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La Unión Cívica Radical, el FAP, Unión por todos, Fernando Pino Solanas y Elisa Carrió se presentaron ante la justicia con solicitudes de recursos de amparo y medidas para frenar las elecciones de los integrantes del Consejo de la Magistratura a realizarse el 11 de agosto en el marco de la primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

La Asamblea Permanente en Defensa de la Constitución y la organización Será Justicia, también realizaron pedidos de amparo que solicitan que la justicia declare la inconstitucionalidad de la ley 26.855.

Uno de los argumentos principales que estas organizaciones usan en las presentaciones judiciales es que la reforma del Consejo de la Magistratura obliga a los abogados de la matrícula a identificarse con un partido político a la hora de presentarse a elecciones.

Será Justicia participó de la convocatoria al cacerolazo del 18 A. Su presidente, Guillermo Lipera, es cercano al macrismo y en el ambiente se lo recuerda por haber apoyado en el Consejo de la Magistratura una lista que tenía también el apoyo de José Alfredo Martínez de Hoz hijo y su socio Mariano Grondona hijo.

La Asamblea Permanente en Defensa de la Constitución tiene como vicepresidente al presidente del Instituto de Formación Política de la Unión Cívica Radical y su secretario general es apoderado adjunto del Pro.

Los recursos de amparo están ahora en manos de la jueza electoral María Servini de Cubría y del fuero contencioso administrativo.

Al mismo tiempo, en la provincia de Córdoba hubo dos presentaciones. El abogado Martín Carranza Torres patrocinó un amparo colectivo, también se presentó el Colegio de Abogados de Córdoba.

Los argumentos de la familia judicial

Luis María Cabral, titular de la Asociación de Magistrados comentó ayer en una conferencia de prensa con gran cobertura mediática los argumentos del recurso de amparo que presentó.

¿Quiénes están? ¿Quiénes están?”, preguntaba la jefa de prensa de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). 

Estaban los camarógrafos de cuatro canales de televisión y las principales agencias de noticias, también algunos cronistas de radio. El salón de la asociación de jueces está en un primer piso frente al palacio de Tribunales, en la calle Lavalle. El lugar es como una sala de reuniones, con una mesa amplia y sillas. El piso está recubierto con una alfombra roja. El salón es pequeño: apenas había espacio para que los camarógrafos colocaran las cámaras. Detrás de los ocho jueces -seis varones y dos mujeres- que se sentaron en la mesa había una biblioteca enorme con pesados tomos enciclopédicos y un cuadro de estilo monárquico.

“Somos jueces”, reafirmó tres veces en su exposición el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral. Y anunció que presentó un amparo para frenar la reforma del Consejo a la Magistratura, ley que entró en vigencia hoy, luego de ser sancionada el 8 de mayo en el Congreso.

“Los jueces son un poder del Estado, no son una corporación. Decir eso es desprestigiar a un poder del Estado”, dijo Cabral en la rueda de prensa. Después del anuncio del amparo, Cabral dijo que el texto de la demanda no estará disponible. Los jueces de la entidad tampoco hablarán con la prensa, hasta que la Justicia se expida sobre el proceso. La causa recayó ante el juzgado federal de María Servini de Cubría, con competencia electoral. "Nuestra pretensión es ser elegidos por nuestros pares, como representantes de ellos", dijo Cabral, ex presidente del Consejo de la Magistratura.

El titular de la entidad estaba sentado en el centro. A cada lado tenía a los abogados que firmaron la demanda: Alberto García Lema y Enrique Paixao. Cabral dejó en claro, en reiteradas oportunidades, que estos abogados estaban haciendo su trabajo de manera voluntaria y gratuita. Los abogados también representarán a otros jueces que harán presentaciones en la Justicia. Entre los jueces que lo acompañaban estaban María Lilia Gómez Alonso, vicepresidente de la asociación; y Gregorio Corach, secretario general. "Hay magistrados de esta asociación que están en desacuerdo con esta presentación, pero son minoría", aseguró Cabral.

Cabral es hijo y sobrino de jueces. Su padre llegó a ocupar un lugar en la Corte Suprema. En 1993, después de 23 años de ejercicio de la profesión, el actual titular de la asociación de jueces llegó a ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura. Cabral asumió como titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en 2010 y el año pasado fue reelecto. Antes había ocupado ese lugar Ricardo Recondo, uno de los camaristas que falló a favor del Grupo Clarín en una causa por la ley de medios. Y que tiene, además, un pedido de juicio político por su actuación en ese caso.

Cabral también es cuestionado por el lugar que ocupa en la Justicia. En febrero de este año el fiscal general Jorge Auat, titular de la unidad de coordinación de las causas por delitos de lesa humanidad de la Procuración General, presentó ante la Corte Suprema un pedido de remoción contra él. Se basaba en su presunta designación irregular como juez de la Cámara Federal de Casación. Auat denunció que Cabral, que se desempeñaba como juez del Tribunal Oral Criminal 9 de la Capital Federal, fue designado en agosto de 2011 como juez subrogante de la Sala I de la Cámara de Casación “sin respetar los procedimientos” en un sorteo irregular. Un sorteo en el que no se consideraron todos los candidatos posibles.

En el salón de la asociación, terminada la conferencia las cámaras se apagaron. Los periodistas guardaron sus grabadores y sus libretas. “¿Clarito no? Para periodistas. Bajamos el tono académico para que se entienda”, dijo otro responsable de prensa. Mientras, arreglaba entrevistas de Cabral con los canales de noticias.