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Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal e integrante de la asociación Justicia Legítima, respaldó la presentación de un nuevo proyecto de Código Procesal Penal de la Nación, y dijo que “todo el proceso va a ser mucho más rápido” una vez que entre en vigencia. En diálogo con Infojus Noticias, explicó que requerirá un proceso de adaptación de los Ministerios Públicos y los juzgados.

El fiscal planteó que con un sistema adversarial puro, “los fiscales investigan y llevan adelante la acción penal cuando consideran que tienen un caso”. Aclaró que “los fiscales deciden qué investigar y qué no, y los jueces resuelven si lo que se hace está bien o no, que es su verdadero trabajo”. Consideró que aunque el traspaso de tareas le resta la atribución de instrucción a los jueces, “les da más prestigio, porque quedan en un lugar en el que sólo resuelven los planteos de las partes, es decir del fiscal y la defensa”, y resumió: “Si yo fuera juez, estaría encantado”.

Explicó que “es un código modelo que ya se aplica en muchos lugares”, y que tiende a la realización del principio acusatorio. “Los jueces juzgan, resuelven los planteos que le acercan las partes”. Advirtió que “la corporación va a resistir, porque bajo el principio inquisitivo primero está Dios y después el juez de instrucción” y explicó que no se trata de una cuestión partidaria. “Todos los gobiernos que impulsaron estas transformaciones han tenido que lidiar con eso, pero es una política de Estado, sin importar quién vaya a ser el Procurador General en el futuro o qué partido gobierne”.

De Luca, que también es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, aclaró que “lo más importante va a ser la implementación”. El proceso requerirá la transformación de las estructuras de los Ministerios Públicos, intensos ciclos de capacitación y la adaptación de sus operadores a la lógica de un proceso muy distinto al que rige hoy en el ámbito federal. “El sistema funcionará si la implementación va bien”, resumió. Y planteó que habrá que introducir mejoras en el control del cumplimiento de las formas alternativas de resolución de conflicto y de las penas no carcelarias.

Cómo lograr una justicia ágil y transparente

“Esta reforma debe ir acompañada del expediente electrónico, de recursos que le permitan al Ministerio Público Fiscal actuar coordinadamente, de la instauración de una oficina judicial para racionalizar los recursos en los tribunales, la creación de una policía judicial y la implementación del juicio por jurados”, enumeró. Y propuso que se utilice un sistema de rotación de los jueces para que se ocupen de resolver las impugnaciones, planteos sobre las garantías o la ejecución en forma rotativa. “La obra de un juez va a estar dada por el contenido de sus sentencias y no por el cargo que ocupan”, explicó. Ese sistema ya se aplica en Chubut y Neuquén, donde también existe el juicio por jurados.

La oficina judicial permite que los jueces no deban ocuparse de aspectos administrativos del tribunal o de tribunales inferiores. “El juez no puede estar pendiente de los aspectos laborales de los empleados de la sala, debe administrar justicia, dictar sentencias”. Bajo ese modelo, un administrador cumple la tarea de llevar adelante la gestión económica y operativa del juzgado o el tribunal, y alivia las tareas que hoy ocupan el tiempo de los jueces. “En la Cámara de Casación hoy la mitad del tiempo se va en resolver este tipo de problemas”, graficó.