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El diputado bonaerense por Nuevo Encuentro y especialista en Seguridad, Marcelo Sain consideró hoy que las modificaciones que propone el proyecto de ley para la creación de la Agencia Federal de Inteligencia y la disolución de la exSIDE “son cambios trascendentes”. El legislador opinó que el proyecto de ley “es una buena iniciativa que refleja el anuncio de la Presidenta de disolver a la ex SIDE” y evaluó que “primero, por la decisión de la disolución de la Secretaría de Inteligencia y luego, porque se completa con una medida trascendente como es el traspaso de la Dirección de Observaciones Judiciales a la esfera del Ministerio Público”.

Respecto de la propuesta que apunta a que la Dirección de Observaciones Judiciales pase a la órbita del Ministerio Público Fiscal, Sain sostuvo en un comunicado que “la ejecución de observaciones judiciales, es decir, la interceptación de comunicaciones por orden judicial, estuviera de alguna manera monopolizada por la Secretaría de Inteligencia le daba a ésta una instancia para auscultar las causas judiciales y a partir de ahí el desarrollo de una estructura de espionaje político de influencia judicial”.

“También destaco mucho el hecho de que el proyecto de ley crea, como instancia rectora del organismo, la Agencia Federal de Inteligencia”, indicó y añadió que “las autoridades de esta serán designadas por el Poder Ejecutivo pero deberán tener acuerdo del Senado, y eso va a obligar a un compromiso del Ejecutivo a explicar la estrategia, las políticas que van a seguir, las razones de esa designación”.

Agregó que “estas cuestiones van a aportar a la discusión pública las estrategias y las actividades de inteligencia dentro de la legalidad vigente” y aclaró que “no se trata de escuchas que quedarán en manos de la Procuradora sino en el marco del Ministerio Público, ya que de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, que posiblemente entre en vigencia este año, la dirección de las investigaciones criminales va a estar en manos de los fiscales y cuando requieran de una interceptación de comunicación, deberán pedir la aprobación del juez de Garantías competente”.

“En realidad, el único rol que le cabe a la Procuradora General de la Nación es el de servir de sede administrativa e institucional de la Dirección de Observaciones Judiciales pero no será ella quien decida si se hace o no una pinchadura de teléfono, ni quien la autorice o la desautorice”, afirmó.

Sostuvo además que “escuché a alguien decir que no tiene que haber fondos reservados en materia de seguridad o de inteligencia y eso es un error garrafal porque las operaciones que están dentro de una investigación y que son sigilosas requieren de un tipo de gasto extraordinario”.

Y destacó que “si en el marco de una operación reservada, se realiza el seguimiento de un sospechoso, se alquila un auto, se aloja en un hotel o algo por el estilo no se puede pedir factura a nombre de la Secretaría de Inteligencia, policía o el organismo de pertenencia, pero sí se debería aplicar controles también extraordinarios para la ejecución de esos gastos”.