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El juez Claudio Bonadío, al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº11, fue imputado por mal desempeño por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) lo había denunciado en 2011 por dilatar la instrucción de dos emblemáticos casos de corrupción que tuvieron lugar durante la década del ‘90: la estafa al Estado en la venta de acciones del astillero Tandanor y el fraude bancario de la curtiembre Yoma S.A.

“Los procesos por corrupción por lo general son extensos por los peritajes y la producción de pruebas que requieren, pero en estos casos notamos un accionar dilatorio muy particular”, explicó la abogada de ACIJ María Victoria Gama, en diálogo con Infojus Noticias. Ella lleva el expediente en el que denunciaron a Bonadío por mal desempeño. Caratulado como “Nino Ezequiel c/ Dr. Claudio Bonadío” (Nino es uno de los fundadores de ACIJ), durante los últimos casi tres años fue instruido en el Consejo de la Magistratura y acaba de dar un paso clave. El magistrado será citado para ejercer su derecho de defensa de cara a la imputación que ya fue formalizada, y a partir de ello, podría ser destituido.

La primera causa se caratuló “Boffil, Alejandro y otros s/ defraudación contra el Estado Nacional” y recaló en 2002 en el juzgado Nº 11. Investigaba la operatoria de consorcio Marítimo S.A., la compañía que ganó la licitación internacional para adquirir casi el 90 por ciento de las acciones de Tandanor. Prometió pagar 7 millones de pesos en efectivo, y acreditar los restantes 52 con cheques de pago diferido y una póliza de caución. Con el tiempo se comprobó la incapacidad de pago de la firma, y se inició el proceso penal por defraudación al Estado.

Bonadío demoró cuatro años en realizar la investigación: recién en 2006 tomó declaración indagatoria a los imputados y dio por terminada la etapa preparatoria. La fiscalía requirió la elevación a juicio. El sólo paso formal de aceptarla o rechazarla, aún con la instrucción concluida, le llevó al magistrado tres años más. Desde que se presentó la denuncia hasta que llegó a juicio, pasaron nueve años, siete de ellos en el juzgado de Bonadío. El Tribunal Oral afirmaría después que por lo menos los últimos tres se podrían haber ahorrado. Se refería al “auto de elevación a juicio”.

La segunda causa, por la curtiembre de Yoma S.A, demoró aún más. La empresa había cedido títulos de crédito al Banco Nación, una operación financiera habitual entre las compañías y las entidades bancarias. Eran créditos correspondientes al recupero del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del cual estaba exenta por su actividad. El problema: los mismos títulos de crédito habían sido cedidos previamente al Banco Macro. Se trataba de una estafa al Banco Nación. En el año 2000 la denuncia recayó en la oficina de Bonadío. Demoró más de cinco años en llamar a los imputados a declaración indagatoria, y pasaron otros cinco desde que el fiscal pidió la elevación a juicio y él decidió concederla.

Después de la imputación del Consejo de la Magistratura, desde ACIJ María Victoria Gama expresó: “Entendemos que hay elementos suficientes para que el expediente avance y tenga un fin”. Y agregó que “claramente con la prueba que hay lo pueden destituir”. Destacó que la importancia de avanzar en estas causas con celeridad se debe a que están implicados los recursos de los contribuyentes. "Se debe saber si hubo un delito y si es necesaria una condena", dijo la abogada.