La jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre no hizo lugar al pedido para frenar dos leyes antes de su promulgación. Hoy el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentó un nuevo recurso por la ley que regula las cautelares.
La jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8, no hizo lugar al pedido de amparo preventivo del abogado Andrés Gil Domínguez que intentaba frenar dos leyes del paquete de reforma judicial antes de que fueran promulgadas. La magistrada argumentó que no podía juzgar sobre normas que aún no están disponibles para su lectura. Ahora resta que la Justicia se expida sobre un nuevo amparo, presentado por el Colegio Público de Abogados de Capital Federal que pide se declare inconstitucional la nueva ley de medidas cautelares.
La acción judicial presentada por Gil Domínguez intentaba amparar preventivamente artículos del proyecto de ley que regula las medidas cautelares contra el Estado y la iniciativa que crea tres nuevas Cámaras de Casación. Ambos proyectos fueron aprobados por el Congreso el jueves pasado, pero al momento de la presentación del amparo las leyes no habían sido promulgadas.
La regulación de medidas cautelares en causas en las que el Estado o sus entes descentralizados son parte, es ley a partir de hoy, después de su publicación en el Boletín Oficial. La norma que aprueba la creación de las Cámaras de Casación aún no fue promulgada.
La jueza Gilardi Madariaga de Negre explicó que no puede juzgar sobre leyes que no figuran en el Boletín Oficial de la República Argentina. En el fallo publicado ayer explicó: “la falta de publicación impide la lectura de las normas y, en consecuencia, la constatación del perjuicio que alega el accionante, así como y poder efectuar el necesario control de constitucionalidad objeto de esta acción”. Gilardi Madariaga de Negre especificó que esas leyes todavía pueden ser vetadas. “Según el art. 83 de la Constitución Nacional el presidente posee atribuciones para vetar en su totalidad un proyecto de ley”, argumentó el texto de tres páginas que firmó por la magistrada.
El amparo de Gil Domínguez se presentó en carácter colectivo: que planteaba representar a “todos los habitantes de la Nación que ven amenazando su derecho a la tutela judicial”. Para la jueza, teniendo en cuenta la no promulgación de las normas, se “torna innecesario el análisis de las demás cuestiones planteadas”.
Esta mañana el Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Gabriel Rizzo, presentó un amparo contra la reforma judicial ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Pide que se declaren inconstitucionales artículos de la Ley 26.854 que regula las medidas cautelares.
El texto de 55 páginas dice: “si se aplicara plenamente la norma aquí impugnada, los abogados matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se verían imposibilitados de ofrecerles a sus clientes un servicio jurídico que antes podían ofrecer en toda su dimensión y eficacia: el de presentar y obtener medidas cautelares contra el Estado Nacional”.
Después del mediodía se conocerá en qué juzgado caerá la nueva acción judicial.