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Nurys Caraballo Castillo, oriunda de República Dominicana, está detenida en la Unidad PenitenciariaN° 13. La justicia federal la investiga por obligar a otras mujeres provenientes de su país a prostituirse en burdeles de General Pico, en la provincia de La Pampa. Caraballo Castillo y su expareja, Jorge Ariel Martínez, podrían ser el último eslabón de una red internacional dedicada a la trata de personas, investigada desde 2009.

Las mujeres explotadas sexualmente eran jóvenes que, igual que Caraballo Castillo, llegaban desde República Dominicana. Provenientes de familias de escasos recursos económicos, vendían lo poco que tenían o se endeudaban para viajar a la Argentina. Viajaban atraídas por falsas promesas: trabajos en peluquerías o como personal doméstico. Para obtener más rápido los papeles, las mujeres eran obligadas a ingresar a la Argentina como refugiadas. Después, eran “vendidas" en un circuito de prostíbulos en La Pampa, Córdoba, Río Negro, Misiones, Mendoza, San Luis y, también en la zona denominada “Las Casitas” en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

En 2011, a partir de una pesquisa iniciada dos años antes por la ahora Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal confirmó el procesamiento de Julio Almonte Javier. Este hombre, también dominicano, se encargaba de recibir a las mujeres en el aeropuerto de Ezeiza. Por un tiempo, con colaboración de dos personas más, las jóvenes permanecían alojabas en hoteles del barrio porteño de Once, hasta que las insertaban en la red prostibularia. Almonte fue condenado. Al cumplir la mitad de la pena regresó a su país, dijo a Infojus Noticias Marcelo Colombo, titular de PROTEX.

Ahora, en la causa que instruye la magistrada subrogante del Juzgado Federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó el procesamiento –además del de Caraballo Castillo y Martínez- con prisión preventiva domiciliaria para Ernesto Viani. El hombre de setenta años, figura como titular del local “El Tío” en General Pico. Tenía la habilitación como bar, pero funcionaba como prostíbulo. Caraballo Castillo era la encargada, mientras que Martínez regenteaba a las mujeres en el bar ‘El Bastión’. La jueza, además, les trabó un embargo por cien mil pesos.

Durante meses los investigadores filmaron y vigilaron los dos locales. Por la noche, especialmente los fines de semana, las mujeres ―la mayoría muy jóvenes― eran trasladadas a uno u otro por Caraballo Castillo. A veces las pasaban a buscar en un Ford Focus negro, otras en un Fiat tipo rural o en un Peugeot 206. Después comenzaba la ronda de hombres que las llevaban hasta un camino vecinal o directamente a un hotel alojamiento, y pagaban por mantener relaciones sexuales con ellas. Al amanecer, Caraballo Castillo las volvía a llevar a un domicilio. Por lo menos una de ella vivía allí con su hijo. Una de las cinco dominicanas rescatadas en julio de este año contó que pagaba un alquiler de 200 pesos para vivir allí. En el expediente dijo que enviaba dinero a sus hijos pequeños en República Dominicana, pero “no pudo establecer su actual desempeño laboral, como así tampoco realizar referencias claras respecto al desarrollo de su cotidianidad”. Los peritos dejaron asentado que las acosaba la angustia y el temor por la actividad a la que eran sometidas.

Por las noches Viani - señalado como el jefe- solía “caer” en los prostíbulos. Conocido como el “Tío”, en las filmaciones que registraron los investigadores durante los meses que vigilaron los locales, se lo solía ver “bailar con las mujeres que estaban en el lugar”. En los allanamientos los investigadores secuestraron una “libreta sanitaria” a su cargo, expedida por las autoridades locales, que “habilitaba” a una mujer para el ejercicio de la prostitución. En “El Bastión” secuestraron dos hojas con datos de cuentas que Martínez poseía en distintos bancos. Y partes del expediente de una causa en su contra en la justicia provincial, donde le habían encontrado “anotaciones vinculadas a personas de origen extranjero y cheques a su nombre con dirección de la cuenta en ruta 151, km 124 de 25 de Mayo”, también de La Pampa, donde funcionaba un cabaret conocido como ‘Oasis o ‘El Sueño’.

Cómo operaban los esclavistas

Así operó -por lo menos desde 2009- la red que trasladó a cientos de mujeres desde la República Dominicana para ser explotadas sexualmente en nuestro país. En las pesquisas judiciales, no son pocas las mujeres de nacionalidad dominicana halladas por las autoridades policiales o migratorias, en locales nocturnos de distintas provincias del país, como tampoco lo son aquellas que -encontradas en tal situación- son, a la vez, solicitantes de refugio.

En una de las primeras causas que sigue esta pista en la justicia federal, la PROTEX logró determinar que en el país centroamericano un hombre conocido como Bautista William Vázquez, sería el encargado de proponerles el traslado y las supuestas propuestas de trabajos en Argentina. También de cobrarles el dinero con la excusa de cubrir gastos relativos al viaje, tanto a las víctimas como a sus familiares. En algunos casos, no solo habría operado como “reclutador”, sino que también acompañó a muchas de estas mujeres durante el viaje y las entregó a quienes finalmente las ingresaron a los prostíbulos.

En Argentina, además de Julio Almonte Javier, a las jóvenes las esperaban una mujer conocida como Tania y su hermano, de apellido Moreno Soto. Ellos las acompañaban a tramitar la petición de la condición de “refugiadas” ante las oficinas de la Comisión Nacional Para los Refugiados de la D.N.M.. Por esto les cobraban una suma extra, que aumentaba la deuda contraída. Hasta que en febrero de 2009, el Comité de Elegibilidad para Refugiados de la Dirección Nacional de Migraciones alertó al fiscal Colombo sobre el llamativo el aumento de ciudadanos dominicanos que solicitaban refugio. En el 2007 se registraron sólo once solicitudes, en 2008 ciento veinticinco y durante los primeros dos meses de ese año, ya contaban con veintidós 22 casos.

En alguno de ellos, Julio Almonte Javier "redactaba él mismo las cartas de presentación que encabezaban los legajos migratorios e inventaba las falsas causas por las cuales las víctimas habían dejado su país de origen (persecución política, amenaza de muerte, etc.), en otros les dictaba el contenido y les decía que lo memorizaran para que al momento de ser entrevistados su relato tuviera coherencia”, consignó Colombo en el auto de procesamiento. Registrado como empleado de una empresa de limpieza en la que cobraría aproximadamente 1800 pesos mensualmente Almonte Javier enviaba más de dos mil dólares (U$S 2000) a su país, a nombre de personas que no pertenecían a su núcleo familiar.

Andrea S. fue una de las víctimas. En la casa de su suegra, en Bávaro, República Dominicana, conoció a un hombre que le prometió conseguirle un buen trabajo en Argentina. Consiguió el dinero que le pedía y se hizo un análisis de HIV. Le habían dicho que en nuestro país era un requisito en todos los trabajos. Ya en Buenos Aires, después de estar unos días en el barrio de Once, la subieron en un micro (junto con otras chicas) y llegó a La Pampa. La dejaron en un prostíbulo y cuando se quiso ir, los dueños del lugar le dijeron que no podía: debía pagarles la plata que habían dado por ella. Le retuvieron la documentación, pasó días encerrada, sin comida y turnándose para dormir –en una cama doble- con otras siete mujeres.

Ensu testimonio, en 2009, ya aparecían mencionados Caraballo Castillo y de Martínez, en el prostíbulo que entonces funcionaba en Colonia 25 de Mayo, en La Pampa. Sobre el hombre cabían sospechas de que también administraba otras llamadas “casas de tolerancia” en las localidades de Catriel (Río Negro), Rincón de los Sauces (Neuquén), y General Pico y Santa Rosa (La Pampa) y posiblemente también en Mendoza. Ahora, Martínez está tras las rejas en la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal.