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El Poder Ejecutivo promulgó las leyes que organizan las nuevas formas para investigar y juzgar delitos, tras la sanción el año pasado del nuevo Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). La reforma que deja en manos de los jueces las sentencias y la investigación en las de los fiscales comenzará a regir en la justicia penal de la Capital Federal el 1 de marzo de 2016. Y deja para más adelante la implementación en la Justicia Federal, según el programa que fije la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación en el Congreso Nacional.

La transformación incluye la reestructuración del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría General; modificaciones al Código Penal (CP) para compatibilizarlo con la reforma y fija las pautas para la reorganización del sistema judicial que deberá responder con mayor celeridad y simplicidad en debates orales. Los actuales jueces de instrucción se convierten en jueces de garantías, y quienes desempeñan tareas en estos juzgados podrán optar por pasar al Ministerio Público Fiscal o de la Defensa sin perder los derechos laborales adquiridos.

Las iniciativas promulgadas hoy, a través de decretos publicados en el Boletín Oficial, incluyen además un régimen de designación de jueces subrogantes y la creación de una Cámara Federal de Apelaciones en Santa Cruz.

La Comisión Bicameral que seguirá al frente del reemplazo del sistema inquisitivo por uno acusatorio, será asistida por una secretaría técnica y un comité asesor integrado por representantes de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal, la Procuración General, la Defensoría General y el Poder Ejecutivo.

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