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La muerte de Gastón Arispe Huaman, el nene de 13 años que el 9 de marzo se ahogó en el pozo ciego de su casa en la villa Rodrigo Bueno, puso en evidencia y en la agenda mediática la necesidad urgente de urbanización del barrio. Desde 2005 los vecinos reclaman una solución al Gobierno porteño. El caso se judicializó y el Tribunal Superior de Justicia porteño es quien tiene que decidir sobre el tema. El martes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron un amicus curiae en la causa.

Gastón se ahogó cuando intentaba salvar a su gato que había caído en un pozo negro. Cuando llegó el SAME, 40 minutos más tarde, los médicos no podían ingresar con la ambulancia por los pasillos angostos de la villa. La carátula de la causa es muerte dudosa y su familia exige Justicia. Apunta, principalmente, a Mauricio Macri. Por eso hoy acompañada de distintas organizaciones marcharan desde la entrada del asentamiento hasta la Legislatura a partir de las 14.30. El reclamo que llevarán durante la movilización es doble: “¡Justicia por Gastón! ¡Urbanización ya!”.

Es que a pocas cuadras de Puerto Madero, las familias que se asentaron en la Rodrigo Bueno viven sin cloacas ni agua potable. La demanda de urbanización data de una década atrás cuando un grupo de vecinos presentó un  amparo para impugnar el decreto que buscaba desalojarlos el lugar. También solicitaron la intimación al gobierno de la Ciudad para que garantice el derecho de los demandantes a gozar de una vivienda digna, la urbanización y el acceso a los servicios públicos necesarios. En 2011 la jueza Elena Liberatori ordenó una serie de medidas para garantizar esos derechos. En su resolución estableció la nulidad del decreto, la integración urbanística y social del barrio y la incorporación del barrio al Programa de Radicación e integración de Villas. Además, indicó que el gobierno local debía abstenerse de desalojar el asentamiento.

La medida de Liberatori fue apelada por la Ciudad. El último 30 de septiembre los jueces Fernando Juan Lima y Esteban Centanaro de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar al recurso de apelación. En su fallo rechazaron el reclamo de los vecinos. Los magistrados sostuvieron que las familias no tenían ningún título que avale la ocupación y que la permanencia en bienes públicos no otorga derecho a reclamar la propiedad.

La Defensoría General volvió a apelar y esta vez el expediente recayó en el Tribunal Superior de Justicia porteño, que tiene actualmente la resolución definitiva a cargo. Es en esa instancia en la que CELS y ACIJ llevaron el amicus curiae.

“La decisión de la Sala II ha desconocido el contenido que la Constitución Nacional, la Constitución local y los instrumentos internacionales de derechos humanos brinda al derecho al hábitat adecuado y a una vivienda digna. Así planteado, la ACIJ tiene el deber y el compromiso social de intervenir en este tipo de causas, siendo promotora idónea de los intereses sociales más amplios y esenciales de la sociedad”, dice el escrito que presentaron ambos organismos al que tuvo acceso Infojus Noticias.

“Esperamos que la Justicia obligue al gobierno a hacer efectivos los derechos fundamentales que hoy le niega a las cientos de familias que habitan, en algunos casos hace más de 20 años, en la villa Rodrigo Bueno”, dijeron desde el CELS en un comunicado.

En un carril paralelo, en diciembre la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires junto a la Defensoría General de la Nación presentaron un proyecto de ley para urbanizar el barrio, la iniciativa todavía no tuvo tratamiento.

MFA/LC