Infojus Noticias

El gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, designó a Gerardo Chaumont al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, en el Ministerio de Seguridad de Raúl Lamberto. Chaumont es un ex subjefe de Gendarmería y había sido removido de la fuerza en 2004 por Néstor Kirchner. Estaba vinculado a la persecución de un oficial que había denunciado la reventa de cigarrillos incautados, y a la concesión irregular de un polígono de tiro junto a la sede de la fuerza.

El ex subdirector de Gendarmería llegó en reemplazo de Matías Drivet, al que le asignaron tareas para profundizar el Plan de Seguridad Democrática. Los cambios en el gabinete llegaron por la agudización del conflicto del clima de violencia que atraviesa la provincia, pero la elección de los nuevos cuadros no está exenta de discusiones. Chaumont fue relevado de la subdirección de la Gendarmería hace diez años, por haber participado de la junta especial que sancionó a un oficial que denunció hechos de corrupción dentro de la fuerza.

Bonfatti aseguró que la labor de Chaumont se enfocará en el “recambio de la institución policial, en cuanto a sus estructuras y sus formas”. Realizó el acto de asunción en la Casa de Gobierno de la capital provincial, en vez de hacerlo en el Ministerio, para darle mayor importancia a la designación. Y destacó que “tiene que ver con la entidad y trascendencia que le damos al tema de la violencia”. El gobernador caracterizó a Chaumont como “un hombre con una vasta experiencia”, y dijo que lo eligieron “para que con su mirada pueda aportar un avance en todo lo que venimos haciendo”.

Mientras Chaumont se desempeñó al frente de Gendarmería, tuvo bajo su mando a Carlos Omar Farías, comandante mayor y jefe de Asuntos Internos; y a Enrique Della Gaspera, director de Logística. Ambos aparecían relacionados con delitos de lesa humanidad en testimonios de sobrevivientes del centro clandestino de detención cordobés “La Perla”. Había dos legajos particulares con sus apellidos en el archivo de la Conadep. Cuando Kirchner apartó a Chaumont, también removió de la fuerza a esos dos jefes.

Después de ser expulsado de la Gendarmería, Chaumont viajó por África contratado por varios países para formar policías. Entre los destinos señalados están Sierra Leona, Chad, Costa de Marfil, República Centroafricana y la República Democrática del Congo. Antes de llegar a Santa Fe esta semana, recaló en Haití en 2010, para desempeñarse como jefe policial de las fuerzas de paz de la ONU.

Los cigarrillos

Pablo Silveyra era un oficial de medio rango entrerriano. En abril de 2002, estaba destinado en Campo de Mayo, cuando se enteró de que habían ingresado cuatro contenedores con dos mil cajas de cigarrillos de 50 atados cada una. Unos eran de fabricación nacional pero cuya venta estaba prohibida en el país, otros eran estadounidenses. Se ordenó quemar los cigarrillos, pero el jefe de Unidades Operativas, Jorge Villalba retuvo poco más de la mitad del cargamento, lo almacenó en galpones de Campo de Mayo y lo sacó paulatinamente del predio en camiones.

El oficial fue a la justicia y radicó la denuncia. El juez Canicoba Corral allanó los depósitos y procesó a Villalba y a otros cinco gendarmes. Al mismo tiempo, el entonces presidente Eduardo Duhalde relevó a Hugo Miranda, que era el director general de la fuerza. Chaumont era de los hombres de confianza de Miranda, y formó parte de la junta especial que sancionó a Silveyra por no llevar la denuncia ante los altos mandos de la fuerza antes de ir a la Justicia.

Chaumont y Jorge “El Fino” Palacios –que aún era jefe en la Policía Federal– respondían al entonces secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantín. Cuando Kirchner reemplazó al ministro Gustavo Beliz del Ministerio de Justicia, también se tuvo que ir Quantín. Al mismo tiempo, Chaumont y Palacios fueron pasados a retiro, y Silveyra fue repuesto mediante un decreto presidencial, aunque eligió retirarse.

La licitación

Gendarmería había llamado a licitación para otorgar la concesión de un polígono de tiro a la administración privada. Estaba al lado de la sede de Gendarmería, en el barrio porteño de Retiro. Las dos primeras veces, en 2001, la licitación salió desierta. Pero el abogado Abel Fleitas Ortiz de Rozas, asesor de Beliz, revisó el expediente en 2003 y encontró irregularidades. La documentación no aclaraba quienes se habían presentado en las licitaciones ni porqué se habían declarado desiertas. La sospecha era que las licitaciones habían caído para poder contratar en forma directa a Coracero SA.

El Estado no conocía los accionistas de la empresa. En el expediente no había balances, información bancaria o de respaldo financiero, testimonio de antecedentes ni avales. La Oficina Anticorrupción puso la lupa sobre la sociedad y tampoco logró hallar el origen de los fondos, la disponibilidad de recursos, ni la documentación de la empresa que aprobara el plan de inversiones. Ni siquiera se había presentado el certificado de libre deuda de la AFIP, detalló Página/12.

Beliz se enteró del negociado y ordenó a la cúpula de Gendarmería que actuase para revertirlo y llevara el caso a la Justicia. Pero los jefes no anularon el contrato, y apenas lo llevaron ante la justicia para revisar si había “lesividad” en el contrato. Juan Carlos Ramos, que estaba a cargo del Registro Nacional de Armas, lo clausuró en enero de 2004 porque no tenía la habilitación para funcionar de parte del gobierno porteño.