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A través de una serie de operativos realizados en las provincias de San Luis, Córdoba y Tucumán, el Gobierno nacional rescató y asistió a 60 personas que eran sometidas a condiciones de explotación laboral y malos tratos, mientras que en uno de los allanamientos fueron detectados ocho casos de explotación infantil.

Una de las intervenciones se originó en un llamado al 145, la línea gratuita del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esa línea funciona las 24 horas.

El primero de los allanamientos se realizó en San Luis, en una finca  dedicada a la cosecha de papas. Fueron rescatadas 13 personas, en su mayoría oriundas de Santiago del Estero. Quedaron a resguardo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Victimas de Trata.

Allí se constató que las víctimas vivían en condiciones de hacinamiento. Por caso, en una habitación carente de  baños y sin higiene y seguridad convivían ocho personas. Todas eran obligadas a trabajar extensas jornadas con sus derechos laborales y humanos gravemente vulnerados.

Una situación similar se detectó en Córdoba, en un procedimiento realizado en una fábrica de ladrillos en la localidad de Malvinas Argentinas, cercana a la capital provincial, donde 45 personas de nacionalidades argentina y boliviana, entre ellas ocho menores de  edad de entre 14 y 17 años, eran sometidas a condiciones de explotación laboral.

El equipo de profesionales del Programa de Rescate entrevistó  a las víctimas, que declararon trabajar una excesiva cantidad de horas. Mientras que el hacinamiento y las condiciones de insalubridad en las que vivían incrementaban las situaciones de riesgo y vulnerabilidad a las que eran expuestas. 

A su vez, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, tras el allanamiento a un domicilio privado que funcionaba como taller de confección y venta de canastos, fueron rescatados una joven colombiana de 16 años y su hijo de 14 meses, quienes quedaron a resguardo del Programa de Rescate.

En este caso, si bien no se había consumado aún la etapa de explotación, la joven denunció haber sido abusada sexualmente y solicitó asistencia para regresar a su país de origen. Contó que le habían ofrecido un trabajo como empleada administrativa, situación que nunca se concretó al arribar a la Argentina. Este último operativo es el que se originó en un llamado al 145.

En los tres allanamientos, la Justicia dispuso la detención de los responsables de los establecimientos intervenidos. En la mayoría de los casos las víctimas coincidieron en haber aceptado la propuesta laboral debido a la situación de vulnerabilidad económica que atravesabanen sus lugares de origen. Y mencionaron que las condiciones de trabajo a las que eran sometidas no coincidían con lo que les habían ofrecido.

En 2008 la ley 23.364 -impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner- tipificó a la trata como delito federal y creó la Oficina de Rescate. Desde entonces, ya han sido liberadas más de 5.000 personas sometidas a condiciones de explotación laboral o sexual, mientras que durante la primera mitad de este año fueron rescatadas 1.047 personas en operativos realizados en distintos puntos del país.