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Más de 30 mil fojas, cientos de discos con escuchas telefónicas que cubren una pared entera, informes de inteligencia de cuatro fuerzas de seguridad, pericias contables de dos organismos nacionales y documentación de bienes embargados por 187 millones de dólares, conforman el expediente más importante por lavado de dinero narco del país. Una causa que llega hasta Nordelta y otros countries del conurbano. El lunes, el fiscal federal de Lomas de Zamora Adrián García Lois firmó el pedido de elevación a juicio de 33 miembros de la organización narcocriminal cuya cabeza visible es el colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff.

En los últimos meses, el fiscal concentró gran parte de sus energías en el pedido de elevación a juicio que envió al juez federal Carlos Ferreiro Pella. Fue el último documento que firmó en el cargo. En los próximos días abandonará la fiscalía que subrogaba en Lomas de Zamora para asumir como fiscal general de Neuquén. García Lois reclamó que parte de la organización llegue a debate oral. Meyendorff, alias “Nacho”, no es de la partida.

El líder de la banda no está en el país. Fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza en marzo 2011 y extraditado a los Estados Unidos dos años después. Tampoco otros ocho miembros de su familia -entre los que se encuentran dos de sus hijos, su madre, su esposa y su hermano-, que forman parte del grupo de procesados e investigados (alrededor de treinta personas más) que irían a juicio en una segunda etapa.

“Nos hallamos en presencia de un grupo organizado de personas, algunos de cuyos miembros, integrantes de la organización,  tienen su vinculación con desprendimientos de cárteles narco colombianos que vinieron a instalarse en la República Argentina, muchos con sus orígenes en el Cártel de Cali (...),  con conductas imputadas de lavado de activos por sumas millonarias”, sostuvo el fiscal.

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Las empresas off-shore

La captura de “Nacho” marcó la caída de la red que abarcaba cuatro países sudamericanos y extendía sus negocios a América del Norte, Asia y Oceanía. En Estados Unidos, lo acusan de enviar desde Colombia al país del norte casi 70 toneladas de cocaína. El primer envío lo habría hecho en enero de 2004. Según detalló el fiscal en el pedido de elevación a juicio –al que tuvo acceso Infojus Noticias-  “a partir del día 9 de febrero del mismo año se empezaron a verificar la conformación de las distintas empresas” que conformaron la estructura para reingresar el dinero en la economía formal.

El primer paso fue abrir en el país sucursales de cuatro empresas radicadas en Uruguay dedicadas a la compra y venta de inmuebles: Ferdal Country S.A, Val Darly S.A, Portal Marina S.A y Blaspark S.A. La constitución de esas firmas y la instalación de las sedes en Argentina se hicieron a través del estudio contable de la argentina María Francisca García Fernández de Kusnier, alias Mari Paqui, actualmente detenida en España en una causa por narcotráfico. Cuatro empleados del estudio y el propio hijo de la contadora prestaron sus nombres para conformar los directorios de las empresas offshore, constituirse como accionistas y asumir como representantes de las empresas.

Las actas de constitución y los nombramientos se firmaron en Uruguay entre el 9 de febrero y el 9 de diciembre de 2004. Los informes de Migraciones demostraron que en esas fechas los testaferros estaban en Argentina.

A través de esas cuatro firmas la organización compró lotes en los countries Abril, en Berazategui, y Nordelta, en Tigre. La dinámica era siempre igual: después de aproximadamente un año, las propiedades cambiaban de dueños.

Con el tiempo, el emporio empresarial de los Meyendorff creció hasta tener 28 empresas que se interrelacionaban entre sí: hacían transferencias bancarias, alquilaban inmuebles y compraban y vendían vehículos. Muchas de ellas, incluso, tenían el mismo domicilio y compartían los miembros del directorio o los accionistas.

FARA S.A, creada como una empresa dedicada la ganadería y agricultura (cultivo de soja, avena y maíz) fue la firma más importante del clan. Según el expediente, el directorio se conformó con los mismos prestanombres de siempre. En 2007 Mauricio y Sebastián Álvarez Sarria, hijos de Meyendorff, tomaron el control de la empresa y desde allí direccionaron toda la estructura del lavado de activos. El paquete accionario quedó dividido: la mitad fue manos del padre y 25 por ciento para cada uno de los hijos.

En 2010, el Banco BBVA Francés emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por movimientos de dinero, abultados e injustificados, en las cuentas de FARA S.A. En un año, en las cuentas del Banco Santander la empresa depósitó diez préstamos –que fueron cancelados a la brevedad- por un importe total de .601.000. Según un informe de la Unidad de Información Financiera (querellante en la causa desde abril de 2011) esas operaciones a corto plazo tenían la finalidad de acrecentar el capital de una firma que no tenía ingresos de la actividad comercial. “Tales movimientos significativos de dinero son producto de la actividad de narcotráfico desarrollada por la organización, más allá que se intentaron disimular bajo la actividad lícita propia de la sociedad”, sostuvo el juez Ferreiro Pella en el procesamiento.

Para la Justicia es imposible determinar la cifra precisa de dinero que la organización lavó a través de esta estructura. Sin embargo, a partir del análisis de las transferencias bancarias, las propiedades y los vehículos comprados se puede hacer un cálculo aproximado que se desprende de los embargos dispuestos por el juez, que van de los 10 a los 50 millones de pesos para cada uno de las 28 procesados. La cifra total trepa los 1520 millones de pesos.

Uno de los bienes incautados es la Estancia Santa Clara, valuada en cuatro millones de pesos. Está sobre la ruta 51 a la altura de Chivilcoy. La casa principal tiene once habitaciones, nueve baños, quincho con sala de juego, pileta, jacuzzi, una capilla y sala de cine. En el campo hay 14 box para caballos, un bar, pista redonda, pista de entrenamiento de caballos y otra pileta.

Nordelta

Una parte importante de las inversiones de los narcos estaba dirigida a Nordelta, el exclusivo complejo de countries de Tigre. Además de lavar dinero, varios de los procesados vivían ahí. En el barrio La Alameda cumple prisión domiciliaria Ruth Martínez Rodríguez, ex esposa de Daniel “El Loco” Barrera Barrera, uno de los capos del Cartel del Norte del Valle que está siendo juzgado en Estados Unidos. Martínez está acusada de realizar operaciones financieras y comprar inmuebles y vehículos con dinero narco.

Cerca de ahí también fue detenida María Claudia De La Misericordia Gómez Martínez. La mujer, de 48 años, ex esposa del narco asesinado Pedro Guerrero Castillo, alias “Cuchillo”, vivía en un lujoso departamento del edificio Yoo. Está sospechada de ser una de las financistas de la organización.

La investigación

El expediente judicial se inició en 2007. Durante dos años, los policías de la delegación de Drogas Ilícitas de la DDI de Lomas de Zamora siguieron los pasos de Jaime Eduardo García Rivero. Colombiano, en ese entonces de 31 años, el “Costeño” cumplía un rol fundamental en la estructura de transporte y almacenamiento de la cocaína. Era una de personas de confianza de los jefes y estaba a cargo de la logística. Trasladaba conciudadanos al aeropuerto de Ezeiza, conseguía celulares y vehículos para los miembros de la banda y alquilaba los inmuebles que funcionaban como depósito.

El Costeño vivía en Lanús junto a su esposa. A los investigadores les llamó la atención el elevado nivel de vida de la pareja pese a que ninguno tenía trabajo formal. Entre los “ostentosos gastos” -escribió el juez en el procesamiento- “se destacó el consumo de telefonía celular como también los reiterados viajes al exterior”. Esa fue la punta del ovillo de la que tiraron los sabuesos para llegar al resto de la banda.

En abril de 2012, en el operativo Luis XV, la justicia incautó en un galpón de Lanús 258,54 kilos de cocaína que estaban ocultos en doblefondos de muebles de estilo. En otro allanamiento en un departamento del barrio porteño de Colegiales encontraron 4,1 kilos más en una valija color verde agua. Tanto el galpón de Lanús como el departamento de Capital Federal habían sido alquilados por el Costeño.

En paralelo, en la justicia federal tramitaba una causa iniciada en 2009 a partir de un informe que la Drug Enformecement Administration (DEA) envió a la Policía Federal. Según el reporte, una organización vinculada con cárteles colombianos se había instalado en la estancia “Santa Ana”, en el kilómetro 55 de la ruta 210, en la localidad bonaerense de San Vicente. El campo pertenecía a la familia Meyendorff.

Nacho Álvarez Meyendorff fue detenido en marzo de 2011 en el aeropuerto de Ezeiza cuando regresaba de unas vacaciones en Tahití. El colombiano tenía pedido de captura internacional ordenado por la fiscal norteamericana Bonnie Klapper. A los dos años el capo fue extraditado a Estados Unidos, donde también se entregó su hermano Juan Fernando. Además del proceso iniciado en la Corte del Este de Nueva York, el clan Meyendorffsufrió el embate de la justicia colombiana: les confiscaron bienes por casi 700 millones de dólares.