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La Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai) obtuvo un fallo de primera instancia favorable en el litigio que mantiene con Direct TV. El Juzgado Nacional en lo Civil N° 33, a cargo de Horacio Liberti, ordenó que la empresa de televisión satelital debe pagarle a Sagai el arancel del 2% de la facturación mensual de la empresa, que adeuda desde diciembre de 2006.

¿Cuál es el conflicto concreto que se expresa en este caso? Situaciones como la siguiente: una productora contrata a una actriz para protagonizar una telenovela, le paga un cachet por ese trabajo en el marco del convenio colectivo de trabajo de la Asociación Argentina de Actores (AAA). La productora vende esa telenovela a un canal. El canal la emite. En el momento de la emisión empieza a estar en juego el derecho de propiedad intelectual del intérprete. La situación se hace más evidente si esa novela es un éxito y la productora y el canal acuerdan repeticiones de la producción que les generan más ingresos económicos.

Hace poco tiempo que los actores empezaron a recibir una retribución económica por la difusión de las obras que interpretaron. Sagai es la entidad colectiva que gestiona esos derechos de propiedad intelectual de los actores, bailarines y dobladores. Lo hace desde 2006, cuando el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 1914 que otorgó a esa entidad el estatus necesario para recaudar y distribuir la retribución económica que corresponde por la difusión pública de las representaciones. El derecho a esta retribución está establecido por el artículo 56 de la Ley de Propiedad Intelectual -la 11.723- sancionada en 1933.

Después del decreto 1914, Sagai inició una ronda de negociaciones con las cámaras empresarias que agrupan a las principales cadenas de cines, con las empresas de televisión paga y con los canales de televisión. Esas negociaciones duraron unos tres años. Las empresas primero se resistieron, pero poco a poco todas fueron acordando el pago de los aranceles. En 2008, la Secretaría de Medios estableció a través de la resolución 181 que el arancel que las empresas le deben abonar a Sagai es el 2% de los ingresos por publicidad, abonados al cable o venta de entradas, según corresponda.

Desde el comienzo, Direct TV se negó a pagar. Después de varias instancias, Sagai inició un juicio. Sebastián Bloj, director general de Sagai, contó a Infojus Noticias que Direct TV “se opuso al régimen completo, apostó a todo o nada. La empresa desconoce que los actores tienen derecho a cobrar en la Argentina”.

El principal argumento de Direct TV es que el decreto de 2006 es inconstitucional, porque excede las facultades del Poder Ejecutivo. Sostienen que los “intérpretes cinematográficos” no figuran en la ley 11.723 y fueron agregados en las resoluciones ejecutivas.

La sentencia judicial considera que esa modificación no ha desnaturalizado ni alterado la finalidad perseguida por el legislador que era la protección de los derechos de los intérpretes y que por lo tanto Direct TV tiene que abonar lo que debe.

Sagai tienen tres mil actores asociados. Distribuye lo que recauda por derechos de acuerdo a un puntaje que se va otorgando al actor según el tipo de producción (corto, largo, documental, animado, ficción, etcétera) y proporcional a la cantidad de secuencias de imágenes en las que aparece.

La lucha de los actores para que se retribuyan económicamente sus derechos de propiedad intelectual lleva décadas. En el caso de los canales de televisión, cobraban derechos los autores a través de Argentores, los directores a través de Directores Argentinos Cinematográficos, los intérpretes de música y los productores de fonogramas a través de AADI-Capif y los compositores a través de Sadaic. Los actores no cobraban. Hoy esa situación continua en los que se refiere a Direct TV, que abona los aranceles a las otras gestoras de derechos y no a Sagai.

También con Youtube

Otro caso pendiente de resolución en el caso de los actores es con Youtube, el servicio de video de Google. Hasta el momento Youtube tiene una acuerdo con Sadaic por el que, según informó su secretario Víctor Yunes, les pagó un millón 400 mil pesos por la actividad de 2012. En Sagai informan que hubo muchas reuniones de negociación, pero ningún acuerdo por el momento.

La discusión sobre los derechos de propiedad intelectual tiene muchas dimensiones. Por un lado, son cada vez más amplias las voces que sostienen que la ley 11.723 tiene que reformarse, en pos de garantizar el derecho de acceso a la cultura y el conocimiento. Al mismo tiempo, se da la discusión sobre la protección de los derechos de los trabajadores y sobre cómo se reparten los beneficios económicos tanto de las industrias culturales como de los portales de Internet y las empresas prestadoras del servicio de internet.