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Esta tarde, después de que el juez Javier Anzoátegui pidiera abandonar el juicio que se sigue contra 16 ex policías federales y al ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, por la represión que ordenó el gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, los abogados defensores recusaron al juez Rodrigo Giménez Uriburu, basados en la “falta de ética en la toma de decisiones judiciales” que le atribuyó Anzoátegui. Ahora, la Cámara de Casación Penal deberá definir una nueva integración del tribunal –con jueces que reemplacen a los dos nombrados- para que definan si hacen o no lugar al pedido de los defensores.

Así, una vez más se aletarga el inicio del debate con la oportunidad de los acusados de dar sus argumentos antes los jueces. Esta mañana, 15 minutos antes de las 9, Mathov esperaba en los pasillos del subsuelo de Comodoro Py, para probar un video que esperaba proyectar en la sala cuando tuviera oportunidad de hablar, pero esto nunca sucedió. Dos horas después, el Tribunal Federal Oral 6 integrado por Anzoátegui, Giménez Uriburu y presidido por José Martínez Sobrino, leyeron 60 páginas de una resolución en la que se expidieron sobre diversos puntos planteados por las partes.

Pero la conmoción llegó después, cuando finalizada esta lectura, el presidente del tribunal leyó un escrito el pedido de Anzóategui de dejar el juicio por "violencia moral" que dijo le ocasionó la “falta de ética en la toma de decisiones judiciales” de Giménez Uriburu. Si bien el pedido fue rechazado tanto por el juez aludido como por el presidente del Tribunal y Anzoátegui debe seguir integrando el tribunal, el planteo volvió a trabar un juicio que se aletarga desde hace más de un mes. Las diferencias, que fueron calificadas como "insalvables" por Anzoátegui, se habrían planteado entre los jueces el miércoles pasado, cuando la audiencia fue suspendida “por razones funcionales” sin que los magistrados bajaran a la sala donde se está haciendo el juicio. A sabiendas de que la decisión de sus pares era que continuara frente al debate oral, el juez dejó planteado su pedido de alejarse del debate por escrito.

La decisión fue calificada por algunos de los abogados de la querella como “inaudita”. Paula Litvachky, la Directora del área de Justicia y Seguridad del CELS (organismo que actúa como querellante en esta causa) manifestó “mucha preocupación” por el funcionamiento del tribunal y la actitud Anzoátegui que “termina por entorpecer un juicio histórico”. “Necesitamos que los tribunales superiores –en alusión tanto a la Corte Suprema como a la Cámara de Casación- estén atentos a lo que está sucediendo”, dijo a Infojus Noticias y calificó como escandaloso lo ocurrido durante esta audiencia.

El abogado Juan Carlos García Dietze, que representa a la familia de Alberto Márquez, un hombre que hoy estaría rondando los 60 y pico de años si aquel 20 de diciembre una bala policial no le hubiera perforado el pecho, dijo a Infojus Noticias que es la primera vez que vive una situación de este tipo. “Lo que deliberan los jueces para tomar una decisión es secreto”, explicó. Y agregó que “cuando se integra un tribunal hay cosas que en la cocina se discuten a los gritos”, pero cuando “se pasa al living” –es decir a la sala donde se desarrolla el debate oral- esto queda fuera de la información que se suministra a las partes.

Los abogados defensores, que en principio también se mostraron sorprendidos por los dichos de Anzoátegui, se montaron sobre esta situación y recusaron a Giménez Uriburu. La cuestión se resolverá el próximo miércoles, a las 9 de la mañana, cuando un tribunal integrado por otros jueces se expida sobre el punto. En respuesta a los planteos de la defensa, el presidente del tribunal, Martínez Sobrino informó que harán conocer la situación planteada a la Cámara de Casación Penal para que designe dos nuevos jueces, para que definan si Giménez Uriburu puede continuar formando parte del tribunal que juzga a los responsables de la represión o será finamente apartado. El segundo juez vendría a reemplazar a Anzóategui, que se excusó de participar con su voto en esta decisión.

Una situación “inaudita”

Es la primera vez que autoridades políticas y policiales que ordenaron una represión están en el banquillo de los acusados por las muertes que provocaron sus subordinados, pero ahora los que quedaron en el centro de la escena son los propios jueces. El miércoles 26 cuando se reanude el debate, Giménez Uriburu deberá presentar su descargo. Las defensas pidieron que tanto Anzoátegui como Martínez Sobrino brinden su versión sobre los hechos, así como la secretaria y los empleados del tribunal. El fiscal Mauricio Viera dijo a Infojus Noticias que “es esperable que ese día se resuelva el incidente y quede integrado el tribunal”; pero también agregó que en 28 años de trabajo en tribunales es la primera vez que presencia algo así.

Los defensores de los 16 ex policías como los de Mathov –el único político que llegó acusado a este juicio-, recusaron a Giménez Uriburu aludiendo que lo sucedido hoy durante el debate acarrea para sus defendidos “temor” sobre la  “imparcialidad”  del magistrado. En este punto, coincidieron tanto el fiscal como lo abogados querellantes: “el artículo 55 del Código Procesal Penal no prevé el temor de imparcialidad” entre las causas que pueden motivar el apartamiento de un juez en un debate en curso. Entre los 12 motivos que figuran en ese artículo está el hecho de que el juez “hubiera intervenido en el mismo proceso” como fiscal, defensor, querellante o perito, por ejemplo; si en la causa intervino un pariente del juez o si lo fuera de alguno de los interesados; si él o sus familiares “fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados”; si alguna de las partes le hubiera promovido juicio político o si hubiere recibido presentes o dádivas, aunque sean de poco valor. Pero lo cierto es que el temor a la imparcialidad de uno de los magistrados no aparece entre los motivos enumerados.

Al inicio del debate, poco antes de las 11 de la mañana, el abogado Rodolfo Yanzón que participa de la querella les había pedido a los jueces no fueran tan laxos en el manejo de los tiempos durante las audiencias. “Hace 7 horas que estamos esperando”, dijo y  les pidió que en un futuro “las audiencias se hagan en el horario en el que las partes fuimos citadas”. José Martínez Sobrino le señaló que “no eran de poca monta” las cuestiones que los habían hecho suspender por decreto la audiencia convocada para el miércoles pasado. Y después lo confirmó, cuando el juicio quedó nuevamente suspendido por diferencias entre los magistrados.