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La licenciatura en Interpretación y Traducción de Formas de Comunicación No Verbal abrió sus puertas en marzo de este año y en su primer curso ya tiene unos treinta alumnos. Con sede (UNLA), recibe a profesionales de otras carreras que quieran convertirse en intérpretes del lenguaje de señas para intervenir en la Justicia. El país cuenta con un solo perito oficial para todos los casos en que los acusados, las víctimas o los testigos sean sordos. Por un acuerdo con la Secretaría de Justicia de la Nación, la universidad buscará ampliar ese número.

Sentarse en una silla y responder preguntas ante un Tribunal de Justicia es difícil para cualquier persona. La mirada indagante de un juez o la réplica incisiva de un fiscal hacen sudar a inocentes y a culpables. El proceso es aún más penoso para aquellas personas que no comparten la misma lengua que sus jueces. Víctimas, acusados y testigos sordos o hipoacúsicos encuentran un verdadero desafío para comunicarse en lenguaje de señas con los funcionarios judiciales por un motivo muy sencillo: no los entienden.

La carrera apunta a formar profesionales que puedan tender un puente entre la Justicia y los sordos o sordomudos que deban pasar por ella. El convenio entre la Secretaría de Justicia y la UNLA se firmó a mediados del año pasado, en conjunto con ADAJUS, un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación implementado para cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La primera camada de alumnos acaba de terminar su segundo cuatrimestre y a fines del año que viene, el país contará con una treintena de intérpretes oficiales.

La directora de la licenciatura es Mabel Remón. Remón es la única intérprete de señas que interviene ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la única perito oficial en este lenguaje. En una nota concedida a Página/12, Remón relató algunos casos que ponen la alarma sobre esta carencia. Los hechos por los que la llaman de urgencia son variados: un hombre dispara la alarma de un auto al apoyarse sobre la puerta y la Policía lo detiene porque cree que intentaba robarlo. El presunto ladrón resultó ser sordo: no había escuchado la alarma del auto. Otras secuencias son más perturbadoras: una madre intenta probar que a su hija de veinte años la violaron, pero la chica no maneja si quiera el lenguaje de señas. La intervención de Remón en ambos casos fue clave.

“Cuando lanzamos la carrera fue un desafío. Tuvimos unos cincuenta interesados, de los cuales finalmente treinta están cursando la carrera”, explicó a Infojus Noticias Gonzalo González, sociólogo y coordinador técnico de la licenciatura. “La demanda nace a partir de que existen un montón de casos a lo largo del país y hay una sola persona que puede intervenir, que es Mabel. Ahí surge la necesidad de crear más profesionales”, contó González.

La carrera dura dos años y tiene materias de historia, derecho, sociología y, obviamente, talleres de lengua de señas. “Tenemos materias que abordan cómo es la visión de la discapacidad desde una perspectiva antropológica: los imaginarios, el modelo social y la legislación. Las instituciones reproducen el modelo médico rehabilitador que mira la discapacidad desde la asistencia, pero hay un proceso de paso hacia el modelo social, que la mira desde la perspectiva de los derechos humanos”, explicó González. “En ese sentido, esta carrera es como un diálogo”, agregó.

La carrera fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de la Nación en junio de este año. Tiene salidas laborales como intérprete en la Justicia, integración de equipos interdisciplinarios o asesoramiento a organizaciones gubernamentales y ONG. “Es un cambio de paradigma el que se da con esta carrera porque no sólo focaliza en personas con discapacidad auditiva sino que promueve una nueva mirada sobre la discapacidad, una mirada social basada en los derechos humanos”, expresó González.

“No es solamente la barrera física, sino también las barreras simbólicas y culturales y ahí aparecen los prejuicios. Muchos jueces y actores de la Justicia reproducen estos prejuicios y en el momento de dictaminar, un juez dictamina en función de esta mirada asistencialista y de curatela que hoy sigue siendo hegemónica”, plantea Gonzalo, que también es profesor de la carrera. “Incluso en los alumnos aparecen resistencias, porque están basados en la mirada del paradigma médico hegemónico, trabajan en instituciones y realizan prácticas vinculadas con esta mirada. Muchas veces la clases terminan siendo grandes debates”.

En marzo del año que viene entrará un nuevo curso y en el equipo de la UNLA aseguran que ya tienen unos cuarenta interesados.