Infojus Noticias

Elba Salomone recuerda el día en que los medios de comunicación cordobeses dijeron que Río Tercero había desaparecido. Le dio la noticia uno de sus hijos, que llegó corriendo de la escuela: “Explotó la fábrica y tenemos que irnos todos, porque puede empeorar”. Elba preparó rápido las cosas básicas para abandonar la casa mientras el hijo buscaba a su hermanita menor de la escuela. Cuando volvieron, se encontraron con la ciudad en ruinas; habían muerto siete personas y 300 habían resultado heridas. La de Elba es una de las tantas historias que dejó noviembre de 1995, cuando en un intento de ocultar los faltantes por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, explotaron dos fábricas de armas en Córdoba: una, el 3 de ese mes; la otra, el 24. Ayer, a casi 20 años, el Senado transformó en ley el proyecto del ex diputado y actual secretario general de la Presidencia, Eduardo "Wado" de Pedro, para indemnizar a los damnificados por la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero (FMRT).

“Esta ley es el logro de tanta lucha todos estos años. En el momento que explotó la fábrica yo vivía a varias cuadras pero fue como estar ahí al lado: vidrios rotos, desesperación, salir disparando con los chicos. Fue muy feo dejar la casa pero tuvimos que irnos porque no quedaba otra. Mi marido estaba trabajando en Córdoba capital y escuchó que había desaparecido Río Tercero. Se vino como tiro, empezó a buscarnos por todos lados y recién a la noche nos pudimos comunicar. Él pensó cualquier cosa, que estábamos todos muertos, y fue una angustia cuando nos habíamos acomodado, pasar por otra explosión. Sufrimos tanto, fue tanto trabajar y trabajar que parecía que ya no pasaba nada. Pero, por fin, sentimos que nos escucharon”, dijo Elba a Infojus Noticias.

El proyecto de indemnización fue impulsado el año pasado en la Cámara de Diputados por De Pedro. Ayer a la tarde fue aprobado en el Senado por unanimidad. “A casi 20 años del trágico hecho, muchas de las víctimas y sus familiares no habían recibido una efectiva reparación. Esta deuda pendiente es lo que esta nueva Ley viene a saldar en el marco de las políticas de estado que el gobierno viene desarrollando desde el año 2003”, dijo el secretario general de la Presidencia y agregó que “no hay futuro sin reparación del pasado y, afortunadamente, además de esta norma que indemniza a las víctimas hoy la fábrica está en pleno proceso de reactivación. Pero no habrá reparación completa y paz para las víctimas si el Poder Judicial no juzga a todos los responsables de la voladura de la fábrica”.

Los ex jefes del Ejército, condenados

La voladura destrozó los barrios Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino en la localidad cordobesa que da nombre a la empresa estatal. Por estos hechos, en diciembre de 2014, cuatro ex jefes militares fueron condenados, con penas de entre 10 y 13 años de prisión, por el delito de estrago doloso por el Tribunal Oral en lo Federal N° 2 de Córdoba (TOF 2).

Los fiscales federales Guillermo Lega y Carlos Lozada habían pedido para los cuatro imputados –Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto, Edberto González de la Vega y Carlos Franke–, penas de 15 años de prisión.  Para los fiscales, durante los cuatro meses de debate, quedó demostrado que esa mañana el incendio en la planta de carga de FMRT se inició “de manera intencional, programada y organizada” para ocultar la faltante de proyectiles y municiones que tenía el Ejército por traficarlos a Ecuador y Croacia”. Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino fueron condenados a 13 años, mientras que Marcelo Diego Gatto recibió la pena de 10 años.

"Si bien todas las pruebas conectadas entre sí dan fuerza a la posición de la fiscalía, a mi criterio es fundamental la pericia contable: la registración no adecuada demuestra que se ocultó en favor del tráfico ilegal de armas”, explicó entonces Lega a Infojus Noticias sobre los fundamentos de su alegato. El juez federal a cargo de la instrucción, Luis Rodolfo Martínez, había solicitado pericias contables, que concluyeron que “las cantidades de materiales informadas desde Fabricaciones Militares como parte de sus existencias no eran las que realmente existían en la Fábrica Militar Río Tercero al momento de las explosiones”. En cifras, el informe presentado por los peritos contadores oficiales señaló que la diferencia alcanzaba a la cantidad de 49.000 proyectiles.

Una reparación histórica

La ley establece una indemnización a las personas que se encuentren reclamando judicialmente los daños y perjuicios ocasionados por la voladura de la fábrica de armas. Las reparaciones alcanzarán a 10.691 personas: herederos de fallecidos; quienes hayan sufrido lesiones graves, daño moral o psíquico; quienes hayan tenido perjuicios por daños materiales; o aquellos a los que la voladura les haya desvalorizado las propiedades.

Los herederos de las personas que fallecieron a consecuencia de la explosión tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente a “la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, multiplicado por 100”, que alcanza el valor de 2.281.200 de pesos en bonos de consolidación o bonos de consolidación de las deudas previsionales. Los que sufrieron lesiones gravísimas cobrarán el mismo monto reducido en un 30 por ciento. Será un 40 por ciento menos para las víctimas con lesiones graves; un 96 por ciento menos a quienes hayan demandado al Estado Nacional por reparación de daño moral o daño psíquico; y un 97 por ciento menos a los que demandaron al Estado por la reparación de daño material.

MM/LL