Infojus Noticias

La titular de la Cámara de Casación Penal y presidenta de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, celebró la presentación del proyecto para un nuevo Código Procesal Penal de la Nación. “Es auspiciosa, porque hay lugares donde este sistema está funcionando muy bien”, dijo a Infojus Noticias, al referirse al mecanismo acusatorio o adversarial que introduce el nuevo texto. Pero advirtió que “el operador de justicia tiende a ser conservador, vi  arruinar cosas maravillosas en la práctica de los tribunales”.

Justicia Legítima señaló en un comunicado que “la transformación del sistema de administración de justicia penal representa un avance de gran importancia para permitir un juicio más ágil, eficiente y transparente”, y planteó que servirá para “delimitar el rol de los actores que intervienen en el proceso penal”. Desde la asociación, plantearon que la iniciativa “cristaliza uno de los reclamos sobre los que nuestra organización ha puesto mayor empeño desde sus orígenes, en la búsqueda de una justicia más plural, independiente y democrática”.

Garrigós habló con Infojus Noticias y se refirió a los puntos principales del proyecto de reforma del sistema procesal penal.

-¿Conoce alguno de los borradores con los que trabajó el Ejecutivo?

-Conozco todos los anteproyectos, porque esta iniciativa es una conjunción de los proyectos anteriores. Está basado en todo lo que se ha trabajado a lo largo de más de una década. Esos proyectos confluyen y se mejoran entre sí en esta nueva presentación. Ya se sabe cómo va a funcionar, porque en las provincias el sistema acusatorio está funcionando hace mucho. Uno sabe qué cosas fueron más resistidas, y seguro que eso está mejorado en este texto.

-De aprobarse el proyecto, ¿cómo sería la implementación del nuevo sistema?

-El operador tiende a ser conservador, no le gusta que le cambien las reglas del juego. No es fácil mover las cosas, he visto arruinar cosas maravillosas a lo largo de estos años en Tribunales. La reforma es auspiciosa porque hay lugares donde ya está funcionando muy bien. No me cabe duda de que habrá resistencias, pero la reticencia es histórica. Los jueces de instrucción, fundamentalmente los federales, se han negado a la oralidad y al sistema acusatorio.

-En varias provincias ya se aplica el sistema adversarial hace tiempo. ¿Alguna de esas experiencias se destaca?

-En Chubut, en Córdoba, en Entre Ríos se aplica. Ahora también en Santa Fe, y quienes monitorean la aplicación del sistema nuevo a medida que se va implementando en las distintas localidades, están contentísimos de los logros. Se mejoró la calidad del proceso, los tiempos. No es lo mismo si un testigo declara a quince días del hecho que si lo hace recién al cabo de tres años. Se acortan los tiempos de juzgamiento, se facilita la resolución de las cosas, y sin restar nada al derecho a defensa.

-¿Tiene críticas al funcionamiento que tiene en otras provincias?

-En la ciudad de Buenos Aires tiene algunos problemas, porque en un proceso por un delito en flagrancia se puede llevar a juicio al acusado a dos o tres días del hecho, y eso no le da tiempo a ubicar a los testigos, a preparar su defensa. En la provincia de Buenos Aires no resultó el sistema de fiscalías. No hay defensa pública independiente, así que no tienen autonomía, porque todo depende del mismo Ministerio Público. Y como no están dados los medios, los fiscales dependen de la policía en el territorio. Además en algunos casos, quizá Pacheco o La Matanza, la cantidad de trabajo es terrible por la densidad poblacional; y  a lo mejor en Azul o Mercedes la vida del fiscal es diferente.

-¿Estas reformas tienen que acompañarse de cambios en el sistema fiscal?

-Me parece que lo mejor sería que el Ministerio Público funcionara con especializaciones. Cubre todo el territorio del país, y tiene que estar representado. Pero a lo mejor se puede hacer una apoyatura a un fiscal en Santiago del Estero, con los equipos técnicos centralizados en materias específicas. Carlos Gonella (titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) se ha especializado, y desarrolla su temática como yo puedo desarrollar violencia intrafamiliar o feminismo, temas que he trabajado siempre. Pero quizá yo no puedo hablar tanto de lavado ni él de feminismo.

-Con fiscales que investigan y jueces que resuelven, ¿cómo debería ser el trabajo de los fiscales?

-El trabajo de un fiscal no puede estar asociado a un tribunal. Tres jueces no pueden trabajar siempre con el mismo fiscal. Eso está mal. Y el fiscal que investiga tiene que ser el que lleve el juicio, porque él sabe hasta dónde va a poder ir a juicio o no, y hasta dónde va a poder sostener la investigación. Es complicado si uno hace la instrucción y queda en un “después vemos”, que si es el mismo que tiene que ir a defenderla ante el tribunal. Hace a las fiscalías mucho más razonables y efectivas. Si yo llevo el asunto, no demoro diez años en concluirlo.

-En este texto se incorpora la mediación penal. ¿Son útiles las formas alternativas de resolución de conflictos?

-Claro, hay que incorporar eso rápidamente. Hay cosas que no merecen un juicio, no merecen el esfuerzo del Estado. Si una persona le rompe la antena del auto a otra, eso se puede arreglar con el pago de la reparación y un pedido de disculpas. Si uno pinta una pared que lo limpie la primera vez, la segunda pague una multa, y la tercera veremos. Pero hay cosas que no justifican un juicio, que cuesta los sueldos de fiscales, jueces y defensores, la producción de prueba, la policía llevando citaciones, gastos de traslado, y demás. Y no es sólo la plata, hay un costo social en condenar a una persona por hechos de esa entidad. Porque después no va a poder conseguir trabajo, se afecta a una familia, y todo eso hay que evaluarlo. A una persona condenada no se la ve igual que a alguien que nunca fue sometida a un proceso.