Infojus Noticias

Los crímenes cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina en Santa Fe están por primera vez en la mira de la justicia. El fiscal federal Walter Rodríguez avanza en la investigación de los asesinatos de Marta Zamaro y Nilsa Urquía, ocurridos en noviembre de 1974. La causa se reabrió en 2011 por una presentación de sus familiares y de la Asociación de Prensa de Santa Fe, que se constituyó como querellante, ya que Zamaro se desempeñó como trabajadora gráfica en Nuevo Diario. Como abogada, además, integró junto a Urquía la Comisión de Defensa de Presos Políticos.

En la investigación de la fiscalía queda al descubierto de qué manera actuaban en el país los organismos de inteligencia desde muchos años antes del golpe. En ese sentido es revelador un informe de los servicios fechado el 8 de agosto de 1970, que apunta bajo una “Planilla Sintética Nominal de Activistas de Santa Fe” a quienes militaban en el peronismo, mientras que agrupa en un “Resumen nominal de activistas de la ideología marxista” a quienes lo hacían en el comunismo. En la primera lista hay 25 personas que luego fueron asesinadas por la dictadura, mientras que en la segunda también aparece una víctima de la represión ilegal.

Según pudo saber Infojus Noticias, el fiscal le solicitará al juez federal Reinaldo Rodríguez una serie de medidas, entre ellas, algunas imputaciones. El magistrado viene siendo duramente cuestionado por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia (integrado por sindicatos y organismos de derechos humanos) por “obstruir el avance de las causas más graves”. En  su última publicación, el Foro sostiene que “de las decisiones de ese juzgado” se infiere que “todos los crímenes de lesa humanidad que aún no fueron juzgados sólo pueden atribuirse a los pocos genocidas que ya han sido procesados o condenados en causas anteriores”.

Condenadas por la Triple A

Marta Zamaro nació en Santa Fe el 3 de enero de 1945. Fue maestra, escribana y abogada. A fines de 1973 entró a trabajar a Nuevo Diario, que atravesaba una etapa difícil: la patronal había decidido un cambio de tecnología en la imprenta y eso derivaba en el despido de trabajadores. Zamaro, que ya militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fue electa delegada y desde ese lugar defendió a sus compañeros. Vivía en un departamento junto a su amiga Nilsa Urquía, también abogada, con quien compartió no sólo la militancia en el PRT, sino su actuación como integrantes de la Comisión de Defensa de Presos Políticos.

El 28 de septiembre de 1974 hizo su “presentación” ante la sociedad el Comando Anticomunista del Litoral, con una bomba de escaso poder en el domicilio de un militante de Montoneros. El CAL se adjudicó el atentado y envió un comunicado a los medios asegurando que se trataba de “una advertencia a las organizaciones”. Luego precisa que “serán traidores a la patria no sólo los integrantes de las organizaciones subversivas sino también todos aquellos que se manifiesten a favor, como así también los abogados que los defiendan”, como Zamaro y Urquía.

Unos días después el director del diario, Alfredo Sahd, citó a Zamaro y a María de los Ángeles Pagano, delegadas sindicales. Les mostró un papel en donde bajo la frase “condenados a muerte por la Alianza Anticomunista Argentina” estaban sus nombres y el de otros empleados del matutino como Alcira Ríos (que años después estuvo detenida junto a Laura Carlotto en “La Cacha”) y su esposo, Luis “Tatino” Córdoba. Lo llamativo es que entre los “condenados” estaba Nilsa Urquía, la única integrante de la nómina que no trabajaba en el diario.

El 14 de noviembre de 1974, en horas de la madrugada, Zamaro y Urquía fueron secuestradas en su casa. En los días posteriores Nuevo Diario publicó una serie de artículos en los que destaca el testimonio de “testigos presenciales” que afirmaron que “durante el hecho se sintieron gritos y pedidos de auxilio, sin que los asesinos dejaran por eso de cumplir su objetivo y llevar a ambas por la fuerza”.  Dos días después sus cuerpos aparecieron en el Arroyo Cululú.

El médico policial que realizó la autopsia escribió en su informe que sobre las víctimas se había ejercido “una violencia extraordinaria”. Precisó que “una de las mujeres presentaba múltiples lesiones” y concluyó que ambas fueron sumergidas cuando aún estaban vivas.

Varios trabajadores del diario se fueron de la ciudad. Urquía no pudo hacerlo: ya había comprado un pasaje hacia México, pero la mataron tres días antes de su exilio. Un atentado contra el diario el 21 de noviembre de 1974 dejó en claro que la Triple A tampoco estaba conforme con la cobertura que Nuevo Diario estaba realizando sobre el asesinato de dos de sus trabajadoras.”

“Las condiciones en que aparecieron los cuerpos, maniatados y amordazados, eran propias del modus operandi de las tres A. A ello sumamos que todos los testigos coincidieron en la intervención de ese grupo que además había acercado a Nuevo Diario un texto que expresaba la condena a muerte dictada contra Zamaro y Urquía”, afirmó en diálogo con Infojus Noticias el fiscal Walter Rodríguez.

En cuanto a la decisión de la Asociación de Prensa de Santa Fe de constituirse como querellante en la causa, Cintia Mignone, Secretaria de Prensa y Derechos Humanos del gremio, sostuvo que “la iniciativa surge al hacernos cargo del Sindicato, y comenzar a revisar su historia”.

“Después de conversarlo en Comisión Directiva hablamos con los familiares de la posibilidad de reabrir la causa y decidimos someter a la consideración de nuestros afiliados la posibilidad de que nuestro sindicato se constituyera como querellante. Lo sentimos como un acto de justicia y reparación, y la asamblea así lo consideró también”, agregó la periodista, que llevó adelante una exhaustiva investigación del caso.

La inteligencia y el “enfoque peronista”

Uno de los aspectos más interesantes de la causa es un documento que muestra de qué manera los organismos de inteligencia tenían marcados a quienes luego serían víctimas de la dictadura. En Santa Fe se creó la Dirección General de Informaciones el 31 de octubre de 1966, en el marco de la autodenominada “Revolución Argentina”.

En un documento de Gendarmería Nacional fechado el 8 de agosto de 1970 se informa sobre la “organización, funcionamiento y características de célula peronista y comunista que operan en la ciudad de Santa Fe”, en la que además solicitan que “se confronte un identikit con un profesor de la Facultad de Ingeniería Química de la citada ciudad”. Este último era Fred Mario Ernst, asesinado en julio de 1975 en Río Ceballos. Su cuerpo presentaba signos de haber sido torturado.

Algunos de los hombres “peligrosos” apuntados por el informe son religiosos: se trata del Padre Atilio Rosso (luego fundador del Movimiento Los Sin Techo) y el Padre Osvaldo Catena, que desarrolló un inmenso y recordado trabajo social en Villa del Parque. El “problema” de Rosso era que (al igual que el sacerdote José Luis Lazzarini, “la Madre Superiora de El Calvario” y “un sacerdote no identificado de La Salle”) eran “incitadores de la actividad militante”. Por su parte, Catena era “un predicador que enfoca la cuestión social con criterio peronista”.

Para la inteligencia, los “activistas de la ideología comunista” son “mucho menos peligrosos” que los peronistas, por lo que no amplía en la estructura de esas agrupaciones de izquierda. En ese sentido sostiene que mientras los peronistas “son capaces de cualquier cosa con tal de alcanzar el objetivo que se han fijado”, dentro del PC “si bien algunos activistas participan de actos violentos, la mayoría de ellos se inclina a la captación de adeptos mediante la vía intelectual”.

¿Por qué los jóvenes militaban en el peronismo? Para los servicios eso se debía a que se encontraban en “una etapa de semidesarrollo espiritual que se ve agravado por la dosis de fanatismo e irracionalidad que los viejos activistas les han inculcado”.