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El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, celebró la reglamentación de la Ley 26.827, que establece un Sistema Nacional de Prevención Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a fin de garantizar todos los derechos enmarcados en la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos crueles. El decreto 465/2014 fue publicado en el Boletín Oficial y lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y de los ministros de Justicia, Julio Alak y de Seguridad, María Cecilia Rodríguez.La ley había sido sancionada por el Congreso de la Nación el 28 de noviembre de 2012.

Fresneda resaltó que “es un logro fundamental de nuestra democracia contar hoy con este instrumento que fue debatido desde el año 2008 y votado el año pasado por amplia mayoría en el Congreso y ha pasado por diversas instancias. En 1986 se aprobó la Convención contra la tortura, en 1994 adquirió jerarquía constitucional, en el 2002 se adoptó el Protocolo contra la tortura y en el 2004 el Estado Nacional, por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, depositó el instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo de dicha Convención”.

En ese sentido, el secretario de Derechos Humanos de la Nación celebró la medida y aseguró: “Con la ratificación de esta ley, Argentina continúa adecuando su legislación a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y fortaleciendo herramientas que permiten velar por la protección de los derechos de las personas privadas de libertad”.

“Nuestro país se constituye como el primero en Latinoamérica en ratificar el Protocolo a la Convención contra la tortura. No es casualidad, es fruto de la incesante trabajo del Estado argentino en su política de ampliación de derechos y su exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, finalizó.

Esta ley instituye el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y estará integrado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Consejo Federal de Mecanismos Locales, los mecanismos locales y otras instituciones interesadas en el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Facultativo.

Por otro lado, prevé que el monitoreo esté a cargo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que tendrá entre otras facultades la de realizar visitas regulares o extraordinarias a los lugares de detención en todo el país. El Comité Nacional también actuará como órgano rector, articulando y coordinando el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

“Un relevante paso en la lucha contra la tortura”

La Defensoría General de la Nación expresó su satisfacción por la reglamentación. “Constituye un importantísimo avance en la necesaria y a esta altura impostergable implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a lo cual nuestro país se comprometió al ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura (ley 25.932)”, señaló el organismo en un comunicado.

La Defensoría General de la Nación es una de las instituciones promotoras de la Campaña Nacional contra la Tortura, y entre cuyas funciones fundamentales se encuentra la de “velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica, a fin de que los reclusos e internados sean tratados con el respeto debido a su persona, no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Por eso consideró que el dictado de la reglamentación representa “un relevante paso en la lucha contra la tortura en las instituciones de encierro de todo el país”.

La Defensoría expresa, además, su deseo de que a la mayor brevedad posible se inicie el procedimiento de selección de quienes integrarán el Comité Nacional de Prevención de la Tortura previsto en la ley 26.827, como órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.