Represores prófugos: los jueces del TOF no fueron informados de los traslados
En la investigación sobre la fuga de los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón de Marchi se devela la falta de comunicación entre jueces federales. Los jueces del TOF que juzgaron a los prófugos no fueron informados sobre la autorización a los detenidos para hacerse análisis médicos.
Los jueces del Tribunal Oral Federal que juzgaron a los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi, no fueron advertidos sobre la autorización a hacerse estudios médicos en el Hospital Militar Central que dieron jueces los federales Leopoldo Rago Gallo y Miguel Ángel Gálvez. Dante Vega, fiscal general de Mendoza con actuación en San Juan, lo confirmó a Infojus Noticias: “Eso está corroborado con la fiscal de instrucción Katia Troncoso Muñoz, no fueron notificados”, afirmó el fiscal. Según los incidentes de excarcelación que tramitan.
Los ahora prófugos, condenados por delitos de Lesa Humanidad y que estaban momentáneamente alojados en el Penal de Chimbas, sabían desde antes de ser condenados de su excursión al Penal de Marcos Paz. Sin embargo, ni los jueces del Tribunal Oral ni el Ministerio Público fueron informados de los trámites. Olivera y De Marchi estaban a cargo de los jueces federales Rago Gallo y Gálvez, porque tenían causas en plena instrucción, pero también a cargo de los jueces del Tribunal Oral que los habían condenado tiempo antes. “Lo que corresponde, si yo soy juez federal, es, no pedir permiso, pero al menos avisar a todas las autoridades que tienen a cargo esos reclusos”, dijo Vega.
El dato también lo consignan en la investigación publicada en la página web del Ministerio Público Fiscal, quienes accedieron junto a la fiscal de instrucción Katia Troncoso Múñoz a las actuaciones judiciales de los incidentes en los que los represores, patrocinados por el mismo abogado, piden las autorizaciones al juzgado federal N° 2 de San Juan. "Las constancias revelan que el Ministerio Público Fiscal fue marginado en todo el proceso y que el Tribunal Oral de San Juan, que al igual que el juez de instrucción tenía a su cargo a los dos presos, estuvo ajeno a todo lo ocurrido hasta el 18 de julio", dice el informe.
Eso no sucedió. Ahora, el juez federal Claudio Bonadío y el fiscal federal Eduardo Taiano, deben decidir si hubo complicidades y un plan tramado para la fuga por los condenados. Algo es seguro: oportunidades, tiempo y recursos tuvieron. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, sabían desde mediados de junio –antes de ser condenados, incluso- que estaban autorizados, tenían acceso a internet en la cárcel, y el cronograma de turnos médicos que ambos pidieron era sugestivamente similar. “Mientras menos información hayan dado, más compleja será su situación”, consideró Vega. “Aunque eso lo deberán determinar Bonadío y Taiano, que tienen jurisdicción sobre el caso”, concluyó el fiscal general.
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