Infojus Noticias

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, convalidó mediante una resolución el dictamen emitido por el Consejo Evaluador y dispuso elevar al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público las imputaciones que pesan contra el fiscal José María Campagnoli, titular de la Fiscalía de Instrucción de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autor Desconocido (UFIDAD). El Tribunal deberá definir si los hechos atribuidos a Campagnoli ameritan su remoción por mal desempeño, informó hoy el portal Fiscales.gob.ar.

La resolución firmada por la procuradora señala que de las denuncias recibidas en los últimos meses se desprende que el fiscal adoptó una conducta “carente de mesura, prudencia y circunspección, así como una actitud desafiante frente a las instituciones, que resultó además incompatible con la investigación seria de los delitos que supuestamente buscaba perseguir”.

Cada denuncia pudo ser vista por el fiscal Campagnoli, para que formulara su descargo. Luego, se sometieron las actuaciones a la opinión del Consejo Evaluador: esa área sugirió que debía abrirse la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Gils Carbó avaló la medida. El Consejo Evaluador fue creado en 2004 por disposición del entonces procurador general Esteban Righi. Está integrado por los fiscales generales Javier De Luca, Alejandro Alagia, Diego Luciani, Ricardo Álvarez y Eduardo Álvarez.

“No se trata de juzgar la actitud proactiva de un fiscal que realiza denodados esfuerzos para contribuir a dilucidar delitos complejos, evitando ritualismos burocráticos, o que pretende colaborar en causas a cargo de otros representantes del Ministerio Público Fiscal. Este caso nos enfrenta a una hipótesis de un magistrado que avasalla reglas básicas de competencia y que, actuando de un modo descoordinado y sin respetar normas de confidencialidad y prudencia, invade ilegítimamente el ámbito de actuación de otro colega”.

La primera imputación contra Campagnoli refiere a la modificación del objeto procesal y el incumplimiento del deber de investigar en una causa que involucraba al financista Federico Elaskar.

Otra de las imputaciones se refiere a la utilización arbitraria de los recursos a su cargo. “El fiscal involucró en su investigación a la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), que se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido (UFIDAD). Cualquiera sea el objeto procesal que pretendiera investigar —administración fraudulenta, extorsión o lavado de activo— era claro que no se perseguía una hipótesis de autores ignorados, de modo que la intervención de la SIPE fue injustificada”, señalaron desde Fiscales.gob.ar.

A estas denuncias se sumó en los últimos días una presentación realizada por el diputado nacional Leonardo Grosso: acusa a Campagnoli por casos de violencia institucional registrados en el Barrio Mitre. Esta denuncia no se incorporó al expediente, pero podría acumularse en el futuro.

Los reproches contra Campagnoli también incluyen la violación de secretos. De acuerdo con la acusación, el fiscal habría facilitado inmediatamente a medios de comunicación los dictámenes por él presentados en la causa, con el riesgo evidente de frustrar las medidas allí solicitadas. En palabras del Consejo, “los fines de tal difusión se encuentran en pugna con el de lograr el éxito de una investigación criminal, porque si se difunde a la prensa un dictamen donde se anuncian cuáles son las medidas a realizarse fácil es colegir que los imputados tomarán noticia de eso y arbitrarán los recaudos necesarios para que no se pueda descubrir lo que estas medidas pretenden”.

“Más allá del desenlace de las causas penales en trámite respecto del delito de violación de secretos, lo cierto es que no hay dudas en cuanto a la responsabilidad de la fiscalía a cargo del doctor Campagnoli, por acción u omisión, de la filtración del contenido de los dictámenes elaborados con fecha 22 de mayo y 19 de junio. Esta acción deliberada o esta grave negligencia revisten suma importancia pues tuvo la entidad para colocar en riesgo la suerte de la investigación. Si la prensa difunde las medidas propiciadas en un dictamen es fácil concluir que los imputados tomarán conocimiento de ello y arbitrarán los recaudos a su alcance para procurar frustrar aquellas medidas”, concluye la resolución de Gils Carbó.

Entre sus estrategias de defensa, Campagnoli presentó un escrito a la Procuración en el que sugirió que las actuaciones disciplinarias y su apartamiento de la Fiscalía Nº 10 respondían a intereses de los imputados de la causa. Siguiendo la opinión del Consejo Evaluador, Gils Carbó recordó que quien había apartado al fiscal de esta causa fue la Cámara y sostuvo que “lo que reviste una gravedad institucional inusitada no es que el fiscal se exprese en desacuerdo con una decisión de la autoridad o, incluso, pretenda revertirla, sino recurrir a palmarias tergiversaciones fácticas y a conjeturas del tipo de las transcriptas: el fiscal ha sugerido la idea de que existe una suerte de conspiración desplegada desde la Procuración General para apartarlo de determinadas investigaciones”.

"Por estas razones, y para aventar todo tipo de sospechas y garantizar el pleno derecho que tiene toda persona a ser juzgada por un órgano imparcial, la jefa de los fiscales entendió conveniente que sea un Tribunal colegiado, de integración plural e independiente de la Procuración General el que comience a intervenir en las actuaciones, y decidió elevar el caso al Tribunal de enjuiciamiento en lugar de proseguir con la elaboración de un sumario disciplinario interno", informó Fiscales.gob.ar.