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La voz de Sergio Heredia, severa y con acento norteño, se escuchó como un estruendo en los televisores del caluroso 7 de diciembre de 2011 en Choele Choel.

—¡Daniel Solano fue asesinado!

Los vecinos de ese pueblo de diez mil habitantes en el Valle Medio de Río Negro se preguntaban quién era ese hombre de traje, corbata roja y anteojos oscuros, que le hablaba a la prensa como si fuera un garante de la justicia. Quién era para decir semejante barbaridad, para contradecir la principal hipótesis de la jueza Marisa Bosco, que creía que el joven salteño Daniel Solano, de 26 años, desaparecido hacía un mes del popular boliche Macuba, estaría perdido en alguna ruta rumbo a Neuquén.

Cuando en Choele Choel alguien desaparece suele habérselo llevado el río frondoso y Negro. Las aguas, tarde o temprano, lo devuelven a la orilla. El cuerpo aparece y todo regresa a la normalidad. Pero ese joven no se había bañado en el río. Había ido a bailar a un boliche: a las tres de la mañana se le perdió el rastro.

Nadie renuncia a su vida y viaja dos mil kilómetros hacia un pueblo remoto para descubrir un asesinato. Bueno, en realidad, casi nadie.

Sergio Heredia, el hombre de traje y corbata roja, el defensor de la familia decía que lo habían desaparecido.
A esa persona, decía el ignoto abogado que poco tiempo después dejaría el traje y se mudaría a la parroquia del pueblo, a ese trabajador golondrina.
Gritaba: en un crimen planificado.

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Entre Tartagal y Choele Choel hay 2.400 kilómetros. Una distancia que recorren miles de norteños, la mayoría de las comunidades indígenas, para trabajar en los tres momentos de la fruticultura rionegrina: la poda, el raleo y la cosecha. Quien domina el negocio de la fruta es la multinacional belga Expofrut Argentina S.A. (ex Univeg Expofrut S.A.), que terceriza en empresas como Agrocosecha —ahora llamada Trabajo Argentino— la contratación de los trabajadores.
Conocidos como “trabajadores golondrinas”, son tentados por punteros locales que trabajan para las empresas, viajan en micros de tercera línea anotados como “turistas” y no como obreros, y viven en gamelas, galpones sucios y abandonados, cerca de los campos, donde se apiñan en camas cuchetas, usando letrinas que huelen a pis concentrado, duchas sin agua caliente y cocinas con una sola llama de gas.

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La causa está caratulada como homicidio y hay veintidós policías imputados, trece procesados y siete policías detenidos. La estrategia de los abogados no es imputar sólo a los policías: quieren convertir el caso en una megacausa, detener más personas y avanzar en los procesamientos. No descartan pedir que se la caratule como “desaparición forzada”. Cada vez que el proceso se paraliza, los familiares realizan una huelga de hambre –ya hicieron tres-: suelen perder peso y pasan unos días internados en el hospital.
—Gualberto, el padre de Daniel, no se va a sacar las cadenas hasta que no haya respuestas —dice Leandro Aparicio, polémico, en un tramo del documental. Sus detractores los acusan de manipular a los Solano.
En la última huelga, para demostrar lo contrario, Heredia se encadenó con Gualberto y el resto de la familia. Fueron 18 días de ayuno.
 

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