El juez de ejecución fue enviado a juicio político en noviembre pasado, por decisión del Consejo de la Magistratura. Lo acusan de mal desempeño en sus funciones, por haber otrogado salidas transitorias al asesino de la joven Tatiana Kolodziez. Hoy declararon dos testigos: la senadora María Inés Pilatti Vergara (FpV) y Vivian Perrone, de Madres del dolor, la ONG que promovió al denuncia contra el juez.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación empezó esta mañana el jury contra el juez de Ejecución Penal Axel López. Los representantes de la acusación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial son los miembros Gustavo Adolfo Valdés (Diputado UCR) y Jorge Daniel Candis (Académico), y como defensores de López actúan el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni junto con Federico Andrés Paruolo. El juez está señalado de “mal desempeño en sus funciones”, por haber otorgado salidas transitorias a Juan Ernesto Cabeza (condenado a 24 años de prisión por violación), quien asesinó a Tatiana Kolodziez en octubre de 2012. Hoy el Tribunal escuchó los primeros testimonios, junto a la presentación de la querella y el alegato de la defensa. López prefirió no declarar por ahora.
A principios de noviembre, López fue enviado a juicio político por el Consejo de la Magistratura. Se lo acusó por mal desempeño, en base al dictamen elaborado en la Comisión de Disciplina por el secretario de Justicia, Julián Álvarez. La denuncia había sido presentada por Alejandro Fargosi, representante de los abogados en el Consejo, la ONG Madres del Dolor y el ex senador de Chaco Roy Nikisch.
Desde las 9 de la mañana, la sala del tercer piso del Consejo estuvo llena. Hasta el jueves declararán más de veinte personas por ambas partes: jueces, familiares de víctimas y personas privadas de la libertad que conocieron a Cabeza dentro del Servicio Penitenciario.
Al momento de exponer la acusación sobre López, Candis dijo que "algunos informes del Servicio Penitenciario no son suficientes para otorgar la libertad a una persona". Y señaló que se debió haber considerado el informe de un médico psiquiátrico chaqueño, que recomendaba no darle la condicional a Cabeza. Consideró que, más allá de este escrito puntual -en disidencia con los otros que sí califican la buena conducta que tuvo la persona que mató a Kolodziez-, se debería haber insistido en nuevos informes, antes de conceder el beneficio de salir del Servicio Penitenciario.
La defensa enumeró los cuatro casos de abuso por los que Cabeza fue en un primer momento condenado. Y estimó que, más allá de tecnicismos, no querría que el jury se torne "una discusión académica, sino que la justicia debe garantizar la vida de las personas".
Cuando el jurado preguntó a la defensa de López si quería pasar a los alegatos, Paruolo tomó la palabra mientras Zaffarroni permaneció en silencio. “Entiendo que no hay acusación puntual”, dijo Paruolo y pidió que se la definiera ese punto antes de presentar los alegatos. La querella solicitó un momento para la respuesta. Al volver del cuarto intermedio, señaló que la imputación era concederle la libertad condicional a una persona que no cumplía con los requisitos.
El presidente del jurado dijo que el cuarto intermedio había servido para “consultar los expedientes en la tramitación de la causa”, y que el 17 de diciembre de 2013 “se había resuelto un planteo similar”.
En la lectura de alegatos, Paruolo dijo que su defendido no había cometido ninguno de los crímenes que cometió la persona que quedó en libertad condicional, y que se había cumplido con los requisitos legales al momento de tomar la decisión, basada entre cosas en los informes de conducta de Cabeza elaborados por el Servicio Penitenciario, que lo puntuaban entre siete y diez. López prefirió no declarar por el momento.
Las primeras testigos
A partir de las 14 declararon María Inés Pilatti Vergara –senadora FpV- y Vivian Perrone –de la ONG Madres del Dolor-. Por su parte, el diputado Carlos Kunkel (FpV) informó que presentará su declaración por escrito a las partes.
Pilatti Vergara dijo que se sumó al jury por “compromiso social”, ya que cuando ocurrió el asesinato de Kolodziez era diputada de Chaco y la noticia causó conmoción en el gobierno de su provincia. Sobre el médico psiquiatra chaqueño Ramiro Islas, que elaboró el informe de Cabeza, dijo que “es uno de los mejores médicos que hay en la provincia que se dedique a la psiquiatría” y “si bien el informe no podía dar certeza que el hombre cometería los delitos dictados, se desaconsejaba el beneficio de la libertad condicional". Cuando Paruolo le preguntó si consideraba que “un juez debe apartarse de la ley y de la Constitución” al momento de dar sus sentencias, Pillati Vergara contestó que “por supuesto que no”, pero no creía que fuera este el caso.
Perrone es la mamá de Kevin Sedano, un joven de catorce años que murió atropellado en 2002. Eduardo Sukiassian, que manejaba el auto, dejó a Kevin tirado en la avenida del Libertador y siguió. Estaba borracho, y junto a su padre escondió el auto en el garaje y borraron las marcas. Sukiassian cumplió dos meses de los tres años que lo condenaron y tuvo el beneficio de la libertad condicional. Desde la ONG, cuando se enteraron que el juez que mató a Kolodziez le había dado la condicional, lo denunciaron.
“Tatiana no murió por el destino, dijo Perrone y acusó que “Cabeza era un violador serial”. Después de responder las preguntas de la querella y de cuáles eran los móviles que llevaron a la ONG a la denuncia –“estamos comprometidas para que no se repita lo que les pasó a nuestros hijos”-, Paruolo preguntó a Perrone si en la ONG se dedicaban a las estadísticas: “No, pero sabemos que los violadores son grandes simuladores frente a los informes”, dijo Perrone. Zaffaroni no hiz preguntas.
Las denuncias en contra
"Cuando un juez firma algo y no presta atención a qué, eso también es inseguridad", dijo a Infojus Noticias Silvia Irigaray, de Madres del Dolor después de que ocho consejeros votaran por enviar a juicio político al Juez de Ejecución Penal de 48 años.
Las denuncias en su contra llegaron luego del asesinato de Kolodziez, en octubre de 2012. Le imputan haber “concedido al interno Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro delitos de violación, el beneficio de la libertad condicional, apartándose del dictamen del Cuerpo Médico Forense, que advertía en forma concluyente sobre un serio riesgo de reincidencia por parte del nombrado”.
López también concedió salidas transitorias al asesino de Soledad Bargna, Marcelo Pablo Díaz. Cuando mató a Bargna, Díaz gozaba de libertad condicional. Cumplía una condena de doce años de prisión, dictada en Chubut, por un caso de violación. Otro de los condenados que había sido beneficiado por López es Ernesto Gabriel Gómez, que obtuvo salidas transitorias después de ser condenado por el crimen de Miguel Lecuna, el marido de Georgina Barbarossa.
Al tribunal de enjuiciamiento lo componen los jueces Beatriz Fontana, de la Sala III de la Cámara del Trabajo; Mario Reynaldi, del TOF de Santa Cruz; la abogada cordobesa Cristina Peleteiro; los senadores Rodolfo Urtubey (FpV) y Oscar Castillo (Alianza Frente Cívico Y Social), y los diputados Diego Matías Mestre (UCR) y Anabel Sagasti (FpV) en reemplazo de José María Díaz Bancalari (FpV). Mañana desde las nueve continuarán los testimoniales.