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Juan Alfredo Etchebarne fue procesado y sigue detenido, con prisión preventiva. Así lo decidió el juez federal Daniel Rafecas, que investiga la participación del ex titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la última dictadura militar. Etcheberne -abogado, exdirectivo de ACINDAR y amigo íntimo de José Alfredo Martínez de Hoz- había sido detenido el 15 de abril.

También fueron procesados Raúl Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército; el ex coronel Francisco D´Alessandri y el comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei. Fuentes del juzgado explicaron a Infojus Noticias que la investigación sobre la participación de la CNV y sobre las 28 víctimas del terrorismo de Estado vinculadas a ese organismo se dan en el marco de la investigación del Primer Cuerpo del Ejército. “Las víctimas fueron secuestradas en diferentes lugares del país, Rosario por ejemplo, pero todos terminaron en Campo de Mayo. La orden la dio directamente Suárez Mason -explicó la fuente– de hecho se reacondicionó el lugar porque meses antes en la prisión militar había testigos de Jehová, eran objetores de conciencia y estaban detenidos ahí”.

La resolución de Rafecas dice que los cuatro fueron procesados por “los secuestros y el sometimiento a torturas de 28 personas, ocurridos entre septiembre y diciembre de 1978, quienes fueron trasladadas al centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo, que dependía del general Carlos Suárez Mason", quien murió en 2005. Y afirma “la existencia de una clara persecución a grupos económicos determinados, concretada a partir de la coordinación de la actividad de las autoridades militares y la Comisión Nacional de Valores”.

La CNV fue creada en 1968 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Su misión era  “velar por la transparencia de los mercados de valores y la formación de precios”. Hoy la dirige Alejandro Vanoli, quien armó una oficina de Derechos Humanos donde se preparó un informe sobre el tema. Publicado este año con el título “Economía, Política y Sistema Financiero”, el documento afirma que el organismo “tuvo un rol activo en lo que se denominó ‘lucha contra la subversión económica’. Se pudo determinar que en algunos casos de secuestros a empresarios, las denuncias, hechas tanto en sede judicial como en sede castrense, han salido de la CNV”.

La investigación sobre la CNV empezó en el 2010 y encontró que había funcionado como una central de inteligencia para perseguir empresarios. Las 28 personas secuestradas en 1978 estaban ligadas a la compra del Banco de Hurlingham, que había sido de la familia Graiver y fue adquirido por el grupo Chavanne e Industrias Siderúrgicas Grassi.  
Las fuentes judiciales dijeron a Infojus Noticias que “en el caso de Etchebarne, lo que se pudo comprobar fue su participación necesaria, la promoción de la denuncia contra esta gente como «agentes subversivos económicos», la colaboración en la ejecución de los hechos aportando personal de la Comisión a los operativos”.  

Desde la CNV se inició una causa judicial sobre ellos y se promovió la intervención militar del Primer Cuerpo. Algunas víctimas declararon que Etchebarne estaba presente en los interrogatorios. Un sobreviviente contó que “en una ocasión lo introdujeron atado y vendado en el baúl de un automóvil, y lo tuvieron dando vueltas todo el día; ya que por la tarde lo sometieron a una especie de careo con René Grassi, oportunidad en la que el declarante fue golpeado. Que en ese interrogatorio, también reconoció la voz de Etchebarne”.

La resolución afirma que el aparato represivo en “el secuestro a empresarios y financistas implicó una dinámica represiva en algún punto particular y una diferencia respecto de aquellos que fueron desaparecidos por razones políticas, sociales, etc.; es decir, una diferencia con aquellos que eran opositores a la dictadura. En un primer lugar, los fines del secuestro solapan la lucha contra la «subversión» en sentido amplio con la lucha contra la «subversión económica» o mejor dicho, el objetivo de los secuestros era detectar el aspecto económico de la subversión en dos sentidos: la búsqueda del dinero de organizaciones consideradas «guerrilleras» o «subversivas» [el dinero de Montoneros y el caso de Banco de Hurlingham es paradigmático] y la búsqueda de operatorias empresariales que atentaran contra la economía argentina”.

El interés de Etchebarne en el Banco de Hurlingham tenía que ver con una obsesión. Según contó Julio Spinosa, uno de los peritos de la Comisión Nacional de Valores, el titular de la CNV tenía un “interés obsesivo” por saber si había averiguado algo sobre el “dinero de  Montoneros”. En la resolución reproduce el testimonio de Spinosa: “al concurrir en una ocasión Etchebarne a Campo de Mayo, se interesó por el asunto y lo que les preguntaba de forma obsesiva era si de la documentación que estaban examinando no surgía qué había pasado con los veinte millones de dólares de los Montoneros”.

El mismo Etcheberne reconoció que fue a Campo de Mayo porque “tenía la curiosidad natural de saber si era cierto lo que se comentaba sobre la supuesta relación que podría haber entre esos hechos y los fondos que Graiver debía a los Montoneros y que habían sido objeto de comentarios periodísticos”. La resolución establece que la lucha contra la “subversión económica” fue un estadio posterior a la lucha “antisubversiva”. Y que el plan represivo estaba “contaminado de las prácticas e ideologías propias del gobierno nacionalsocialista de Alemania de las décadas del ‘30 y ‘40 del siglo XX”. 

La lista de víctimas incluye a los hermanos René y Luis Grassi, Jorge Giménez, Raúl Alberici, Edgardo Cardona, Fernanda Fabri, Luis Pignataro y Rosa Laurito de Ernaiz, de Industrias Siderúrgicas Grassi; los hermanos Marcelo y Juan Claudio Chavanne, Sara Duggan y Jorge Tejerina, del Grupo Chavanne, y Enrique García Mansilla, Francisco García Ordats, Alejandro Pinedo, Jaime Fernández Madero, Jorge Bulleraich, Bernardo Duggan, Marcelo Santurio, Aurelio Cid y Mauricio Lichtenstein, del Banco de Hurlingham.