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― ¡Vos no apareces más! Va a ser bueno que tu mamá se compre un pañuelo y se ponga a dar vueltas en la Plaza― dijo el periodista Daniel Otero que le gritaron los policías. El  20 de diciembre de 2001 se lo llevaron detenido sin explicaciones y a los golpes. Casi trece años después, ayer llegó a su correo una notificación del Tribunal Oral en lo Federal 6 para declarar en el juicio donde el entonces jefe de la Federal, Rubén Santos, 15 de sus subordinados y el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, están siendo juzgados por la represión del gobierno de Fernando de la Rúa que dejó cientos de heridos y cinco personas asesinadas en el centro porteño. 

Otero contó que trabajaba como productor del programa televisivo Punto Doc y, mientras sus compañeros registraban la masacre, él tenía que ubicar a la diputada Elisa Carrió para invitarla al vivo que se emitiría esa noche. Caminó hasta el Congreso Nacional; pero cuando llegó un policía le impidió el paso. Preguntó los motivos: “¡Porque no se me cantan las pelotas!”, le respondió el policía. Cuando intentó retrucarlo vinieron los golpes, entre tres o cuatro, lo redujeron y esposado lo arrojaron en el celular que lo llevo hasta la comisaría 7, en el barrio conocido como Once.

“Ahí estuve hasta las tres o cuatro de la madrugada. El calabozo estaba lleno. Había hasta un pibe que era paseador de perros, y estaba preocupado porque los había dejado atados a un semáforo”. Como a otros testigos, el abogado querellante Rodrigo Borda (CELS) le preguntó si en la comisaría le informaron el motivo de su detención, si le leyeron sus derechos o si le habían dejado hacer algún llamado. La respuesta fue común para todas esas preguntas: “no”, dijo el testigo.

Antes, a las mismas preguntas Ana María Juárez respondió lo mismo. Esa tarde, cuando la encerraron en la comisaría 6ta. de la Federal, tampoco le informaron los motivos, ni le leyeron sus derechos. La mujer que por entonces tenía 51 años había viajado desde Lomas de Zamora, primero en tren y después en colectivo para llegar al epicentro de las protestas. Estaba en la zona del Congreso cuando un joven le advirtió que la policía estaba tirando con balas de plomo y le mostró una.

Cuando terminó de declarar -como lo viene haciendo con otros testigos- el defensor de Santos, Virgilio Loiácono, le preguntó sobre su militancia y si conocía los alcances del estado de sitio. “La testigo debe responder lo que vio, escucho y no lo que sabe o no de derecho”, interrumpió el fiscal Fernando Fiszer, pero el tribunal dejó que Loiácono insistiera en saber si la mujer conocía los alcances del estado de sitio. “Creo que es cuando el gobierno le quiere poner un límite al pueblo”, respondió Ana María.

La hipótesis del francotirador

La presencia de Otero en la sala de audiencias les permitió a las defensas de Enrique Mathov y el ex jefe de la Federal, Rubén Santos, reflotar la versión lanzada en el programa Punto Doc sobre la posibilidad de que habrían existido francotiradores en los alrededores de las avenidas de Mayo y 9 de Julio. Argumento que había usado el expresidente Fernando de la Rúa para desligarse de los asesinatos.

El periodista le quitó entidad a la versión. Recordó que trabajaban en un informe sobre el tema cuando una persona -de la que prefirió no revelar la identidad- les planteó esa posibilidad. La fuente no estaba dispuesta a hablar ante cámara, pero les señaló un edificio en la zona de las avenidas de Mayo y 9 de Julio de donde podrían haber estado apostados los tiradores.

En el programa decidieron contar la versión y llamaron a dos peritos que ante las cámaras dijeron que desde allí se podría disparar. Ambos especialistas figuran entre los más de 600 testigos pedidos por las partes en este debate. “Lo único que demostramos es que a ese edificio se podía entrar fácilmente”, concluyó Otero, cuando los abogados de Santos y Mathov insistieron al respecto.

Otero decidió mantener en reserva la identidad de la persona que le dio esa versión, pero fue tajante: “No había ningún elemento fáctico que avalara esa hipótesis, ni un documento, ni otras pruebas materiales. Era una opción de trabajo y terminó ahí”, concluyó.

En esta causa Santos y Mathov están involucrados por los homicidios culposos de cinco personas, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad junto a los ex comisarios Raúl Andreozzi, entonces superintendente de Seguridad Metropolitana y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero. Los otros seis expedientes acumulados en este juicio tocan a los tiradores y policías de la Federal que en la zona del Congreso Nacional, y en las avenidas de Mayo y 9 de Julio, salieron a cazar a los manifestantes.