Fue elaborado por un subcomisario de la Metropolitana y lo presentó uno de los 9 policías acusados de la muerte de Alberto Márquez el 20 de diciembre de 2001. La fiscalía y las querellas lo rechazaron por "extemporáneo" y porque no pudieron tener control de su producción y el Tribunal ordenó un nuevo peritaje al CONICET.
Entró en su etapa final el juicio por la represión en diciembre de 2001. Esta semana ampliaron sus indagatorias los nueve ex policías acusados por el asesinato Alberto Márquez, el hombre que aquel 20 de diciembre se desplomó a metros del Obelisco, cuando una bala de plomo le destrozó el pecho. Para intentar desvincularse de este asesinato, uno de estos ex policías quiso presentar un informe que encargó a un oficial de la Metropolitana. La fiscalía y las querellas se opusieron porque no fueron avisados y no pudieron controlarlo. El Tribunal Oral Federal 6 no aceptó el informe, pero pidió un nuevo peritaje al CONICET.
Aquel 20 de diciembre, poco antes que un helicóptero alejara a Fernando de la Rúa de la Casa Rosada, un grupo de oficiales comandados por el ex comisario Orlando Oliverio -a bordo de dos autos y una camioneta no identificados- se desplegaron sobre la avenida 9 de julio, cerca del Obelisco. En las imágenes registradas por el canal policial 4 y por Crónica TV –que fueron transmitidas en el juicio-, se ve como algunos de ellos apuntan y disparan con armas largas.
Enfrente quedaron los manifestantes. A Márquez lo alcanzaron dos balas, cuando ingresó al hospital Ramos Mejía los médicos ya no pudieron hacer nada. Martín Galli recibió otro balazo; a él lo salvó el Toba Héctor García, quien fue militante en los 70 y se emperró en salvarle la vida: con un dedo le tapó el agujero que la bala le había hecho en la nuca. Paula Simonetti desde ese día, vive con una bala de plomo en su cuerpo: “Entró cerca de la vena aorta, a la altura del broche del corpiño”, recordó en el juicio.
La versión de los policías
En el juicio en total son 16 los ex policías acusados por la represión, y Enrique Mathov, es el único funcionario y político que comparte con ellos el rol de los acusados. En las últimas tres audiencias, los policías fueron identificados y reconocieron haber estado en el lugar. Hace una semana el ex principal Eugenio Figueroa presentó un informe con el que pretendía demostrar que tanto él como el resto de los policías habían llegado a la zona después de los hechos.
“En las imágenes que se proyectaron en la sala se ven distintos relojes, no llega a identificarse a quiénes pertenecen y después se hace un acercamiento con el que terminan dibujando la hora supuesta digitalmente”, contó a Infojus Noticias Juan Carlos García Dietze, el abogado que representa a la familia de Márquez. El informe fue elaborado por un subcomisionado de la Policía Metropolitana, que no era conocido para ninguna de las otras partes. Por esto, tanto la fiscalía encabezada por Mauricio Viera como las querellas rechazaron su incorporación por “extemporáneo” y porque no pudieron tener control sobre su producción.
Un nuevo informe
El tribunal integrado por José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín rechazó la incorporación de este material. Pero tras escuchar el pedido reiterado de las defensas, después de deliberar durante casi una hora, dispusieron encargar un nuevo peritaje, que una vez iniciado debería completarse en diez días. Para eso el tribunal pidió al CONICET que le informe qué especialistas estarían en condiciones de realizar el estudio.
Ese 20 de diciembre, antes que De la Rúa dejara la Casa Rosada en helicóptero, los heridos en las calles del centro porteño fueron cientos, los muertos por las balas policiales cinco: Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, y Diego Lamagna. El de Márquez es el único asesinato por el que deberán responder sus ejecutores.
En esta causa, Mathov y el ex jefe de la Federal Rubén Santos y sus segundos, Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi, están acusados por sus homicidios de manera indirecta –culposos-, por haber ordenado la represión en la que perdieron la vida, e incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Los otros seis expedientes acumulados en este juicio tocan a los tiradores y policías de la Federal que en la zona del Congreso Nacional, y en las avenidas de Mayo y 9 de Julio, salieron a cazar a los manifestantes.
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