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"Ellos cuatro mediante una actuación coordinada fueron el órgano de gobierno que condujo el operativo que terminó con el asesinato de cinco manifestantes”, dijo el abogado de la querella unificada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Rodrigo Borda, antes de pedirle al Tribunal Oral Federal 6 que condene a 5 años de prisión al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y al ex secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, el único funcionario político señalado por la represión que ordenó el gobierno de Fernando de la Rúa. Los otros dos imputados que por sus decisiones considera responsables indirectos de esos asesinatos son el ex superintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Andreozzi -para quien pidió una pena a 4 años y 6 meses de prisión- y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero -para quien pidió una condena a de 4 años y 3 meses de cárcel-. En todos los casos solicitó que sean inhabilitados para ejercer cargos públicos.

“Es la primera vez -incluso en la región- que funcionarios que dieron las ordenes de una represión que terminó como terminó, llegan a juicio por las muertes que ocasionaron”, dijo Borda a Infojus Noticias, al concluir el alegato. Continuó la explicación con los familiares de las víctimas mortales de la represión que –a pesar que conocen que el abogado pidió el máximo de pena prevista en el Código Penal- sienten que “es poco para lo mucho que nos sacaron”. Un punto al que Borda hizo referencia durante el alegato, cuando consideró que se debería legislar una figura o calificación distinta para esta responsabilidad. Para el abogado no hay dudas, “hay una conexión entre las órdenes de Mathov y la represión que causó cinco muertes”, sostuvo ante el tribunal que preside José Martínez Sobrino e integran Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín. 

Esta fue la quinta y última jornada dedicada a los alegatos de las querellasque representan a las familias de Diego Lamagna, Gastón Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto, todos ellos asesinos por balas de plomo la tarde del 20 de diciembre de 2001, entre las cuatro y media y hasta poco después de las siete de la tarde. Después de un breve cuarto intermedio comenzó el alegato del equipo de fiscales encabezado por Mauricio Viera, que repasó las pruebas que apuntan a uno de los tiradores: el ex principal de la seccional 4°, Víctor Belloni, imputado por los intentos de asesinato de Marcelo Doradoy Sergio Sánchez, que se salvaron por la ayuda de otros manifestantes. El alegato de la fiscalía, según informaron, está previsto que se extienda

Por los homicidios culposos de Diego y de Gastón y por extensión por los de Carlos, Alberto y Gustavo Borda y las lesiones causadas a otros manifestantes, Borda consideró a las cuatro imputados –jefes de la represión- coautores de estos delitos, agravado por la cantidad de víctimas. Y también, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionarios público y abuso autoridad. Ante, esto además de la condena a prisión pidió que los jueces los inhabiliten para ejercer cargos públicos: a Mathov y Santos por 10 años; a Andreozzi por 8 años y 9 meses y a Gaudiero por 8 años y 6 meses.

La responsabilidad de Santos y de Mathov

“¿Mathov adoptó algún recaudo para preservar la vida de los manifestantes?”, se preguntó Borda, a poco de comenzar su tercera jornada de alegato por los asesinatos de Diego Lamagna y Gastón Riva, y por las heridas ocasionadas a otros manifestantes. La respuesta que él mismo se dio fue contundente: “En absoluto, por el contrario durante todo el día mantuvieron el objetivo de exacerbar la represión”. Habló de una “escalada represiva” que, sin medir las consecuencias mortales en la que derivó, tenía como fin “despejar de manifestantes la Plaza de Mayo”.  

Citando una decisión de la sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, en esta misma causa, dijo que Santos “decidió ser funcional a un gobierno que quería negociar con la oposición” y como Mathov, al ver el resultado de su decisión, no cumplieron con el “deber de cuidado” de los manifestantes. “Aun cuando se considerase que no es ilícita la orden de desalojar la plaza, la forma en que se dispuso hacerlo, por lo menos debe concluirse que fue imprudente”, resumió Borda.

Enumeró luego los medios con los que tanto Mathov como Santos contaban para estar informados sobre la represión que sin parque, y al extremo del cansancio llevaban adelante sus subordinados, que terminaron atacando a los manifestantes con balsa de plomo.

A Mathov, dijo Borda: la Dirección Nacional de Control lo mantenía informado “acerca de hechos de trascendencia”; la secretaria de Seguridad que encabezaba contaba con una sala de situación que elaboraba para él un parte informativo; tenía acceso a las imágenes del Canal policial 4, y a todos los canales de televisión que trasmitían, en vivo, el violento operativo. “Imposible que no haya tenido conocimiento de lo que estaba pasando”, dijo Borda en relación a la versión de Mathov, que sostiene que recién en la noche del 20 se enteró de que había manifestantes asesinados.

Sobre Santos, dijo que la mañana del 20, tras reunirse con Mathov, le indicó a sus subordinados que realizaran “cincuenta detenciones” para impedir que los manifestantes permanecieran en plaza de Mayo. Borda, consideró ilegítima esta orden, pero aún más allá de eso, señaló que Santos también incumplió el deber de cuidado. “Tenía la conducción operativa y el control del procedimiento y no hizo nada para evitar lo que sucedió”, dijo el abogado y aclaró que, aun cuando salía de la sala de situación, “continuaba dando instrucciones operativas a sus subalternos”. Su decisión fue exacerbar la represión”, concluyó.

Sobre Andreozzi y Gaudiero señaló que tuvieron a su alcance la instalación del procedimiento policial y, como particularidad,  les atribuyó la “extensión” de su alcance más allá de los límites de la plaza de Mayo. Dijo que desde la sala de situación de la Dirección General de Operaciones por el entonces comisario mayor Gaudiero implementó el operativo, y que Andreozzi, por entonces su superior directo, también estuvo allí, en reiteradas oportunidades y tuvo un contacto fluido con Santos, a lo largo de la jornada.

Santos y Mathov escucharon a Borda, desde las primeras filas que ocupan junto a sus abogados en la sala SUM desde que comenzó el debate en febrero de 2014, en los tribunales penales de comodoro Py. Gaudiero y Andreozzi, hicieron otro tanto, en alguna oportunidad movieron la cabeza en señal de negación, sentados al final de la sala, en la fila opuesta a sus antiguos superiores y frente al tribunal. Ahora, esperan la acusación y los pedidos de pena de la fiscalía. La audiencia se retoma mañana, a las 8 con el alegato de la fiscalía.

MB/RA