Infojus Noticias

Los querellantes en la causa por la represión en el Borda, ocurrida el año pasado, tuvieron una audiencia esta mañana por la apelación presentada en diciembre al sobreseimiento de funcionarios del PRO, entre ellos el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. “Nosotros no queremos que la situación quede impune, para poder establecer la responsabilidad del estado porteño”, dijo a Infojus Noticias Luciano Fernández, secretario gremial de ATE, cabeza de una querella y uno de los reprimidos en el Borda.

El juez Jorge Adolfo López dictó en diciembre el sobreseimiento de todos los funcionarios por la represión, a saber: el jefe de Gobierno Mauricio Macri; la vicejefa María Eugenia Vidal (que fue vista en el Borda durante la primera hora de represión por dos trabajadores de ATE, lo cual no fue investigado); el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín (quien dio la orden de demolición del taller a pesar de la cautelar que lo protegía);  el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro; la ministra de Salud, Graciela Reybaud; y el jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez. Quedó como único procesado el agente de la Policía Metropolitana Martín Roth.

En la audiencia se expuso la responsabilidad del Jefe de Gobierno y los demás funcionarios en la decisión de destruir el Taller 19 y la represión. Lucas Arakaki, abogado de la querella encabezada por Fernández y el secretario general de ATE, Alejandro Gianni, explicó a Infojus Noticias que “hay un delito comisivo, que fue poner tanta policía mostrando una decisión previa de las autoridades para llevar adelante la represión, lo que podía tener estas consecuencias. Pero también hay un delito omisivo, ya que una vez largada la represión no dieron orden de frenarla”.

La sala IV de la Cámara escuchó los argumentos de las querellas, de las defensas y del fiscal general Sáenz, que adhirió a la apelación. En función de eso debe resolver. “Nosotros pedimos que se revoque el sobreseimiento y se siga investigando qué hacían los funcionarios en ese momento que no pudieron tomar la decisión de parar la represión. También queremos que se procese al jefe de la Metropolitana, Horacio Giménez, con posición de garante sobre la represión por estar presente en el lugar”, dice Arakaki.

 “Nosotros entendemos que hay distintos niveles de responsabilidad pero que hay un plan global, porque nadie ignoraba lo que pasaba”, agregó Fernández. “El corolario de la situación fue una conferencia de Macri, que siguió la represión por TV sin mandar a cesar la brutalidad de la Metropolitana, donde hizo lo que hace siempre: deslindar responsabilidades”. La próxima audiencia será el 11 de abril, y se espera que la sala resuelva sobre el recurso de queja presentado.

En la otra causa por la represión, en tanto, continúan procesados cinco trabajadores, entre ellos Daniel Catalano, secretario de Organización de ATE. Catalano le sacó el bastón a un policía, lo arrojó lejos para evitar que lo siguieran golpeando y fue procesado por intento de robo y lesiones. El 28 de marzo pasado, los trabajadores presentaron un recurso de apelación por sus procesamientos.