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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviará un proyecto al Congreso de la Nación para reabrir el canje de la deuda externa para el 7,6% de los acreedores que rechazaron ingresar a la reestructuración en los canjes de 2005 y 2010. Además, informó que aquellos tenedores de deuda soberana podrán reemplazar sus títulos por otros con iguales condiciones pero pagaderos en Argentina y regidos bajo la ley nacional.

“Esperemos que la tercera sea la vencida”, dijo la Presidenta en el anuncio emitido anoche por cadena nacional. El nuevo canje apunta a seducir al 7,6% de los acreedores que no ingresaron a los dos anteriores. De la totalidad de la deuda externa, sólo el 0,45% está en litigio en los tribunales de Nueva York, en manos de fondos buitre como NML Capital y Aurelius, que reclaman 1.330 millones de dólares. Un fallo a su favor, de parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, podría poner en jaque los pagos que Argentina viene realizando en cada vencimiento, al casi 93% de los acreedores que sí aceptaron reestructurar la deuda.

Argentina lleva pagados 173.333 millones de dólares durante la última década, de los cuales 81.487 fueron para el sector privado y 51.201 a organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el FMI. “Más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales”, respondió la Presidenta a una de las declaraciones que los tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito incluyeron en su fallo la semana pasada. Los pagos se realizaron con fondos genuinos, generados a partir de la recuperación del entramado productivo y los consecuentes superávit gemelos.

El canje de deuda se abrió en dos oportunidades a través de leyes que establecieron nuevas condiciones para el pago de la deuda. Estipularon una quita promedio del 67% -es decir, Argentina se comprometió a pagar el 33% del valor original de los bonos-, la reducción de las tasas de interés y la extensión de los plazos. Las nuevas condiciones buscaban establecer un horizonte que el país pudiera afrontar con la generación de capitales genuinos y sin recurrir a más endeudamiento. Con la adhesión del 93% de los acreedores, significó una verdadera reestructuración de la deuda soberana.

Ahora, la apertura de un nuevo canje –que podría no tener una fecha límite y permanecer abierto en el tiempo- significa una señal tanto para el 7,6% de los acreedores que aún conservan los bonos defaulteados, como para la Corte estadounidense. La propuesta demuestra la intención argentina de resolver el conflicto cumpliendo con sus obligaciones, pero sin concederle a los fondos buitre la posibilidad de derrumbar toda la reestructuración.

La exigencia de NML Capital –el fondo de Paul Singer–, entre otros, no se condice con el devenir económico de la Argentina, que entró en cesación de pagos primero y luego propuso nuevas condiciones a los bonistas. Los fondos buitre -que accedieron a los bonos ya en default pagando un porcentaje mínimo de su valor- obtendrían ganancias exorbitantes de alrededor del 1300% si la Corte estadounidense obligara a la Argentina a pagar como si los canjes no existieran.

Una garantía más

Además de la reapertura del canje, la Presidenta anunció que los tenedores de bonos argentinos -de los cuales el 30% tiene legislación de Estados Unidos, Inglaterra o Japón- podrán realizar un intercambio voluntario por bonos con legislación nacional, y pagaderos en Argentina. Las condiciones de pago serán las mismas, y se respetará el monto, la moneda, los plazos y las tasas, pero estos bonos serán regidos por la ley argentina, es decir, eso significará una garantía adicional de pago.

Si la Corte estadounidense condenara a la Argentina al pago de la deuda que reclaman los fondos buitre, existiría la posibilidad de ingresar en un default técnico, ya que las condiciones que se le reconocerían a los tenedores de bonos que no ingresaron al canje serían mucho más beneficiosas que las del 93% restante. Esa diferencia desarticularía la reestructuración y permitiría a los bonistas exigir las mismas condiciones de pago que la Corte le pudiera reconocer a Paul Singer, y llevaría a un default técnico de la economía nacional.

Si una parte de ese 30% se volcara a la legislación nacional –bonos que hoy cotizan mejor que los regidos por ley extranjera-, se impediría ese default técnico y los bonistas obtendrían la garantía de que Argentina cumpla con sus obligaciones financieras. Los nuevos bonos, con idénticas condiciones a los de ley extranjera, se pagarían en la Caja de Valores, y también permitirían evitar futuros embargos.

La Corte de Estados Unidos

“Este fallo es un poco injusto”, dijo la Presidenta, y sostuvo que la futura decisión de la Corte Suprema de Justicia estadounidense “no solo influirá en la Argentina sino en el mundo entero”. La afirmación ratifica lo que varios expertos sostienen desde que un juez de primera instancia en Nueva York, Thomas Griesa, falló a favor de los fondos buitre.

Aldo Ferrer, en una columna de opinión para Infojus Noticias analizaba un mes atrás: “Varios medios financieros, incluso el Fondo Monetario Internacional y algunos gobiernos de países desarrollados, advierten con preocupación que un fallo adverso a la posición Argentina implicaría cuestionar cualquier futuro arreglo de dificultades con la deuda soberana, complicando posibles operaciones de reestructuración. Es un problema que está presente con la deuda de España y en muchos otros países. Un fallo coincidente con la posición argentina despeja un problema del camino”.

En el mismo sentido opinó Gabriel Wolf, politólogo del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENAP), el 23 de agosto, consultado por Infojus Noticias ante el fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos: “el mercado financiero internacional saldría perdiendo si se daña un instrumento financiero tan utilizado como son los canjes. ¿Qué país va a querer emitir bonos bajo esa legislación y cotizarlos en el mercado si existe el riesgo de no poder reestructurar nunca esa deuda?”.