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La causa se inició el 29 de abril con una denuncia en la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Empezó con una mujer retenida en un prostíbulo de la calle Lima al 1400 de San Miguel. Y siguió con un subcomisario de la policía bonaerense, procesado por el delito de "trata de persona con fines de explotación sexual", al acreditarse su vínculo con prostíbulos de la localidad de San Miguel, a los que aparentemente les brindaba "protección" para el ejercicio de esa actividad. El procesamiento con prisión preventiva fue dictado por el juez federal Ariel Lijo y alcanzó al ex jefe de calle de la comisaría 1ra. de San Miguel, Walter Azor, arrestado días atrás junto al ex oficial de la bonaerense Miguel Ángel Vara, y a otros 14 civiles que se desempeñaban como jefes, custodios y empleados de siete "privados" en los que se ejercía la prostitución.

Según informaron fuentes judiciales a la agencia Télam, en esos prostíbulos se rescataron a más de tres decenas de mujeres –la mayoría de nacionalidad paraguaya– , a quienes se mantenía en "precarias condiciones de salubridad e higiene".  De acuerdo a los establecido en la pesquisa, una de las  víctimas fue obligada a hacerse un aborto mediante la "colocación intravaginal de cuatro pastillas abortivas que le produjeron un profundo sangrado".

El magistrado tuvo por acreditado que Varas actuaba como "nexo" entre Azor y quienes eran responsables de los prostíbulos, en tanto Ojeda es un subteniente de la bonaerense aparentemente encargado de "brindar seguridad" a los lugares. Sobre Azor, el juez dijo que "su participación fue esencial ya que de lo contrario jamás podría haber funcionado esta organización, por cuanto él detentaba uno de los cargos con mayor jerarquía –subcomisario de la seccional 1ra- de las fuerzas de seguridad encargadas de combatir este tipo de delitos".  Para el juez, el policía lejos estuvo de realizar esta tareas al participar de esta organización.

Los policías fueron procesados por los delitos de cohecho y trata de personas agravada "por haberse aprovechado de su situación de vulnerabilidad, por haber estado una de ellas embarazadas, porque fueron más de tres las víctimas sometidas, porque su conducta la llevó a cabo con la participación de más de tres personas, porque se consumó la explotación de sus víctimas y finalmente porque participó personal policial", informó Télam. 

Según constancias del expediente iniciado con la denuncia en la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata por la mujer retenida en el prostíbulo, "el personal policial otorgó su asesoramiento a cambio del pago semanal de una suma aproximada a los setecientos pesos. Esto era llevado adelante en principio por Miguel Ángel Varas, Walter Roberto Azor y Daniel Ojeda con los dueños y encargados de los prostíbulos con quienes tenían un arreglo económico".