguió trabajando en democracia y hasta hace unos años fue uno de los directores de la agencia. 

 

Gordon decidió perdonarle la vida a Furci y lo mandó por treinta días a custodiar una casa de la calle Juana Azurduy al 3000, en el barrio porteño de Belgrano, “con indicios de haber sido un domicilio allanado”, dijo. Esa casa le pertenecía a Sara Méndez, que en el marco del Plan Cóndor fue secuestrada en Buenos Aires y trasladada a Montevideo. Hoy es una sobreviviente que está en la lista de testigos a declarar en la causa. 

 

Furci dijo que se retiró por voluntad propia de la SIDE en 1985, cuando tomó estado público la apropiación de Mariana Zaffaroni. “Me fue entregada por Aníbal Gordon”, declaró hoy. Mariana Zaffaroni Islas es hija de Jorge Zaffaroni y de María Emilia Islas, desaparecidos durante la última dictadura militar. Mariana nació el 22 de marzo de 1975. Un año después fue secuestrada junto a sus padres, ambos uruguayos. Recién en 1993, tras hacerse el análisis de sangre, recuperó su identidad. Por el caso, Furci fue condenado a cinco años de prisión en 1992.

 

El general retirado Riveros no declaró. El exmilitar tiene ya tres cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad. Cumple prisión domiciliaria en su departamento de Belgrano, a diferencia de la mayoría de sus pares que están en cárcel común. 

 

En testimonios de años atrás, Riveros afirmó que se trató de “una guerra ideológica contra el marxismo” y que “los terroristas no eran jóvenes idealistas como la campaña mediática quiere hacer creer”. El genocida negó que existieran centros clandestinos de detención, sino que se llamaban LRD, Lugares de Reunión de Detenidos, y eran sedes legales. 

 

Las indagatorias anteriores de Riveros demandaron tres horas de lectura. Riveros mencionó antes una decena de citas de libros sobre los años ’70. El objetivo, para él, era marcar que las víctimas eran terroristas a los que había que tratar como a un enemigo, que “no eran nenes de pecho”. 

 

Muchos de los imputados al principio escucharon atentos pero después su atención decayó. Jorge Rafael Videla, por ejemplo, se quedó dormido con la cabeza para adelante y las piernas cruzadas. Atrás suyo, el octogenario Bernardo Menéndez dormía profundamente. Uno de los abogados de la defensa, José María Soaje Pintos, se entretenía leyendo su Blackberry. Riveros, a pesar de su sordera, estuvo firme durante todo el relato, con los brazos cruzados y mirando atento al tribunal.