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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los querellantes en las cinco causas por las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, pidieron hoy al Tribunal Oral Federal (TOF) Nº6 que "terminen las dilaciones y chicanas" y fije fecha de inicio del juicio oral a los responsables de la feroz represión que dejó, en todo el país, 38 muertos.

“Desearíamos que no hubiera un nuevo 19 y 20 de diciembre sin juicio oral”, dijo el presidente del CELS, el periodista Horacio Verbitsky, que encabezó hoy la conferencia de prensa. Y agregó: “Esta dilación demuestra el profundo desinterés de los jueces por hacer justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos como éste.Pasó mucho tiempo, demasiada impunidad. Aquí hubo falta de respuesta judicial a las víctimas".

A Verbitsky lo acompañaron el abogado Federico Efrón, también del CELS; la viuda de Gastón Riva, Mercedes Arena; la hermana de Diego Lamagna, Karina Lamagna; Marta Pinedo, viuda de Alberto Márquez; y otras víctimas y familiares. Anunciaron la presentación de un pronto despacho ante el TOC 6, procurando la celeridad del proceso judicial.

Verbistky dijo: "A pesar de todas las invocaciones de (juez de la Corte Ricardo) Lorenzetti para que la justicia sea receptiva ante reclamos de los más vulnerables, los más débiles en este caso ha ocurrido exactamente lo contrario", aseveró. Y agregó que las demoras no se deben a la complejidad de la causa "sino pura y exclusivamente al sistema de trabajo impuesto" por los jueces que intervinieron desde entonces.

Lamagna planteó: “Queremos ser escuchados y que el tribunal haga lo que tiene que hacer. Esta situación parece una burla hacia nosotros, los familiares.Todos los imputados tienen que estar presos. Impunidad es una palabra muy grave en democracia. Ese día se pidió que se vayan todos pero siguen los mismos", se lamentó aludiendo a la Justicia.

El largo derrotero judicial

Durante las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001, sólo en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires, murieron cinco personas, 227 resultaron heridas de distinta gravedad y cerca de 300 fueron detenidas a raíz del estado de sitio que declaró De la Rúa. A partir de ahí se iniciaron múltiples procesos judiciales para investigar los crímenes. Las víctimas en todo el país fueron 38.

En lo que respecta a las muertes de Lamagna y Riva, la causa ha seguido un largo derrotero. En junio de 2002, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de Enrique Mathov, secretario de Seguridad, y Rubén Jorge Santos, ex jefe de la Policía Federal, por los homicidios culposos de Lamagna, Riva, Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto y Márquez y diversas lesionas culposas de los manifestantes que estaban allí la tarde de diciembre.

"Tomaron una causa única y la fragmentaron en cinco. También hubo de parte de las defensas políticas de dilaciones y chicanas. Claro, ellos no tienen ningún apuro, el apuro es de las víctimas", dijo Verbitsky y puso como ejemplo que Santos y Mathov "fueron procesados muy rápidamente" pero después la instrucción "se demoró inexplicablemente durante seis años".

En julio de 2005, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de Norberto Gaudiero (ex jefe de la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal) y Raúl R. Andreozzi (ex jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Federal), por los mismos hechos.

El 2 de octubre de 2006, la jueza Servini de Cubría dispuso el cierre parcial de la etapa de instrucción. Días después, el abogado Rodolfo Yanzón y el CELS, en representación de las víctimas, pidieron la elevación a juicio.  

A partir de ahí se inició un camino de pedido de nulidades y absoluciones por parte de los acusados. Luego, la jueza Servini de Cubría declinó su competencia y la instrucción quedó a cargo del juez Claudio Bonadío, a partir del 6 de agosto de 2007. Dos años después, en 2008, Bonadío declaró clausurada la instrucción y se elevó a juicio las imputaciones contra Mathov, Santos, Gaudiero y Andreozzi por cinco homicidios culposos y 117 lesiones culposas.

Por otra parte, Verbistky denunció que los jueces "no pusieron ningún límite" a las maniobras dilatorias y chicanas judiciales de los abogados defensores de los acusados. "Es una verguenza y la impunidad para estos graves crímenes es condición necesaria para que se sigan produciendo este tipo de episodios en nuestro país. En la medida en que la muerte de ciudadanos jóvenes es tan barata y sin las consecuencias que deberían tener, esto es leído como carta blanca, una autorización y que no corren riesgo las fuerzas de seguridad, hagan lo que hagan", dijo.

Así, la causa ingresó al Tribunal Oral Federal Nº 6 (TOF 6) el 19 de marzo de 2009 y todavía no se ha elevado a juicio.