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El cuerpo de la modelo Jazmín de Grazia aparecía tendido en el suelo del baño, apenas tapado con una toalla blanca. La foto, publicada el 10 de febrero de 2012, cubría toda la portada de aquella edición del diario Crónica. Encima, un titular de apenas dos palabras: “Pobre jazmín”. Otras “fotos exclusivas” esperaban en el interior. Por ese episodio, el juez de instrucción Juan Ramos Padilla procesó a dos policías y siete periodistas por difundir y luego publicar las fotos de la modelo sacadas minutos después de su muerte.

"No se difundieron imágenes que podrían denominarse comunes sino, por el contrario, se publicaron fotos que podrían ser consideradas morbosas, de mal gusto, repudiables, innecesarias, y que claramente afectaron el ámbito privado e íntimo al no respetarse a la víctima ni a su familia, máxime cuando el hecho ocurrió en el interior de su vivienda particular", dice el fallo de Ramos Padilla.

Las fotos publicadas por Crónica habían sido tomadas cinco días antes de su difusión mediática, por orden del fiscal a cargo de la investigación por la muerte de la modelo, Justo Rovira.

Los periodistas Luis Ventura, su hermano Carlos Alberto, Ricardo Fioravanti, Matías Kaplan, Emilio Balcarce, Iván Schneider Mansilla y Hugo Ferrer fueron procesados por el delito de "encubrimiento calificado con ánimo de lucro" por haber comprado las fotos. Sus bienes, además, fueron embargados por un millón de pesos. “Periodísticamente, soy un convencido de que este tipo de cosas hay que publicarlas“, se había defendido entonces Ventura en un programa de televisión.

“Los imputados tenían conocimiento directo de que estaban adquiriendo fotografías sustraídas por personal policial, y del show mediático que traía aparejada su publicación con la finalidad de vender más ejemplares”, remarcó Padilla en el fallo.

La resolución también alcanzó a las policías María Silvina García, subinspectora de la División Fotografía Policial, y la cabo Silvia Susana Bustamante. Para Padilla, "aprovecharon sus cargos y funciones para sustraerlas con la finalidad de posteriormente venderlas a cambio de un importe dinerario, que según consta en las pruebas analizadas rondaría la suma de 20 mil pesos". Ambas fueron procesadas por el delito de “sustracción de medios de prueba” y también se ordenó embargo sobre sus bienes por un millón de pesos.

Por este expediente judicial, el Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó un protocolo de actuación para la cadena de custodia de los registros fotográficos periciales a fines de noviembre de 2012.

AS/RA