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La jueza nacional en lo civil Ana María Peréz Catón renunció a su cargo. Evitó así responder ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura donde fue denunciada por una larga lista de irregularidades: mal desempeño en sus funciones y negligencia grave en el ejercicio de su cargo, maltrato y/o violencia institucional, vulneración del interés superior del niño, privación de acceso a la salud, abuso de autoridad, pérdida de objetividad y prejuzgamiento, violación del derecho de defensa, falta de diligencia o desidia, vinculada principalmente a la tramitación de los expedientes

La magistrada fue denunciada por una mujer que en 2009 recurrió al juzgado en medio de la separación de su pareja. Sospechaba que el padre de sus tres hijas había abusado física, psicológica y sexualmente de las niñas de 3, 5 y 7 años. Estaba separada y solicitó la suspensión del régimen de visitas acordado con el padre de las chicas y, en un primer momento, Pérez Catón accedió. La jueza remitió los datos a sede penal y derivó a las niñas para su atención psicológica en la Fundación Ekhos.

En reiteradas oportunidades los profesionales intervinientes intentaron la revinculación de las niñas con el progenitor. En la denuncia que presentó en el Consejo de la Magistratura, la madre contó que en un breve lapso la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº43 advirtió a la jueza sobre la inconveniencia de estar realizando “tratamientos con miras a la revinculación, paralelamente a los informes psicológicos y psiquiátricos en sede penal”. Las penurias siguieron para la madre y las niñas y un nuevo equipo de profesionales, esta vez de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf)  fue sumariado por las autoridades de la entidad.

Un año después, en octubre de 2010, la madre había sido apercibida por la jueza y frente a la incertidumbre sobre quiénes eran oficialmente las terapeutas de las menores y sin resolver formalmente el tema, la jueza requirió a la Sennaf que informe si iba a continuar asistiendo a las niñas o si serían asistidas por los profesionales a los que había recurrido su madre y el padre rechazaba.

Pérez Catón fijo audiencia “recién para el 2 de marzo de 2011”, dejó asentado la madre de las niñas. En marzo, los inconvenientes continuaron: “Resultan claros y evidentes los reiterados alzamientos de la señora W. contra las decisiones adoptadas, apartándose también de las establecidas en forma conjunta con el padre de sus hijas”, apuntó la magistrada y derivó a las niñas a un programa de extensión de la Facultad de Psicología de la UBA en la localidad de Avellaneda. La madre vivía con sus hijas en el barrio de Belgrano y las niñas tenían que faltar al colegio para asistir.

“Les pusieron turnos en distintos días de la semana. Cuando las chicas faltaron al colegio la magistrada apercibió a la madre”, explicó la psicóloga Pilar Vendrell del Equipo de Profesionales Latinoamericano/as contra el abuso de poder, que acompañó la denuncia. “La jueza no solo tardó en tomar las medidas de protección necesarias, sino que las que puso en curso fueron arbitrarias y  perjudiciales para las víctimas”, dijo Vendrell a Infojus Noticias.

En relación a la causa penal seguida contra su ex esposo, por abuso deshonesto agravado por el vínculo, la denunciante afirmó en el expediente que a lo largo de los años que intervino en la causa, ni la jueza, ni la defensora, ni el tutor ad litem “tuvieron intención de conocer el estado de la causa penal” para resolver en la sede civil. En 2012, el hombre fue citado a indagatoria por el delito cometido contra sus tres hijas.

En el Consejo de la Magistratura acompañaron la denuncia contra Pérez Catón la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas, la asociación civil Profesionales Latinoamericanos/as contra el Abuso de Poder, María Beatriz Müller, en su carácter de presidenta de la asociación civil Salud Activa, la asociación civil La Casa del Encuentro, la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), entre otras.

El 18 de febrero, la jueza civil tuvo oportunidad de presentar su descargo, pero no lo hizo. “No rechaza ninguno de los hechos denunciados por la señora W., ni realiza defensa alguna de su desempeño”, dejaron asentado los instructores de su expediente en la Comisión de Disciplina y Acusación.

La denunciante amplió la acusación. “El daño ya está hecho, las niñas siguen sufriendo y temiendo, sumidas en la ambivalencia que significa el abuso paterno. Es necesaria su protección integral, de la única manera que sanarán sus heridas es alejadas de quien las agredió y en un entorno protector y confiable”, dictaminó un grupo de profesionales que las asistió posteriormente. La mujer consideró un hecho de “violencia institucional” que sus hijas hayan pasado “por 27 profesionales diferentes, con derivaciones objetadas por los mismos, e incluso por diversos organismos que se presentaban a fin de que se respeten los derechos de las niñas”.  

Tras el alejamiento de Pérez Catón del Juzgado Civil Nº 81 la investigación sobre su accionar “devino abstracta”. Así quedara confirmado mañana en la reunión de la Comisión que además aconsejará al Plenario del Consejo que quede constancia explícita de que la magistrada debía comparecer ante el órgano disciplinar porque su conducta podría ser motivo de sanciones o, incluso, “causal de remoción”. Si la jueza afrontaba un jury por su desempeño y era destituida,  perdería el beneficio de la jubilación. No así con la renuncia anticipada. Pero atento a la gravedad de los hechos, los integrantes de la comisión además consideraron prudente informar de estos antecedentes a la Comisión de Selección y Escuela Judicial, y comunicar lo resuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, y al Poder Ejecutivo Nacional.