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En  2005, al hermano del juez federal, Juan Ángel Oliva, le llegó una carta anónima. Era una denuncia de lavado de dinero en Paso de los Libres. Con personal de prefectura, la investigación, liderada por el fiscal Benito Pont, llevó tres años. No se pudo comprobar que el dinero viniera del narcotráfico pero se demostró el delito económico para los siete acusados. El Tribunal Oral en lo Criminal de Corrientes falló ayer: siete años de prisión para cuatro de los imputados, seis años para los otros tres.

Esta sentencia aparece en medio del debate sobre la propuesta de blanqueo de capitales que el próximo miércoles se tratará en el Senado.

El proyecto de exteriorización de capitales propone construir dos canales para que el dinero que se mueve en los circuitos financieros – es decir, el dinero que fabrica más dinero- se conecte con la economía real. Por un lado la inversión en el sector energético público a través de los bonos de YPF y, por otro, el Certificado dolarizado en la industria de la construcción y el sector inmobiliario (CEDIN).

Para que esta estrategia tenga éxito es necesario que aquellos que tengan dólares en el ámbito de la especulación se arriesguen a invertirlos en el sector productivo. Para eso, el gobierno propone una “amnistía fiscal”. Es decir, que no se perseguirá el delito tributario en los capitales que se inviertan en YPF o en el CEDIN. Los dólares que se blanqueen quedarán eximidos de todo impuesto que debería pagar al ser depositados en bancos o transferidos desde el exterior.

En la comisión de senadores del martes pasado, cuando se alcanzó el dictamen para tratar el proyecto de ley, la oposición llevó un grupo de economistas.

Los argumentos fueron variopintos. Por un lado el titular del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger dijo que la medida “no mejora la vida de la gente”, después el ex titular de la AFIP Alberto Abad, argumentó que “La experiencia demuestra que con los blanqueos se recauda poco”. Por último, la senadora puntana Liliana Negre de Alonso advirtió que “Si permitimos que no se declare el origen de los fondos, vamos camino hacia una narcoeconomía”.

Narcoeconomía, no.

El fiscal Pont contó a Infojus Noticias que cuando los investigados se vieron descubiertos y perseguidos por la Prefectura, dejaron el tráfico y se dedicaron a blanquear el dinero. Entre otras cosas, construyeron una escuela que llegó a tener 200 alumnos.

La sentencia del tribunal los condenó por el delito de “lavado de activos de origen delictivo”. Esta figura podría darse de dos maneras. En el artículo 278 del Código Penal – por el cual se condenó en este caso - el delito que origina el dinero es cometido por otros y en el 303 delito penal cometido por ellos mismos.

En cualquier caso son delitos penales y no tributarios, por los que la investigación se hubiera llevado adelante igual. De estar vigente la ley de exteriorización de capitales en el momento en la denuncia llegó al juez, nada hubiera impedido que se avanzara sobre la banda. Ya sea por el delito de narcotráfico como por el delito de lavado de dinero proveniente de las drogas.

El único delito que les habría perdonado la “amnistía fiscal”,  de haber invertido en YPF o negocios inmuebles, habría sido no pagar impuestos por el dinero que no habían declarado. Sin perjuicio de investigar su procedencia.

De hecho, en 2008, cuando una medida similar incorporó 4 mil millones de dólares por parte de 32 mil personas físicas y 3800 personas jurídicas, se elaboraron  se realizaron 631 Reportes de Operaciones Sospechosas por la Unidad de Información Financiera. De la misma manera si el organismo, que está a cargo de José Sbatella, encuentra ahora que el origen de los fondos blanqueados por una persona o empresa, podrían provenir de una actividad ilegal se iniciará una investigación para determinar su procedencia como en aquella ocasión.