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El presidente del tribunal que lleva adelante el juicio por la represión que ordenó el gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, fue recusado por el defensor de uno de los 16 ex policías de la Federal imputados por estos hechos. Encabezado por el juez José Martínez Sobrino el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) en pleno, con la participación de los otros dos jueces que lo integran, -Javier Anzoátegui y Rodrigo Giménez Uriburu– elevará un informe con su descargo a la sala I de la Cámara de Casación penal. Pese al planteo del defensor, hoy se llevó adelante la habitual audiencia que se realiza los viernes por este caso en los tribunales de Comodoro Py.

La recusación fue planteada por el defensor oficial que representa a Eugenio Figueroa, uno de los nueve ex agentes de Asuntos Internos de la Federal acusados por el homicidio de Alberto Márquez en las inmediaciones del Obelisco. Aquel 20 de diciembre, media hora antes que De la Rúa abandonara la presidencia, comandados por el ex comisario Orlando Oliverio -a bordo de dos autos y una camioneta no identificados- los agentes policiales se desplegaron sobre la avenida 9 de julio casi esquina Sarmiento y dispararon contra los manifestantes. Una de esas balas alcanzó a Márquez. Su caso es el único que encuentra a los que dispararon el gatillo entre los imputados en este juicio.

El defensor aludió que el pasado miércoles Martínez Sobrino se expresó de manera inconveniente al referirse a estos hechos durante la audiencia en la que declararon como testigos cuatro fotógrafos y el periodista y director de Infojus Noticias, Cristian Alarcón. En esa oportunidad, el reportero gráfico Martín Arias Feijoó presentó ante el tribunal una foto donde se ve a un grupo de gente subiendo a Márquez a un automóvil particular, en un desesperado intento por salvarle la vida.

Cuando el testigo presentó ese material, la fiscalía encabezada por Mauricio Viera, pidió que se exhibiera un video donde se observa la llegada de los tres autos policiales a la cercanías del Obelisco, minutos antes del ataque en el que Márquez perdió la vida. El tribunal en pleno, consideró que no era necesario. Al comunicarlo, Martínez Sobrino lo explicó porque la existencia de eso autos está acreditada en el debate oral. Esto motivo la recusación presentada por la defensa de Figueroa, un punto en el que no fue acompañado por otros defensores.

“No solo está acreditada la presencia de esos autos –algo registrado incluso por la Canal 4 de la policía Federa-l, sino que no es una cuestión controvertida para las partes. Los mismos imputados reconocieron que manejaban esos autos”, explicaron a Infojus Noticias fuentes cercana a la investigación y agregaron que ni siquiera se daría el supuesto de prejuzgamiento.

Ahora, queda esperar la respuesta de la sala I de la Cámara de Casación penal, que debe definir si habilita o no el periodo de feria para trabajar sobre esta cuestión. El abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, Maximiliano Medina, que participa de la querella dijo a Infojus Noticias que el planteo “no tiene sustento, y deja en evidencia el reiterado intento de obstaculizar el avance de este juicio que comenzó en febrero”. “A nuestro criterio el tribunal resolvió rápido y en forma correcta”, agregó Medina.

Los peritos médicos

En el debate, que se realiza los miércoles y viernes en los tribunales de Comodoro Py, son 16 los ex policías federales imputados por estos hechos y un único funcionario de la Alianza: el ex secretario Seguridad Interior, Enrique Mathov. Por este juicio se espera que pasen más de 600 testigos. Hoy lo hicieron los primeros peritos médicos que determinaron las causas de muerte de Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, y Diego Lamagna, todos por heridas de balas que recibieron en el microcentro porteño.

Entre los citados por el TOF 6, estaba la médica forense Beatriz Lancelle, que no pudo declarar por su grave estado de salud. Apenas se puede desplazar ayudada por un andador y padece una severa disminución visual, lo que dificultaría que brindara extensamente detalles sobre un trabajo que realizó hace casi 13 años. El tribunal informó esto y explicó a la partes que de ser necesario implementarán otros medios, para que puedan acceder al relato de la mujer que realizó las autopsias de Diego Lamagna y Gastón Riva. Ambos jóvenes, de menos de 30 años, esa tarde cayeron asesinados por las balas policiales en las inmediaciones de las avenidas 9 de Julio y de Mayo, cuando intentaban evitar las encerronas, los gases y las balas de goma y de plomo con los que la policía intentaba impedir que llegaran a la Plaza de Mayo.

En su relato, el perito del cuerpo médico forense, Carlos Bruno, fue contundente: “En casi 30 años de profesión nunca tuve que afrontar algo similar”, dijo y agregó que ni siquiera estuvo frente a un hecho de esas dimensiones cuando tuvo que “registrar las heridas ocasionadas durante un motín en el que hubo más de 130 heridos”. Ante las insistentes preguntas de las defensas que esperaban desarmar esta afirmación, Bruno fue más explícito: “Mire, en el (hospital) Ramos Mejía de las categorías A, B y C con las que se califican las catástrofes, estábamos en la A, la más grave”, dijo.

A su turno el médico toxicólogo José Lorenzo, contó que trabajó en el examen toxicológico de las cinco víctimas mortales de esa jornada. En su informe dejó explícito que ese día “ninguna de las víctimas había ingerido alcohol, ni estupefacientes”. El médico Reinaldo Ludueña, por su parte se ocupó de describir las pericias que determinaron que, desde ese 20 de diciembre, Paula Simonetti y Martin Galli, viven con una bala en su cuerpo. Ella en la espalda, él en la cabeza. Sacarlas los pondría en riesgo de muerte.

Este juicio continuará durante la primera semana de feria judicial. Están programadas tres audiencias, a partir del día miércoles 23 de julio. Así lo dispusieron los jueces del Tribunal Oral Federal 6 José Martínez Sobrino (presidente), Javier Anzoátegui, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín (juez sustituto). El lunes se conocerá la nueva lista de testigos.