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El procesamiento es un avance importante en el juicio que busca determinar la verdad en uno de los casos más emblemáticos de complicidad civil y colaboracionismo en la dictadura. Los procesados son el checoslovaco Pedro Müller, que fuera gerente de Manufactura de la automotriz; Guillermo Galarraga, ex gerente de Relaciones Laborales; y Héctor Sibilla, que cumplía funciones como jefe de Seguridad. Fueron procesados sin prisión preventiva y embargados en 750.000 pesos cada uno. El proceso penal comenzó formalmente en 2001, aunque las primeras denuncias datan de 1984. El entonces presidente de Ford Motors Argentina, Nicolás Courard, también estaba imputado, pero el juzgado recibió constancias de su fallecimiento en Chile en 1989. 

 

La resolución tiene fecha de ayer, e indica que a los tres ex directivos se los procesa por encontrarlos, en principio, partícipes de la privación ilegal de la libertad (doblemente agravada) y tormentos en 24 hechos. También por haber facilitado los datos personales de cada uno de los empleados involucrados, para que fueran secuestrados por los represores, incluyendo fotografías y direcciones. Se les endilga, además, “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de la fábrica”. Allí, los empleados fueron maniatados y torturados. 

 

Vence está a cargo del juzgado Nº2 de San Martín desde diciembre de 2011. La causa estaba radicada allí desde hacía diez años, sin avances. En junio del año pasado realizó una inspección ocular de la fábrica, a la que asistió con los trabajadores y abogados querellantes. “Fue bravo volver a entrar al lugar donde estuvimos secuestrados, donde nos torturaron”, relató Troiani, que integró la comisión interna de una de las tres plantas. “Vimos que la jueza tenía interés en mover el juicio”, agregó. El 25, 26 y 27 de marzo pasado, los tres imputados fueron citados a indagatoria. En un año y medio, la causa avanzó mucho más que en diez. 

 

Aunque los 24 trabajadores sobrevivieron a la desaparición y las torturas, sólo doce siguen vivos al día de hoy. La espera los castigó durante 36 años, luego de sufrir la tortura en la misma fábrica, en centros clandestinos de detención y la reclusión en la cárcel. “Querían que dejáramos la militancia gremial”, explicó Troiani. En su caso, la mitad de su vida consistió en esa espera. A sus 72 años, el cuerpo todavía le permite trabajar en su casa, donde montó un pequeño taller mecánico. “Nos enteramos del procesamiento cuando estábamos reunidos con el abogado”, relató a Infojus Noticias. “Venimos pidiendo justicia desde la época de la CONADEP, y finalmente parece que los vamos a ver sentados en el banquillo de los acusados”.

 

Tomás Ojea Quintana es el abogado de los trabajadores desde hace diez años, cuando comenzó el proceso. “Esta gente sufrió mucho”, expresó. Y anticipó que los acusados seguramente apelarán la resolución, en el ejercicio legítimo del derecho de defensa que les garantizan los tribunales de la democracia. En ese caso, la apelación la resolvería la Cámara Federal de San Martín. Según el abogado, ese tribunal ha tenido algunas decisiones un tanto controversiales en materia de juicios por delitos de lesa humanidad. “Habrá que pedirle a los jueces que cumplan con los plazos razonables, teniendo en cuenta que estos hechos sucedieron hace 35 años”. 

 

“En la Argentina de 2013, después de tantos años de lucha de los organismos de derechos humanos y con el apoyo de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, todavía no tenemos ninguna condena judicial en la que se haya determinado la complicidad de actores económicos en el terrorismo de Estado”, explicó Ojea Quintana. E insistió con que “hay que determinar las complicidades civiles”. Tomó las palabras de la jueza, que en el auto de procesamiento explica que en la Argentina no hay responsabilidad penal de las empresas, pero que si existiera, en este juicio Ford debería ser hallada responsable penalmente por los crímenes. 

 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también es querellante en la causa. El coordinador del Área Jurídica Nacional, Pablo Barbuto, es el abogado que sigue el caso. “El avance consiste en poder empezar a juzgar a los cómplices y partícipes civiles de una dictadura que fue cívico militar”, afirmó. Para él, los procesos jurídicos tienen la función de condenar a la persona que cometió el delito, pero también “tienen la función social de construir historia y memoria”. 

 

Las leyes de impunidad y los indultos dieron por tierra con los esfuerzos por condenar a los responsables del terrorismo de Estado. “El kirchnerismo retomó la lucha de los organismos de derechos humanos. Kirchner no sólo bajó los cuadros, empezó a construir un proceso de memoria, verdad y justicia”, sentenció Barbuto.