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“No se deben a la policía, a ningún operativo, ni al gobierno porque no hubo un plan de represión”, dijo esta mañana el ex presidente Fernando de la Rúa al referirse a los manifestantes asesinados el 20 de diciembre de 2001 en las inmediaciones de la Casa Rosada, en la represión que marcó el fin de su gobierno. Declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) que, desde hace casi un año y medio, juzga por estos hechos a su ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, y a 16 ex policías de la Federal.

No es la primera vez que el ex presidente declara en esta causa. El 26 de diciembre de 2001, a las 13.18 -seis días después de haber abandonado su cargo en un helicóptero, desde los techos de la Casa Rosada-, De la Rúa presentó de puño y letra su primer descargo. Reconocía haber impuesto el estado de sitio, pero negaba su responsabilidad por las muertes ocasionadas y la represión con la que la Federal intentó impedir que los manifestantes permanecieran en la Plaza de Mayo. “Es claro que los procedimientos no estaban a mi cargo”, aseguró en el escrito que bajo la leyenda “Dios Guarde a V.S.” lleva su firma.

A esta, sucedieron otras declaraciones del ex mandatario durante la instrucción de la causa en la que estuvo imputado hasta este año, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó su sobreseimiento. En mayo de 2004, lamentó “ser tratado como expresión de un aparato represivo dominante a la manera de Hitler, Stalin o Pinochet”.

Declaración de De la Rúa, de diciembre de 2001.

En julio de 2003, dijo que no se enteró que cinco personas habían sido asesinadas en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, hasta la “noche”. Cuando Mathov se lo confirmó desde el despacho de la jueza que abrió esta investigación, María Servini de Cubría. Ahora, ante los jueces José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín,lo volvió a reiterar.  Y en una expresión -sobre la que después intentó volver y corregirse- responsabilizó al ex secretario de Seguridad  y al fallecido ministro del Interior Ramón Mestre, por los asesinatos.

Derecho a no auto incriminarse

Antes de comenzar a declarar y a pesar de haber conseguido un sobreseimiento firme en la Justicia local, hizo notar que no respondería preguntas que pudieran resultar auto incriminatorias. Punto sobre el que volvió durante el interrogatorio, cuando se dijo molesto por algunas de las preguntas de los fiscales Mauricio Viera y Mariano Domínguez y de la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), encabezada por Rodrigo Borda.

Cuando Borda le remarcó que había señalado al único político imputado en esta causa como responsable, se apuró a corregir:

— No lo planteo como un problema de competencia—, empezó y aseguró que se estaba refiriendo a quien le había informado sobre las muertes. Después intentó esquivar la respuesta: “el dolor que siente un presidente de la democracia pensando que ha habido muertos es tremendo”, apuntó. Finalmente, se ofuscó e increpó al tribunal: ¿Está comprobado si esos muertos se debieron a un accionar de la policía?

El presidente del tribunal Martínez Sobrino intentó que la audiencia retomara su cauce. Le recordó: “Usted tiene un sobreseimiento firme en jurisdicción nacional, que tiene valor de cosa juzgada, pero puede no responder aquello que le resulte incriminatorio”. En una audiencia que duró más de dos horas y media, el testigo hizo uso de este recurso en más de una oportunidad.

Desde la sala destinada al público,separados de las partes por una pared de vidrio, lo escucharon los familiares y amigos de Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, asesinados ese 20 de diciembre. Aunque para la Justicia local el ex mandatario está fuera de alcance, ellos lo responsabilizan por la muerte de sus hijos, hermanos y amigos. Llevaban remeras blancas con la inscripción “Los caídos viven en nuestra lucha, familiares de los asesinados el 20 de diciembre de 2001”.

En la audiencia, De la Rúa hizo un relato cronológico del último día de su presidencia. Lamentó algunas cosas. Entre ellas, haber aceptado la sugerencia del jefe de la Casa Militar, el vicealmirante Carlos Carbone, de alejarse de la casa de gobierno en helicóptero. “Estoy arrepentido por la imagen que quedó de eso”, aseguró. Y también de haber decretado –la noche del 19– el estado de sitio: “Teníamos la idea de que la gente estaba atemorizada (por los saqueos), y fue un mal diagnostico; la gente estaba más afligida por la situación económica. De manera que hubo gente que además de hacer sonar las cacerolas se manifestó”. 

A la derecha, el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov.

Las responsabilidades: para otros

Al comenzar su relato, el ex presidente aseguró que esa mañana había llegado en helicóptero a la casa de Gobierno, desde Olivos, poco después de las once. Aseguró que mantuvo una reunión con el ministro del Interior Ramón Mestre, su hermano Jorge de la Rúa, por entonces ministro de Justicia y el jefe de Gabinete Chrystian Colombo, de su gobierno. Dijo que en esa reunión evaluaron negativamente que la policía montada actuara contra los manifestantes reunidos en plaza de Mayo.

Para entonces, los canales de televisión mostraban como los caballos avanzaban sobre un grupo de Madres de Plaza de Mayo, presentadas y pedidas también como testigos en este juicio.

—Alguien dijo que era inconveniente, y que no debía seguirse. Se dieron órdenes de que la montada no actúe. Fue un consenso, de la reunión—, dijo De la Rúa. Acto seguido, el abogado del CELS le pidió detalles, quiso conocer cuál había sido la intervención de cada uno de los nombrados.

—Creo señor presidente que el interrogatorio toma un tono intimidatorio—, esquivó De la Rúa dirigiéndose al juez Martínez Sobrino. El magistrado le aclaró que no advertía tal circunstancia.

Y el testigo volvió sobre sus dichos: “De mi parte no dí objeción para que se hiciera cesar la acción de la policía montada”, pero aseguró que quien había dado las órdenes sobre el operativo y también que secaran los ataques de los caballos había sido la jueza María Servini de Cubría.La jueza que después tuvo a su cargo la instrucción de esta causa y que, esa misma tarde, le mandó un oficio notificándolo oficialmente de los asesinatos ocurridos en los alrededores de la plaza.

Afuera, los familiares y las víctimas de aquella represión escuchaban en silencio. Hacia el final de su declaración apuntó otra vez al fallecido Mestre –jefe inmediato de Mathov-: “Ninguna irregularidad me fue informada. Y la policía actuaba bajo la responsabilidad del ministro del Interior”. “Solo puedo decir que yo jamás encarcele a nadie, y que los actos que dicté fueron de trámite burocrático”, remató. Cuando terminó su declaración, los familiares se levantaron. Salían de sus sillas mientras gritaban ¡Asesino! ¡Asesino! El tribunal ordenó despejar la sala. Ya en los pasillos de Comodoro Py, al caer la tarde, gritaron los nombres de sus familiares asesinados. ¡Presentes! ¡Por siempre, presentes!

En esta causa, están acusados el ex jefe de la Federal Rubén Santos y Mathov por los homicidios culposos de cinco personas, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, junto a los ex comisarios Raúl Andreozzi, entonces superintendente de Seguridad Metropolitana y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero. Los otros seis expedientes acumulados en este juicio tocan a los tiradores y policías de la Federal que en la zona del Congreso Nacional, y en las avenidas de Mayo y 9 de Julio, salieron a cazar a los manifestantes.

MB/LC