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Los testimonios en el jury contra el juez Axel López, acusado de mal desempeño, continuaron hoy y se reanudarán mañana a partir de las 9. El Tribunal escuchó ayer las primeras declaraciones, junto a la presentación de la querella y el alegato de la defensa. López prefirió no declarar por ahora. Los testigos programados para hoy fueron el fiscal subrogante Jorge Andrades, Nilda Ayala y Edgardo Miguel Carbajal, del Servicio Penitenciario Federal; y Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hasta el jueves, está previsto que declaren más de 20 personas, entre expertos en Derecho Penal, familiares de víctimas dolosas, miembros del Servicio Penitenciario y funcionarios políticos. El diputado Carlos Kunkel (FpV), que figura en la lista de testigos, dijo que mandará su declaración por escrito.

El juez está señalado de “mal desempeño en sus funciones”, por haber otorgado salidas transitorias a Juan Ernesto Cabeza (condenado a 24 años de prisión por violación), quien asesinó a Tatiana Kolodziey. Los representantes de la acusación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación son los miembros del organismo Gustavo Adolfo Valdés (Diputado UCR) y Jorge Daniel Candis (Académico), y como defensores de López actúan el ex miembro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni junto con Federico Andrés Paruolo y Adrián Daniel Albor.

Esta mañana el ex juez de la Corte Suprema no estuvo porque tuvo  un compromiso en el Senado bonaerense, donde se inició un debate sobre políticas post penitenciarias. En cambio se presentó Albor, que no había estado ayer.

Los testimonios

La primera en declarar fue Litvachky, que reiteró lo que señaló el  CELS señaló en 2013 cuando se presentó como amicus curiae frente a las denuncias contra López. “Hicimos esa presentación para manifestar la preocupación por el avance del proceso disciplinario contra el doctor López porque entendíamos que no había sustento legal para avanzar en un proceso disciplinario”.

“Los jueces deben atenerse a lo que rige la ley en este caso el Código Penal, siempre en el marco de la interpretación que el juez debe hacer de esas normas, a partir de los que la Constitución le fija como marco regulativo, fundamentalmente el principio de legalidad”, dijo la representante del CELS y aseguró que en el organismo no hay “una mirada restrictiva de los procesos disciplinarios y no creemos de ninguna manera que los jueces no puedan ser juzgados”,  pero que en el caso de López no les parecía adecuado.

“En este caso tanto el Código Penal como la ley de ejecución penal son clarísimas en cuanto a los que requisitos que se le ponen al juez para conceder o no la libertad condicional, las salidas transitorias o las medidas relativas a la progresividad de la pena. Esa es una discusión que se tiene que dar en el Congreso o que en todo caso debe guiarse con la jurisprudencia”, dijo Litvachky y respondió que no vio todo el expediente de Cabeza, sino la decisión del juez y los informes.

El público, casi todos familiares de víctimas de homicidios dolosos, ocupó la mayor parte de las sillas del tercer piso del Consejo de la Magistratura. Entre ellos estuvo Vivian Perrrone –ONG Madres del dolor- que declaró ayer después de la senadora María Inés Pilatti Vergara (FpV). Los familiares comentaban entre ellos, tomaban notan y muchas veces pareciera que les  gustaría formar parte del jurado para preguntar, porque sin darse cuenta, suben la voz.

El fiscal subrogante Andrades, que intervenía en el caso de Cabeza, dijo que no le parecía lo mismo que “saliera de vez en cuando a que estuviera libre de forma plena”. También dijo  que “vio muchos errores por las calificaciones y los informes” sobre conducta que pasa el Servicio Penitenciario. En el caso de Cabeza, el último informe le había dado una “conducta ejemplar 10” y un “concepto muy bueno 7”.

La diputada Sagasti (FpV), miembro del Tribunal, le preguntó a Andrades por una parte de su declaración en la que se refirió a un médico que en una de sus visitas por los penales le dijo que Cabezas no estaba capacitado para salir. El fiscal respondió que no recuerda el nombre de la persona pero que no estaba entre los llamados a declarar hoy. El jury podría detenerse si alguna de las partes pide una ronda de reconocimiento hasta encontrar a ese médico, que sabría de algo negativo de Cabeza que no informó antes de su liberación.

Los testimonios de los empleados del Servicio Penitenciario

Carbajal era médico de la Unidad 7 de Chaco,  del Servicio Penitenciario, donde Cabeza fue trasladado antes de salir y asesinar a Kolodziey. Recordó frente al jurado que sabía que el detenido había pedido voluntariamente entrar al programa CAS y que se encontraba en la etapa 1 del tratamiento, que consta de tres etapas. El médico señaló que él no elaboraba los informes de esa etapa, en la que trabajan psicólogos y psiquiatras con entrevistas  privadas

“La recomendación para Cabeza era que si se le otorgaba la libertad condicional debía seguir un tratamiento extramuros para controlar la parte negativa de su personalidad”, dijo Carbajal.

La última en declarar Ayala, jefa del Servicio Criminológico de la unidad 7 de Chaco, que dijo que “por supuesto conocía los informes que se hacían sobre Cabeza”. Ayala explicó extensamente de qué se trataba el CAS e hizo un recorrido por la conducta del detenido desde que ingreso al Servicio por su primer delito sexual registrado, en 1999, por el que estuvo ocho años detenido antes de ser beneficiado con la condicional.

“El perfil psicológico no lo podemos modificar, simplemente lo podemos atemperar y acompañar para que él pueda conducirse de manera adecuada en la sociedad”, dijo Ayala. Cuando le preguntaron sobre el reingreso a la sociedad de un condenado por abuso sexual dijo que, desde su ámbito de desempeño diario,  “el programa CAS tiene dos factores de riesgo: uno es que hasta el momento no existe cura para el agresor sexual y otro que el ofensor sexual tiene una vulnerabilidad indefinida con respecto a sus desviaciones sexuales. Lo que implica que al momento de concederle un beneficio de estas características,  si él cumple con las condiciones objetivas pautadas por la ley 24660, no se le podemos negar por su perfil sicológico, porque sería afectar el principio de legalidad”. De todas formas “sí debería sujetarse a ciertas cuestiones para que el mismo esté controlado y supervisado”, dijo Ayala. 

Las denuncias en contra

-López fue denunciado por Alejandro Fargosi, representante de los abogados en el Consejo, la ONG Madres del Dolor y el ex senador de Chaco Roy Nikisch.

-Las denuncias en su contra llegaron luego del asesinato de Kolodziey, en octubre de 2012. Le imputan haber “concedido al interno Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro delitos de violación, el beneficio de la libertad condicional, apartándose del dictamen del Cuerpo Médico Forense, que advertía en forma concluyente sobre un serio riesgo de reincidencia por parte del nombrado”.

-Además, López concedió salidas transitorias al asesino de Soledad Bargna, Marcelo Pablo Díaz. Cuando mató a Bargna, gozaba de la libertad condicional. Cumplía una condena de doce años de prisión, dictada en Chubut, por otro caso de violación.

-Otro de los condenados que había sido beneficiado por López es Ernesto Gabriel Gómez, que obtuvo salidas transitorias cuando ya había sido condenado por el crimen de Miguel Lecuna, el marido de Georgina Barbarossa.