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El relator especial de Naciones Unidas Frank La Rue presentará hoy el informe "Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión" en el espacio de memoria de la
exESMA. El informe analiza cómo se establece el derecho de acceso a la información en relación con los estándares internacionales de Derechos Humanos y da cuenta de su relación con el derecho a la verdad.

La Rue también aborda cuáles son las limitaciones que podría tener el acceso a la información, especialmente en las cuestiones relativas a la seguridad nacional. Y analiza los principios que pueden servir de orientación para diseñar y aplicar leyes de acceso a la información. Al mismo tiempo, formula recomendaciones para traducir normas internacionales de derechos humanos en leyes y prácticas nacionales que promuevan el acceso a la información. Este informe fue presentado por La Rue ante Asamblea General de Naciones Unidas.

La presentación será hoy a las 17.30 en el salón Alicia Eguren de Cooke del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), en avenida Del Libertador 8151, Ciudad de Buenos Aires. Participarán de la presentación el viceministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julián Álvarez; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; y el ex juez español Baltasar Garzón. El informe será comentado por el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella; Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa; el titular de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto; y Pedro Mouratian, interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Información y verdad

El punto central del informe es la relación entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad. “Para conocer las violaciones anteriores y presentes de los derechos humanos se necesita en muchos casos la divulgación de información que se encuentra en manos de una multitud de entidades estatales. En último término, la garantía del acceso a la información es un primer paso para la promoción de la justicia y la reparación, sobre todo después de períodos de regímenes autoritarios”, dice La Rue en los puntos introductorios del documento que en nuestro país se presentará hoy.

El informe sostiene que el trabajo judicial sobre las violaciones a los derechos humanos debe ser complementado con la posibilidad de la ciudadanía de acceder a esa información: “la realización de investigaciones judiciales sobre violaciones de los derechos humanos es una responsabilidad básica del Estado y un importante punto de partida para el ejercicio del derecho a la verdad. No obstante, no basta con la investigación judicial de casos concretos: el derecho a la verdad implica no solo la determinación de las circunstancias inmediatas de violaciones concretas, sino también la aclaración del contexto general, las políticas y deficiencias institucionales y las decisiones que las hicieron posibles. Además, el ejercicio del derecho a la verdad puede exigir la divulgación de información sobre las violaciones a fin de restablecer la confianza en las instituciones estatales y evitar la repetición de esos actos”.

La Rue también aborda la cuestión de la libertad de expresión y de información en materia de asuntos de seguridad nacional. Este aspecto tomó relevancia global a partir de la información dada a conocer por Edward Snowden sobre el espionaje masivo del gobierno de Estados Unidos a ciudadanos de diferentes países. “Bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada sobre presuntas violaciones de los derechos humanos pueden ser sometidos a sanciones ulteriores”, dice el informe.