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Después que el gobernador Antonio Bonfatti pidiera el envío de personal de fuerzas de seguridad,  el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, llegó a Rosario junto con más de dos mil gendarmes y dijo: "Estamos para ponernos a disposición de las autoridades provinciales por expreso pedido de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kichner, a partir de la convocatoria concretada por el gobierno de Santa Fe".

En conferencia de prensa brindada en la sede gubernamental de Rosario, Berni reveló que "se conformó el comité de crisis, tal lo indica la ley de Seguridad interior" y señaló que "las fuerzas federales se suman para garantizar la seguridad ciudadana de todos los santafesinos y rosarinos".

Sobre las tareas de los 2.500 efectivos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Seguridad Aeroportuaria que arribaron a Rosario, el secretario de Seguridad aseveró que "las tareas comenzarán en las calles de Rosario inmediatamente y serán coordinadas por el Comité de Seguridad".

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, agradeció al representante nacional el aporte y su presencia en Rosario porque "sabemos que ha tenido unos días muy movidos".

Con respecto a la protesta de policías provinciales frente a la Unidad Regional II de Rosario en reclamo de mejoras salariales, Bonfatti aclaró: "No se trata de un autoacuartelamiento. Es un grupo de ex-policías retirados que pertenecen a un agrupación que no es reconocida por este gobierno". Al respecto, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto, aseveró que "los manifestantes han bloqueado la salida y entrada de los móviles pero la Justicia ya libró la orden de desalojo".
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En tanto, unos 1750 gendarmes y prefectos viajaron a Santa Fe, "a modo de prevención", tras una protesta de un minoritario grupo de policías de Rosar

  Catamarca: los detalles del acuerdo

En Catamarca, de conformidad con lo pactado, los miembros de las fuerzas policiales contarán con un mínimo básico de 7 mil cincuenta pesos (.050), para ingresantes, más montos no remunerativos, algunos de los cuales se percibirán recién en mayo del 2014, mes en que los haberes de los efectivos rondarán los 10 mil pesos de "base". 

 

Alrededor de las 3 de la madrugada, tras acordar el incremento salarial, Corpacci se retiró de la Casa de Gobierno luego de suscribir el acta-acuerdo que puso fin al conflicto con los integrantes de la Policía de Catamarca, y manifestó que "hubo muy buena voluntad de las partes para arribar a una solución".  El documento también fue rubricado por el secretario de Seguridad, Juan Pablo Morales; el jefe de Policía Julio Gutiérrez y representantes de los peticionantes y otras autoridades de Gobierno.

 

El acuerdo alcanzado contempla el compromiso del Poder Ejecutivo, de "otorgar un complemento salarial
no remunerativo no bonificable al personal del escalafón seguridad (de la Policía y el Servicio Penitenciario de la Provincia) de 1.000 pesos a partir del mes de diciembre de 2013". También fija que a partir del 1 de enero de 2014 el valor del punto para la determinación del sueldo básico del personal del escalafón seguridad (de la Policía y el Servicio Penitenciario de la Provincia) es de 52 pesos. Además, se implementará, por única vez, un "adicional" por uniforme de carácter no remunerativo o bonificable de 1.000 pesos, que se liquidará con los haberes de mayo de 2014. Y se otorgará una suma fija no remunerativa y no bonificable para los agentes y cabos del escalafón de seguridad (de la Policía y el Servicio Penitenciario de la Provincia) de 900 pesos, pagaderos en tres cuotas de 300 pesos en mayo, junio y julio de 2014. Las partes también se comprometieron a conformar una Mesa de Trabajo para elaborar cualquier modificación del Régimen Salarial del Escalafón Seguridad, asumiendo "la obligación adicional de que en el futuro las inquietudes y reclamos deberán ser canalizados por las vías que correspondan, evitando situaciones de total  incertidumbre en la sociedad y garantizando la paz social de la Provincia".

 

Capitanich: "La administración de la seguridad y la política salarial es una competencia exclusiva, excluyente y estrictamente provincial"

 

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que el Ejecutivo nacional desplegó "un sistema de monitoreo para evaluar la situación" en varios distritos a fin de prevenir que se repitan casos similares, y ratificó que el Estado nacional no puede entablar negociaciones salariales en las provincias porque eso sería violatorio de sus autonomías.

 

Capitanich recordó que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 13 de abril 1869, el que ratifica que la seguridad pública es un poder no delegado por lo que "indudablemente la administración de la seguridad y la política salarial es una competencia exclusiva, excluyente y estrictamente provincial".

 

"La seguridad pública está regulada en virtud de la Ley 24059 y sus modificatorias y eso implica que frente a causales expresamente establecidas en los artículos 23 y 24, debe haber un pedido formal para requerir apoyo por parte del Estado nacional, explicó y mencionó que el Estado nacional no puede entablar ninguna negociación salarial con ningún actor gremial en el ámbito provincial, porque eso sería violatorio de las autonomías de cada jurisdicción.

 

Rodríguez: "hay que ejercer el control político de las fuerzas de seguridad"

 

Por otra parte  la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez,  expresó que hay que "ejercer plenamente el control político de las fuerzas de seguridad. Esto significa una seguridad democrática, que construya ciudadanía, más derechos cívicos, sociales y políticos, participación de los ciudadanos".

 

Y agregó: "Nosotros tenemos una parte operativa, en la que han visto trabajar al secretario de Seguridad, Sergio Berni, lo que se traduce en estar en la calle, controlando, conduciendo, interviniendo. Las instrucciones de la Presidenta son profundizar las cuestiones de seguridad con la gente en cada barrio: qué está pasando, dónde están las fallas, si la ubicación de los policías es la que debe ser, si hay cámaras suficientes, qué pasó con la víctima de un delito y qué pasó con la investigación de ese delito.”

 

Respecto a las protestas policiales, Rodríguez dijo que se trató de una cuestión salarial, "potenciada por una negociación en Córdoba que produjo un efecto repetición en otras provincias. Estamos siguiendo todo al milímetro y a todas las horas del día. En Catamarca y en Neuquén están los prefectos y los gendarmes listos para intervenir. La responsabilidad en cada caso es del gobernador y todos tienen que estar atentos ante cada rumor o alarma".