Reclaman un freno a la demolición del patrimonio histórico porteño
Vecinos, ONG y funcionarios judiciales dieron una conferencia de prensa hoy en la Legislatura porteña. Exigen que se frenen las demoliciones de inmuebles catalogados como patrimonio histórico. Y piden que se analicen los controles vigentes referidos al planeamiento urbano.
La casa Roccatagliata está catalogada como patrimonio histórico, pero quieren construir dos torres al lado.
A partir de la medida cautelar en el caso Villa Roccatagliata, vecinos y representantes oficiales dieron una conferencia de prensa hoy en la Legislatura porteña para exigir que se frenen las demoliciones de patrimonio histórico y se analicen los controles vigentes referidos al planeamiento urbano. Participaron miembros de las organizaciones Basta de Demoler, Asociación Civil Amigos de la Estación Coghlan, SOS Caballito y la representante de la Defensoría Pública N°4, Cecilia González de los Santos.
Hoy en la conferencia se pidió un freno a la demolición del patrimonio histórico. Se habló de casos puntuales. “El motor de arranque fue la cautelar firmada por el juez Lisandro Ezequiel Fastman que se presentó el lunes, para conservar el espacio de la Villa Roccatagliatta, donde se pretenden construir dos torres de 13 y 27 pisos”, dijo Dora Young, de la asociación civil Amigos de la Estación Coghlan. Y denunció que el megaproyecto “no solo altera el patrimonio sino que también incumple con las normas de control ambiental”.
La casa Roccatagliata, en Coghlan, está catalogada como patrimonio histórico. Una constructora quiere levantar a su alrededor dos torres de edificios, pero el lunes la Justicia ordenó al gobierno porteño y a la empresa que se abstengan de realizar u autorizar cualquier modificación, destrucción, demolición u acción que implique alguna alteración del lugar.
Santiago Pusso, de Basta de Demoler, pidió que se “promueva un acceso a la información de los expedientes y planos que demandan los vecinos, ya que hay una trama de ocultamiento de lo que todos tenemos derecho a saber y sin embargo se oculta para beneficiar a las constructoras”.
Rodolfo Diringuer, de SOS Caballito, expuso el caso que generó el litigio judicial del denominado complejo Nuevo Caballito: dos torres de 32 pisos sobre un lote delimitado por las calles Felipe Vallese y Colpayo. Cada uno de los edificios incluirá departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, que tendrán entre 40 y 85 metros cuadrados. El total de la construcción será de unos 30.000 metros cuadrados y significará la construcción de unos 480 nuevos hogares. “Ese caso incumple con la ley que determina una altura máxima de 13.50 metros para esta zona protegida de Caballito”, dijo Diringuer.
El defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, dijo que “más allá de las evidentes irregularidades en que incurren los funcionarios encargados de autorizar las obras, existe una política que favorece los intereses inmobiliarios cortoplacistas en desmedro de una planificación a futuro”. Y agregó: “Es indispensable que las autoridades encargadas de aprobar y fiscalizar los proyectos constructivos internalicen y apliquen los preceptos urbanísticos ambientales establecidos en la Constitución”.
Para cerrar, la defensora González de los Santos dijo que hay tres ejes problemáticos: “De acción, de omisión de control y de denegatoria para ver los expedientes”. La funcionaria judicial se fue antes de que terminara la conferencia: contó que debía intervenir en una denuncia urgente. “Hay una propiedad en el barrio de Flores que está protegida y sin embargo llamaron vecinos para alertar que estaban incumpliendo con la orden de no desmantelar ni demoler”, dijo. El lugar protegido es conocido como “El Almacén de Flores”, otro territorio histórico en peligro de desaparecer.
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