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¿Cómo medir el dolor de una familia que buscó más de treinta años un nieto? ¿Cuánto es el daño ocasionado a un joven al que le lesionaron el derecho a su identidad y le privaron la relación con su familia biológica? Estas preguntas fueron parte del alegato del abogado Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, ante a los jueces del Tribunal Oral Federal 5 que juzgan la apropiación de Pablo Javier Gaona Miranda. Tanto la querella como la fiscalía, a cargo de Pablo Parenti y Guillermo Friele, coincidieron en pedir 15 años para el teniente coronel Héctor Girbone, acusado de entregar el niño “con los medios que le brindó el aparato terrorista del Estado”. También solicitaron 13 años para su primo, el apropiador Salvador Girbone y 12 para su esposa, Haydée Ali Ahmed, que sabían el origen del bebé al que anotaron como propio en julio de 1978.

El que debió ser el cuarto imputado está muerto. El médico militar Ricardo Nicolás Lederer, que truchó el certificado de nacimiento del nieto recuperado 106, se suicidó días después de la restitución, en agosto de 2012. Hoy la querella describió su trayectoria médica: dijo que según testimonios de sus colegas tenía la “pretensión de mejorar la raza” y que experimentaba cesáreas no habituales.

Desde chiquito, Pablo supo que no era hijo biológico de Haydée ni de Salvador, como tampoco lo eran sus hermanas de crianza, a las que “trajeron” de Misiones a principios de los ‘70. Cuando veía en la televisión la búsqueda de Abuelas y lo que decían otros nietos sobre la identidad, Pablo se emocionaba y no entendía por qué. Desde 2000, sospechó sobre su identidad, pero por la culpa de lo que podía pasarles a sus apropiadores esperó.

Cuatro años antes de conocer su identidad, en 2008, tuvo una discusión con su apropiadora en su casa de Mataderos, donde vivió hasta que supo su identidad. La mujer le confesó que era hijo de desaparecidos y le pidió por favor que no vaya a Abuelas porque ella, su marido y su padrino de bautismo podrían terminar presos. El padrino de Pablo era Héctor, primo de Salvador, un militar que trabajó durante la última dictadura en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo, uno de los centros clandestinos más grandes del país.

Recién en 2012, Pablo se hizo los estudios de ADN. El resultado señaló que era hijo de los militantes desaparecidos del ERP María Rosa Miranda y Ricardo Gaona Paiva. Ella tenía 28 años y él 21 cuando el 14 de mayo de 1978 fueron vistos por última vez, después de un encuentro familiar en Villa Celina. “No sabemos en qué punto fue secuestrado el matrimonio Miranda–Gaona, pero sí sabemos que Héctor entregó el niño y que sabía sobre su origen”, especificó Iud.

A pocos metros de los abogados y los imputados, había una pared de vidrio que separada la sala del público. Dos o tres policías de la Federal daban vueltas en la sala e insistían en la prohibición del uso del teléfono celular. Por primera vez en el juicio, para presenciar la audiencia hubo que registrarse con nombre y apellido y anotar por qué se había ido. Así lo hicieron los amigos y familiares de los Girbone, que ocuparon la mitad de la sala. Todos sentados, algunos tomaban nota, otros escuchaban cruzados de brazos, pero ninguno se inmutó cuando pidieron las penas.

“Lo hago por mis padres, que continúan desaparecidos”

El juicio comenzó dos semanas atrás con la declaración de Pablo frente a sus apropiadores, con quienes compartió 35 años: “Por más que sea un proceso doloroso, creo que es necesario contar y estar acá. También lo hago por mis padres, que continúan desaparecidos, y por los hermanos que faltan encontrar”, dijo ante los jueces. También agregó que  “construir la identidad es un trabajo del día a día".

Ese día lo acompañaron en el juicio otros nietos recuperados como Victoria Montenegro, Manuel Gonçálvez, Guillermo Roisinblit y Gonzalo Reggiardo Tolosa. Desde que conoció su identidad, Pablo divide su tiempo entre su trabajo en la empresa Edenor y la militancia en la agrupación kirchnerista Kolina.

A lo largo de las audiencias, declararon los tíos y la abuela paterna de Pablo, Justa Paiva. Con sus más de 80 año, contó que durante décadas buscó a su nieto y habló de la alegría de encontrarlo vivo. Después de la desaparición de María Rosa y de Ricardo, Justa y su marido buscaron a su nieto en juzgados, iglesias y orfanatos. En 1979, sufrieron un allanamiento en su casa de Villa Celina y Justa llegó a estar presa un día en la comisaría.

La defensa de los imputados giró en proteger al entregador. “No sé, no recuerdo, lo entregó una mujer de la que no sabemos nada”, eran frases repetidas de los imputados. Las recordó en su alegato María Inés Bedia, abogada de Abuelas. Los tres acusados dijeron que Ángel Girbone –padre de Héctor y tío de Salvador- fue el que contactó al matrimonio con la mujer que tenía el niño. “La culpa la tiene un muerto. El tío Ángel, al que calificaron como una persona solidaria”, les dijo Iud a los jueces Gabriel Nardiello, Oscar Hergott y Adriana Palliotti, en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py.

“Los acusados ocultaron la identidad de Pablo. Los elementos de prueba que se presentaron en el juicio son contundentes”, dijo en la audiencia Parenti, que también es titular de la Unidad de Apropiación de la Procuración General de la Nación. Y agregó que este delito de ocultación se realizó durante 34 años hasta que Pablo conoció su verdadera identidad. “En el marco de este tipo de hechos de lesa humanidad, son los delitos más graves. Las penas tienen que ser las máximas”, le dijo el fiscal a Infojus Noticias después de la audiencia.  

En el último punto de su alegato, Iud se dirigió al matrimonio Girbone. “Todos sabemos que mintieron para proteger a su primo, pero todavía están a tiempo de contar la verdad. A tiempo de decir si fue Héctor el que secuestró a Ricardo y a María Rosa, si él les dijo dónde los secuestró”, dijo el abogado. Todos lo escucharon en absoluto silencio.