Renuncia jueza que rechazó investigar bancos que financiaron la dictadura
El argumento de Graciela González Echeverría fue que el pedido de datos a los bancos generaría un caos burocrático. La jueza también declaró inconstitucional la aplicación de la Ley de Salud Reproductiva en la ciudad.
Graciela González Echeverría fue titular del juzgado nacional en lo Civil N° 34. El último viernes se publicó en el Boletín Oficial el decreto en el que se aceptó su renuncia al cargo. Aunque será recordada por dos resoluciones que firmó con puño y letra. En una, rechazó el pedido para que se libren oficios, y así, comenzar a investigar a los bancos que financiaron a la dictadura.
En la otra, convalidó la presentación de un grupo de abogados católicos y declaró inconstitucional la aplicación de la Ley de Salud Reproductiva en la ciudad. La renuncia, de la ahora ex jueza, fue oficializada el pasado viernes cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1604/2013 que acepta la salida de la jueza.
La primera de las resoluciones data de diciembre del 2010. En aquella ocasión rechazó “medidas preliminares” solicitadas en una causa civil para determinar “las entidades que otorgaron financiamiento al Estado Argentino en el período que va desde el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983”, es decir, el financiamiento de la última dictadura cívico militar.
Previo al rechazo, la jueza había intentado no participar en el expediente declarándose incompetente argumentando que debía ser la justicia Civil y Comercial Federal la que tenía actuar. No obstante, la causa -“Ibañez Manuel Alejandro y otros s/ diligencias preliminares”- siguió en su poder. Entonces rechazó los pedidos, la causa se empantanó y no avanzó.
Su argumento principal fue que pedir tales datos a los bancos “sin siquiera individualizar de que expedientes se trata”, provocaría “no solo un caos, dado la falta de infraestructura de este edificio para soportar la carga, como asimismo al no conocerse el contenido de la información que se requiere, la dificultad del oficiado de dar cumplimiento a la medida”
El otro fallo que será recordado es el que González Echeverría elaboró en pleno gobierno de Aníbal Ibarra en la Capital Federal. Era el año 2002 cuando la jueza declaró inconstitucional la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la Ciudad de Buenos Aires.
Quienes consiguieron el amparo favorable fueron tres abogados emparentados en el denominado movimiento Pro Vida que argumentaban que “ni los legisladores, ni el gobierno –y ni los médicos- se encuentran facultados para fomentar conductas íntimas a sus hijos en contra de sus principios y de la legislación constitucional que protege la vida desde la concepción”.
La jueza, en consonancia con esto, consignó en la sentencia que la ley "pretende imponer pautas sobre la sexualidad y sobre la educación de los menores sin la anuencia de los padres, que ejercen sobre ellos la patria potestad". Ahora se jubiló.
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