Infojus Noticias

Luciano Miguens, Juan Ravagnan, Carlos Mallmann y otros catorce ex directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) serán citados a indagatoria en los próximos días. Así lo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que revocó una resolución que convalidaba la prescripción dictada el año pasado. Se trata de una causa en la cual los empresarios estaban siendo investigados por el presunto delito de “peculado”: el Banco Provincia (BAPRO) le otorgó un crédito a la entidad rural por 106 millones de dólares para remodelar el predio de Palermo, en 1999. Según la solicitud del financiamiento, era para construir un centro de exposiciones y entretenimiento de 50 mil metros cuadrados. Pero nunca pusieron ni un ladrillo. Y el préstamo, concedido a una empresa con alto riesgo, no se devolvió. Por eso también están imputados –y serán citados a declarar– varios ex funcionarios del BAPRO y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La causa refiere al delito de “peculado”, que prevé una pena de prisión de hasta diez años e inhabilitación absoluta perpetua. El delito implica la sustracción de fondos por parte de un funcionario público que los tuviese a su cargo, o la utilización en provecho propio o de un tercero los trabajos pagados por la administración pública. Aun así, como el estado procesal no está muy avanzado –en razón de las demoras que provocó la defensa–, podrían llegar a considerarse también otro tipo de calificaciones legales.

En 2004, el juez Ricardo Farías llamó a indagatoria a treinta personas pero la defensa de los imputados empantanó la causa interponiendo decenas de recursos. Esa jugada obligó a abrir más de veinte expedientes paralelos que comenzaron a circular por los despachos. Nueve años después, en 2013, Farías declaró prescripta la acción penal y sobreseyó a los imputados. Los incidentes por prescripción pasaron por la Sala 7 de la Cámara del Crimen, que declaró mal concedido el recurso de apelación y mantuvo los sobreseimientos. Pero hace un mes la Sala 3 de la  Cámara Federal de Casación Penal revocó esa resolución y reactivó la causa.

El fiscal de la causa en primera instancia fue José María Campagnoli pero –según fuentes cercanas a la investigación- “fue dejando morir el expediente porque no terminó de empujarlo lo necesario ni reclamó al juez por las maniobras de la defensa que trabó el proceso con recursos insólitos”.  Ahora el caso debería ser llevado por la fiscal Cristina Caamaño.

Ayer, la Cámara del Crimen revocó la resolución en la que convalidaba la prescripción dictada por Farías, y ahora el juez tendrá que volver a llamar a declarar a todos los investigados. “Como no corresponde descartar que los hechos investigados pudieran tipificar el delito contenido en el artículo 261 del Código Penal (peculado), cuya pena máxima asciende a diez años de prisión, desde el último acto interruptivo –convocatoria a prestar declaración indagatoria de fecha 18 de agosto de 2004-, no ha transcurrido el plazo para que opere la prescripción de la acción penal”, indicó la Cámara del Crimen, en el texto al que tuvo acceso Infojus Noticias.

La apelación ante Casación fue impulsada por los fiscales Marcelo Colombo y Sandro Abraldes. Ellos llevaron el planteo que permitió avanzar en reapertura de la causa que analiza el comportamiento de funcionarios durante un período de tiempo determinado en el que también se cometieron otros delitos similares. Se trata de “un crédito incobrable a la firma Gatic S.A., maniobra contemporánea con la investigada”, indicaron los camaristas Mariano Scotto y Juan Esteban Cicciaro. Y señalaron que en esos días también se concedió otro “crédito irregular a ‘La Rural’ a efectos del despojo de una porción del Parque Tres de Febrero”.

El año pasado, la Cámara del Crimen había aceptado el planteo de “extinción de la causa por prescripción de la acción penal”. Eso posibilitó el sobreseimiento de los veinticinco imputados, algunos solicitantes del crédito y otros otorgadores del financiamiento para la construcción de cinco pabellones feriales de casi 50 mil metros cuadrados, otros tres mil para exposiciones, un amplísimo estacionamiento y un sector de entretenimiento con veinte salas de cine, una sala 3D, pistas de bowling, locales comerciales y un patio de comidas.

El financiamiento fue concedido el 10 de septiembre de 1999 a la unión transitoria de empresas Ogden-Rural, en condiciones de altísimo riesgo, casi sin posibilidad de recupero y sin cumplir los pasos del procedimiento administrativo reglamentario del banco. Incluso, la obra ni siquiera tenía habilitación municipal, y la ciudad de Buenos Aires debió rezonificar parte del predio para que se concretara el megaemprendimiento. Por esa maniobra, también están imputados varios ex funcionarios del Gobierno porteño.

El financiamiento se otorgó contra una garantía basada en la recaudación que preveía generar la inversión y los derechos de usufructo sobre el terreno y las instalaciones proyectadas, pero ningún bien o crédito tangible. A eso se sumó que el monto de la inversión no estaba justificado y podía estar inflado, y que posiblemente los inversores no necesitaran aportar ni una moneda propia a los fines de realizar la inversión.

Juan María de Anchorena, uno de los imputados, era director del BAPRO, pero también formaba parte de la empresa inversora. Otro de los directivos, Victorio Migliaro, renunció a su cargo en desacuerdo con la decisión de entregar el crédito. Algunos meses después, la compañía Ogden terminó en manos de Francisco De Narváez. Entre los imputados también se encuentran los entonces bancarios Carlos Eduardo Sánchez, Hugo Néstor Pifarré, Sergio Gustavo Bugallo, Rubén Daniel Lusich y Osvaldo Rial, acusados de “haber violado los deberes a su cargo, perjudicando con su accionar fraudulento los intereses que la provincia les había confiado”.

Además de los integrantes de la SRA, entre los imputados hay ex directivos del BAPRO durante la gestión provincial de Eduardo Duhalde. El ex procurador de la ciudad durante la gestión De la Rúa, Ernesto Mercer, también está implicado en la causa. Los imputados vinculados con la UTE Ogden-Rural son Eduardo De Zavalía, Mario Eijo de Tezanos Pinto, Jaime Bernasconi, Juan Alberto Ravagnan, Carlos Sandri, José D’Andrea, Oscar Lozano, Raúl Etchebehere, Francisco Prati, Horacio Foster, Enrique Claudio Crotto, Miguel O’Farrell, Francisco Del Castillo, Carlos Lebrero, Jorge Iribarne, Carlos Mallmann y Juan Luis Gilli.