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La Cámara Federal de Casación Penal reactivó la investigación por un crédito fraudulento de 106 millones de dólares que el Banco Provincia (BAPRO) le concedió a la Sociedad Rural Argentina (SRA) en 1999 para construir un centro de exposiciones y entretenimiento en el predio ferial de Palermo. La Cámara del Crimen había convalidado el año pasado la “extinción de la causa por prescripción de la acción penal” y el sobreseimiento de los veinticinco imputados. Ahora, ex directivos de la Sociedad Rural como Juan Ravagnan y Luciano Miguens podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión.

El crédito que el BAPRO autorizó estaba destinado a la construcción de cinco pabellones feriales de casi 50 mil metros cuadrados, otros 3 mil para exposiciones, un amplísimo estacionamiento y un sector de entretenimiento con veinte salas de cine, una sala 3D, pistas de bowling, locales comerciales y un patio de comidas. El crédito se otorgó el 10 de septiembre de 1999 a la unión transitoria de empresas Ogden-Rural, en condiciones de altísimo riesgo, casi sin posibilidad de recupero y sin cumplir los pasos del procedimiento administrativo reglamentario del banco. El dinero se entregó, pero jamás se colocó un ladrillo.

La obra ni siquiera tenía habilitación municipal, y la ciudad de Buenos Aires debía rezonificar parte del predio para que se concretara el megaemprendimiento. La garantía que ofrecían los empresarios era la recaudación que preveía generar la inversión y los derechos de usufructo sobre el terreno y las instalaciones proyectadas, pero ningún bien o crédito tangible. A eso se sumó que el monto de la inversión no estaba justificado y podía estar inflado, y que posiblemente los inversores no necesitaran aportar ni una moneda propia a los fines de realizar la inversión.

La causa nació a principios de 2004, cuando el juez de instrucción Ricardo Farías llamó a indagatoria a treinta personas. La defensa de los imputados empantanó el proceso, y nacieron decenas de expedientes paralelos que se discutía la competencia del fuero penal federal y los plazos de prescripción. Entre los acusados había integrantes de la SRA, ex directivos del BAPRO durante la gestión provincial de Eduardo Duhalde y hasta un ex funcionario porteño de la gestión de Fernando De la Rúa.

A principios de 2013, casi una década después de comenzar la investigación, Farías declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a todos los imputados. El fiscal Sandro Abraldes apeló la resolución, y el caso llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Pero los jueces de la sala VII –integrada por Mauro Divito, Juan Cicciaro y Mariano Scotto– declararon “mal concedido el recurso de apelación” y ratificaron el sobreseimiento y el archivo de la causa. Al conocerse esa resolución, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó la medida: “¿Se dan cuenta de qué hablamos cuando hablamos de democratizar la Justicia?”, señaló en un discurso.

Juan María de Anchorena, uno de los imputados, era director del BAPRO, pero también formaba parte de la empresa inversora. Otro de los directivos, Victorio Migliaro, renunció a su cargo en desacuerdo con la decisión de entregar el crédito. Algunos meses después, la compañía Ogden terminó en manos de Francisco De Narváez. Entre los imputados también se encuentran los entonces bancarios Carlos Eduardo Sánchez, Hugo Néstor Pifarré, Sergio Gustavo Bugallo, Rubén Daniel Lusich y Osvaldo Rial, acusados de “haber violado los deberes a su cargo, perjudicando con su accionar fraudulento los intereses que la provincia les había confiado”.

El ex procurador de la ciudad durante la gestión De la Rúa, Ernesto Mercer, también está implicado en la causa. Los imputados vinculados con la UTE Ogden-Rural son Eduardo De Zavalía, Mario Eijo de Tezanos Pinto, Jaime Bernasconi, Juan Alberto Ravagnan, Carlos Sandri, José D’Andrea, Oscar Lozano, Raúl Etchebehere, Francisco Prati, Horacio Foster, Enrique Claudio Crotto, Miguel O’Farrell, Francisco Del Castillo, Carlos Lebrero, Jorge Iribarne, Carlos Mallmann y Juan Luis Gilli.

La causa refiere al delito de “peculado”, que prevé una pena de prisión de hasta diez años e inhabilitación absoluta perpetua. El delito refiere a la sustracción de fondos por parte de un funcionario público que los tuviese a su cargo, o la utilización en provecho propio o de un tercero los trabajos pagados por la administración pública. Aun así, como el estado procesal no está muy avanzado –en razón de las demoras que provocó la defensa–, podrían llegar a considerarse también otro tipo de calificaciones legales.

Hace dos años, el gobierno nacional declaró nula la venta del predio a la sociedad rural mediante un decreto. La operación se había concretado en 1991 después del pago de un cuarto del valor real de las instalaciones. La recuperación del lugar se vio trunca por una cautelar que los jueces Francisco de las Carreras, Graciela Medina y Ricardo Guarinoni le concedieron a la SRA. Los mismos magistrados, que componen una de las salas de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, fueron cuestionados por su desempeño en el juicio por la constitucionalidad de la ley de medios.