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El informe sobre el programa de tortura de la CIA publicado por el Senado de Estados Unidos reveló que durante la gestión de George W. Bush el Estado cometió violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ninguno de los 54 países que participaron en el programa de “entregas” de la agencia de inteligencia es de América Latina o el Caribe. La red global de captación clandestina y transporte de detenidos que pobló los centros de detención de la CIA tocó todos los continentes, pero no manchó la región de los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La información que la agencia de inteligencia enviaba al Congreso de Estados Unidos sobre la actividad en los centros secretos de detención era incompleta: había más detenidos que los reportados, y se los sometía a tratos inhumanos y degradantes que supuestamente no estaban autorizados por las autoridades civiles. El politólogo Nicolás Tereschuk dijo a Infojus Noticias que la CIA “desinflaba” los reportes que entregaba al Senado, “tanto cualitativamente como cuantitativamente”.

Para el analista, el hecho de que ningún país de América Latina ni del Caribe haya colaborado con el sistema de inteligencia de la CIA para la captación y el traslado de personas “sospechosas” tiene que ver con que “el inicio de la ‘guerra contra el terrorismo’ de Estados Unidos coincidió con una merma en la capacidad de ese país de influir en la región” sudamericana. Y dijo que a partir de 2001, Estados Unidos “se concentró en otras regiones como Medio Oriente y parte de África”.

Tereschuk planteó que aunque “América Latina no tolera actividades que puedan ser consideradas como terroristas”, y tiene puntos de coincidencia en algunas políticas públicas para combatirlas, “tampoco son tolerables en la región este tipo de prácticas” reveladas por el informe. Mientras Argentina analiza la responsabilidad de los actores civiles, del poder económico y eclesiástico durante la última dictadura, se hacen más frecuentes los juicios en Chile y en Uruguay en el mismo sentido, y en Brasil avanza la Comisión de la Verdad.

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“Incluso en Centroamérica la influencia de Estados Unidos en esta materia decreció, porque hay otros juicios por delitos de lesa humanidad”, sostuvo el politólogo. Tomó como ejemplo la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de México, que hizo visible la grave situación de violencia institucional en ese país: “Esa masacre generó un escándalo político muy fuerte y demostró que la violencia de parte del Estado no es tolerada por la gente”.

No está clara la relación entre la merma de la influencia de Estados Unidos en los países al sur del Río Bravo, y el rechazo de esos países a las prácticas implementadas por la CIA –o al menos su no colaboracionismo–. “No sé si es causal, pero creo que todo va de la mano”, opinó Tereschuk. Destacó que en todos los continentes hay países involucrados con esa práctica, excepto en Centroamérica y Sudamérica. “Tampoco es causal que exista un organismo como la CELAC, con toda esa parte que en el mapa se ve pintada del mismo color”, concluyó.

Un informe secreto

El documento de 525 páginas sobre el programa de torturas de la CIA fue desclasificado y presentado por la senadora demócrata Dianne Feinstein, que detalló las prácticas aberrantes y la inconsistencia en los datos presentados por el organismo de inteligencia ante el Senado. La información inquietó a la opinión pública en un país autoproclamado guardián de la democracia y de los derechos humanos, pero también despertó críticas de los republicanos, que cuestionaron la oportunidad en la que se desclasificó el informe y aseguraron que podría poner en riesgo al país.

La denuncia abrió la puerta a posibles investigaciones penales y a un enfrentamiento político abierto con los mandos de inteligencia y el complejo industrial militar, a pocas semanas de que asuman los nuevos representantes legislativos y el Partido Republicano asuma la mayoría en las dos cámaras.

La posibilidad de que la tortura forme parte de una política de Estado del país que hoy gobierna Barack Obama se suma a otros indicadores formales que no favorecen al país en la escena nacional e internacional. La gran cantidad de armas en manos de la sociedad civil, la violencia que aplican sus fuerzas de seguridad y el marcado racismo del sistema penal se juntan con la participación del país en varias guerras en simultáneo y la falta de ratificación de numerosos instrumentos jurídicos internacionales para la protección de los derechos humanos.